El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en los Consulados españoles de otros países, independientemente de que el Estado receptor reconozca o no la unión homosexual.
Los Consulados españoles, cuya función es actuar como encargado del Registro Civil español en el extranjero, actualmente presentan una serie de requisitos con carácter general para llevar a cabo la celebración de los matrimonios consulares y que son los siguientes:
– Que al menos uno de los contrayentes debe disponer de la nacionalidad española.
– Que ninguno de los contrayentes debe tener la nacionalidad del Estado receptor.
– Que al menos uno de los contrayentes debe ostentar la domiciliación en la demarcación consular ante la que se va a celebrar el matrimonio.
– Que el Estado receptor no prohíba el matrimonio consular. En Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Suiza, Uruguay, Guatemala y Venezuela no se acepta este tipo de unión.
– Se exige que el Estado receptor reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Siendo en este último punto donde el PSOE reclamará al Gobierno la supresión de ese condicionante que supone “una discriminación para las personas homosexuales”; garantizando así un “matrimonio igualitario” en el que “las personas del mismo sexo puedan casarse en los Consulados españoles” y que éstas dispongan de “los mismos derechos tanto en el territorio español como en el extranjero”, expone Antonio Hurtado, diputado socialista firmante de la iniciativa.
Desde que en junio de 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobase en el Congreso una modificación en el Código Civil para garantizar el matrimonio homosexual, pese al veto forzado por el PP en el Senado, socialistas y populares mantienen un duro conflicto ideológico dispar a la hora de describir y entender el concepto de matrimonio.
Una ley que según palabras de Rodríguez Zapatero servía para construir “un país más decente, porque una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros” y la cual el ejecutivo de Mariano Rajoy pretendía derogar en 2010 aunque la avalara el Tribunal Constitucional y que finalmente quedó en un intento.
En 2012 el gobierno del Partido Popular, amparándose en el Convenio de Viena de Relaciones Consulares y en el Registro Civil, advirtió que las parejas de homosexuales residentes en el extranjero únicamente podían casarse en los doce países – España, Portugal, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Islandia, Sudáfrica, Canadá, algunos estados de México y Estados Unidos, y Brasil– donde se haya legalizado el matrimonio LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). Por ello, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy pidió a los consulados españoles “abstenerse, por falta de competencia, a la hora de autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo” en caso de que las leyes del Estado receptor no reconocieran esa unión matrimonial. Requisito ante el cual el grupo parlamentario socialista no duda en mostrar su rechazo total y absoluto exigiéndole al Gobierno su eliminación.
