Mercè Perea, portavoz socialista de la Comisión del Pacto de Toledo, ha exigido al Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2.018 vinculen las pensiones al IPC. En 2017 la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones ha sido del 1,8%. Además, la diputada pide que se ejecuten transferencias de los PGE para hacer frente a la totalidad de las pensiones, incluidas las pagas extraordinarias y medidas para sanear el déficit que va a suponer el cierre de 2017, de aproximadamente 19.000 millones de euros.

Mercè Perea ha recordado que el Gobierno «está incumpliendo el mandato del Congreso sobre la recuperación del poder adquisitivo y las medidas para asegurar el equilibrio financiero». La recuperación del poder adquisitivo es básica, porque las previsiones del propio Gobierno son de una inflación constante del 1,7%. Los pensionistas han tenido una pérdida de compra del 1,35%. A ello hay que añadir que el copago farmacéutico y el «medicamentazo» han supuesto un trasvase de las rentas de los pensionistas a las arcas del Estado cifrado en 5000 millones de euros.

Perea ha afirmado que estamos «en el reto colectivo de asumir la solución al sistema público de Protección Social. La recuperación del poder adquisitivo es esencial si no queremos que el principio de suficiencia se deshaga como un azucarillo. Se han de adoptar medidas a corto, medio y largo plazo para asegurar el equilibrio económico y financiero es primordial para generar confianza en la ciudadanía, así como en los agentes económicos y sociales, internos y externos. Los socialistas queremos fortalecer nuestro Estado del Bienestar, luchar contra la desigualdad, generar certeza en el sistema y certificar un sistema que nos permita asegurar a los jóvenes y a los de mediana edad la convicción de que ellos podrán contraer con un sistema solidario y suficiente. Creemos que nuestro futuro colectivo está en diálogo sincero para llegar a una reforma sólida y perdurable del sistema». Por todo ello, ha concluido Mercè Perea, «debemos desechar políticas de imposición como sucedió con las reformas de 2012 y 2013 que nos han demostrado que no son la solución».

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