El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy en el Registro del Congreso una proposición no ley en la que reclama una “especial protección para evitar fraudes y engaños a las personas mayores y otros colectivos de consumidores especialmente vulnerables”, iniciativa que cuenta con el respaldo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Es muy importante aumentar la protección de determinadas personas que se ven indefensas ante algunas situaciones que ocurren en el día a día; es el caso de las personas mayores y otros colectivos como las personas con discapacidad o los menores de edad”, ha señalado la portavoz socialista de Consumo, Begoña Tundidor. “A menudo las personas mayores son víctimas de engaños y abusos en la contratación de determinados servicios, en asuntos financieros o en cuestiones relacionadas con la salud, como ha ocurrido, por ejemplo, en casos como el fraude de las preferentes o el de Forum-Afinsa”, ha recordado. “Coincidimos con la OCU en que esta situación mejoraría si los consumidores vulnerables estuvieran especialmente protegidos en nuestra normativa. Es por ello necesario que estos colectivos gocen de una especial protección como consumidores que permita contrarrestar la situación de inferioridad en la que puedan encontrarse”, añade.

La iniciativa socialista insta al Gobierno a regular y definir la figura del consumidor vulnerable, incorporando en esta categoría a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a los menores de edad y a otros colectivos merecedores de una especial protección.

La propuesta del PSOE trata de evitar “engaños y situaciones de abuso contra estos consumidores vulnerables en las comunicaciones comerciales, estableciendo requisitos adicionales de información”. Entre otras cuestiones contempla “incrementar el tamaño mínimo de la letra en el etiquetado de los productos; acomodar la regulación de los servicios de atención la cliente a las necesidades específicas de los mayores y las personas con discapacidad; mejorar la protección de los mayores en la contratación de productos financieros, garantizando que la información que reciben sea acorde con su formación y sus capacidades cognitivas; mejorar también la protección en la comercialización puerta a puerta, por ser una fuente de abuso constante especialmente en el ámbito de los seguros y suministros; y garantizar el acceso de los consumidores vulnerables a determinados servicios (agua, gas, electricidad, sanidad, cuidados) que les permitan tener una calidad de vida mínimamente digna”.

Asimismo los socialistas piden que se “califique como infracciones graves los abusos contra los consumidores vulnerables”.

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