El portavoz de Fomento del Grupo Socialista, César Ramos, ha exigido esta tarde la dimisión o la destitución del presidente del Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif), Juan Bravo, que este miércoles ha sido citado a declarar por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, en calidad de investigado en el caso Lezo, por su responsabilidad cuando era el consejero de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid.

“Juan Bravo no puede estar ni un minuto más en su puesto”

Juan Bravo, junto al también exconsejero madrileño Pedro Calvo y diversos ex responsables autonómicas del Gobierno de Gallardón, está siendo investigado por su participación en la compra presuntamente fraudulenta de Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II, en el año 2001.

Ramos considera que Bravo “no puede estar ni un minuto más en un cargo de máxima responsabilidad” como la presidencia de Adif. “Un ente público con una dotación millonaria como Adif no puede estar presidido por alguien de quien el juez tiene indicios de que ha participado en una operación fraudulenta que has costado decenas de millones de euros a los madrileños”, ha insistido el portavoz, quien considera que “si Bravo no quiere dimitir, deberá ser el ministro de Fomento quien le cese de sus responsabilidades”.

Según Anticorrupción, la operación de compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América. Una operación que, para la Fiscalía, adoleció de “un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público”, que se centraron principalmente “en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato”.

Además, la investigación considera que existen “claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar”.

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