Con especial cautela jurídica, y una estrategia política digna de expertos mediadores, el PSOE se sigue posicionando en el centro del ajedrez mediático del CETA con su abstención. Esta matización abstencionista adoptada por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE sobre este tratado internacional entre UE y Canadá, describe este acuerdo comercial con “inseguridad jurídica”, respecto a inversores en el extranjero en función de la normativa de otros países, así como “insuficientes medidas para proteger los derechos laborales y medioambientales”, aunque los socialistas se acogen a los efectos positivos de una economía abierta en el seno de la globalización, según se desprende del documento de acuerdo en la Comisión Ejecutiva socialista, al que ha accedido Diario 16.

El PSOE se va abstener en el momento de la ratificación del CETA en el Parlamento español. “Es la consecuencia directa de las resoluciones adoptadas por los socialistas en su 39 Congreso Federal”, y señalan que “es el momento de fijar una posición clara sobre la globalización y sus efectos. La globalización es una realidad incuestionable pero, tal y como ha venido desarrollándose hasta ahora, pone en cuestión la capacidad de los modelos clásicos de democracia representativa desde el punto de vista de la consecución y distribución de resultados, al vivir en una globalización de facto y no de iure”.

En su postulado político-económico el PSOE defiende la globalización por provocar una “reducción de las desigualdades a escala planetaria”, pero “un aumento de la desigualdad en el interior de las sociedades desarrolladas”, por ello, los socialistas apuestan por un modelo con “altos estándares sociolaborales y medioambientales en los acuerdos de comercio, para que se universalicen progresivamente los derechos laborales y se evite el dumping en esas materias”.

“Negar el comercio es cerrar la puerta a la internacionalización, a las exportaciones y a la competitividad. Es negarse al progreso y al crecimiento”, argumenta el PSOE, que propone además instituciones supranacionales que desarrollen una regulación más exigente de los mercados financieros, y que luchen contra los monopolios, los cárteles y los privilegios concesionales y corporativos. También se propone impulsar una armonización fiscal a nivel internacional, que evite la elusión del pago de impuestos de las grandes corporaciones y que luche eficazmente contra los paraísos fiscales.

Los socialistas recuerdan el fracaso del TIPP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) entre Europa y EEUU, – la opacidad de este acuerdo fue denunciada por diferentes grupos políticos-, además de subrayar la exigencia en el cumplimiento de los acuerdos fundamentales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), defendiendo “un comercio y una inversión al servicio de un empleo decente y sostenible”, en el reconocimiento a la labor de las ONG y la ONU en este ámbito de defensa laboral.

La Comisión Ejecutiva distingue entre el camino proteccionista cerrando fronteras, o la apertura máxima al comercio internacional, escogiendo el PSOE la vía intermedia señalando “una globalización justa que consistente en combinar la apertura con reglas que protejan los procesos democráticos y los derechos laborales y medioambientales”.

EL CETA, no convence a los socialistas en el modo de resolución de disputas, apuntando al “Investors Court System” (ICS), que aunque esté formado por jueces, marca un sistema jurídico doble y desigual para los actores: los inversores y empresas extranjeras pueden acudir al ICS, mientras que los inversores y empresas no extranjeras tienen que recurrir a la justicia ordinaria, por ello, el PSOE estima que el CETA podría actuar como freno para las políticas públicas futuras. De hecho, Canadá es el país con más litigios bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la mayoría de las disputas involucran a inversionistas que desafían las leyes ambientales del país.

En las 1600 páginas del Tratado CETA se establecen miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las compañías transnacionales, aunque este tratado deja un vacío en las garantías laborales, no protege el medio ambiente, ni a asegura la sostenibilidad en Canadá y la UE, según explican los socialistas.

Los stakeholders, -actores de la sociedad civil-, no han podido participar en las deliberaciones sobre el CETA, según afirma el PSOE, que “propone en el futuro deberían estar involucrados”. Además, los socialistas reclaman transparencia para el CETA, con fuertes críticas hacia la falta de dimensión pública de este debate que no se visibilizó hasta 2015 a pesar de llevar en conversaciones desde 2008.

Finalmente, el PSOE considera que “los socialistas españoles no están mandatados por el Congreso del PSOE para ratificar el CETA”, reafirmando que “no es un tratado equilibrado”, “ni representa el CETA un modelo de tratados bilaterales o multilaterales de comercio que se pueda construir en el futuro”.

Los socialistas asumen políticamente su postura de abstención al CETA basándose en los tratados de “nueva generación” que se correspondan con una globalización justa, “y sean capaces de establecer no solamente salvaguardias para las empresas, sino también el progreso que necesitamos en la lucha contra las desigualdades, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y detener y revertir el cambio climático”, para lo que el Grupo parlamentario socialista en Europa y en España, está dispuesto a abrir este diálogo con socialdemócratas en otros países europeos.

Mecanismos parlamentarios específicos para que las Cortes Generales puedan conocer los textos de los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte, -y vayan a ser firmados por el Gobierno-, es una de las propuestas del PSOE, “para poder evaluar las consecuencias políticas, económicas, sociales y medioambientales de su aplicación en España”.

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1 Comentario

  1. Más de lo mismo. Me abstengo para que gane rajoy, me abstengo para que siga Rajoy y me abstengo para que nos metan el CETA sin vaselina

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