La Plataforma por la Honestidad de Ana Garrido, Luis Gonzalo Segura y Pedro Arancón presentaron hace unos cuantos meses a los distintos partidos políticos una “propuesta de Anteproyecto de Ley de protección al denunciante de corrupción en las instituciones públicas”, de modo que dicha propuesta o una parecida fuera registrada en el Congreso de los Diputados para su posterior debate, mejora, votación y aprobación. Ciudadanos ha sido el primero en recoger el guante y registrar una iniciativa semejante; sin embargo, el contenido de la misma no ha dejado satisfechos a los representantes de la Plataforma por la Honestidad y a otros denunciantes de corrupción política. En todo caso, el debate está abierto y ahora se trata de que finalice cuanto antes y lo haga satisfactoriamente.

La Plataforma por la Honestidad reclama un Proyecto de Ley que proteja a los denunciantes de corrupción “incluso con efecto retroactivo”. Su experiencia les permite decir que la Administración denunciada suele volverse en su contra “para destruirles la vida, despojarles de su patrimonio e incluso meterles en la cárcel”: tienen decenas de ejemplos que así lo demuestran. Los promotores de la iniciativa piden habilitar un mecanismo por el cual el denunciante gozara del mismo nivel de vida que tenía en el momento de denunciar los hechos, dado que hacer esa denuncia (en lugar de mirar para otro lado), les perjudicó gravísimamente la vida, sus aspiraciones laborales y su patrimonio. Se trata, por tanto, de que los denunciantes de las prácticas corruptas que padecemos todos… sean protegidos por las instituciones públicas como se merecen.

La Plataforma por la Honestidad nos recuerda que “el artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que España ratificó en 2003, recomienda desarrollar la protección a testigos de corrupción mediante una norma de carácter nacional”, y acertadamente añade que “no se entendería que un denunciante de Segovia estuviese protegido y otro de Madrid no lo estuviese”. Se considera denunciante de corrupción a cualquier persona que, siendo funcionario público o laboral, es conocedora de presuntos delitos de corrupción en la Administración y formula denuncia de manera directa ante la misma o utilizando la vía judicial.

Los objetivos que la iniciativa se propone alcanzar son los siguientes: el mantenimiento de un puesto de trabajo en la Administración para el denunciante y asistencia jurídica, psicológica y médica. Defienden la creación de un Observatorio de la Corrupción para proteger la información filtrada por los denunciantes y proteger su anonimato, compensarles vía ingresos de modo que su denuncia no les arruine la vida y protegerles legalmente. Consideran indispensable que nuestros representantes políticos presentes en el Congreso de los Diputados aprueben cuanto antes una ley que garantice la máxima protección del denunciante y el testigo y rehabilite a aquellos que, habiendo cumplido con su obligación, han sufrido las terribles consecuencias de denunciar delitos de corrupción, abusos o privilegios anacrónicos.

Tras haber registrado Ciudadanos su propia iniciativa, la Plataforma por la Honestidad nos quiso presentar a los grupos políticos y a los representantes de la sociedad civil las enmiendas que plantean a esa iniciativa que creen claramente mejorable. Yo asistí como representante de la Plataforma Ahora tanto a la cena solidaria que organizaron como al acto de presentación de sus enmiendas en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados, evento al que solo faltaron Bildu y el PP.

La Plataforma por la Honestidad pide que la consideración de denunciante cubra también al sector privado y a cualquier miembro de la sociedad civil. Reclaman que se incluya como derecho del denunciante la asesoría legal gratuita en relación con la denuncia presentada, de modo que se le dote “de una partida presupuestaria para que pueda elegir un abogado de confianza experto en cada materia”; derecho a la cobertura siquiátrica-psicológica; derecho a la cobertura técnica; derecho a la posibilidad de un traslado provisional o período de excedencia; derecho a la protección de la integridad física mediante medidas de protección; derecho a la exclusión de ser imputado por delito de revelación de secretos; al blindaje de las comunicaciones; y a la habilitación de un juzgado específico, entre otros. Piden además “aglutinar en un único expediente todos los hechos acontecidos al denunciante para que dicha información pueda ser trasladada al Ministerio Fiscal, para su análisis”.

Por lo demás, pretenden asegurar la independencia real del Presidente de la Autoridad Independiente y la retroactividad de la ley, de modo que los denunciantes y alertadores puedan ser resarcidos por los perjuicios económicos sufridos durante un largo e injusto calvario.

Sin duda, propuestas perfectamente razonables, todas las cuales o al menos la mayoría deberían ser aprobadas cuanto antes, cosa que espero ocurra… si es que a nuestros representantes políticos les queda la decencia suficiente y la vergüenza necesaria como para, ya que la corrupción política existe, al menos protejan a quienes dieron y den el paso para denunciar a corruptos, mafiosos, chantajistas y especies semejantes, algunas de las cuales gobernaron y gobiernan. La corrupción en España existe no porque los españoles seamos malos por naturaleza o porque entre nosotros haya más malos que buenos… sino fundamentalmente porque no tenemos una ley de transparencia digna de tal nombre y porque fallan clamorosamente las Instituciones principales del país: desde los partidos políticos hasta el Congreso de los Diputados, pasando por la CNMV, el Banco de España, los tribunales de cuentas, la Fiscalía General del Estado o la Justicia, tomadas todas ellas por las élites de los partidos políticos. Todo ello habrá que resolverlo más pronto que tarde a través de una profundización de la democracia y de las reformas políticas indispensables. Mientras tanto, protejamos a quienes denuncian hechos que puedan ser delictivos. Protejamos a los denunciantes de corrupción, esa lacra.

 

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?
Compartir
Artículo anteriorPrisión sin fianza para los dos agentes de la Guardia Urbana implicados en el crimen de un compañero
Artículo siguienteLa invasión de los idiotas
Nací el 11 de noviembre de 1974: tengo, por tanto, 42 años. Soy Diplomado en Ciencias Empresariales, Técnico en Gestión Fiscal y Técnico Especialista en Administración y Dirección de Empresas. Milité desde muy joven en diversos movimientos sociales que se enfrentaron al terrorismo de ETA, como Denon Arten-Paz y Reconciliación (durante los primeros años de los años 90) y Basta Ya (desde finales de los años 90). Milité posteriormente y durante unos tres años en el PSE, partido político que abandoné en 2006 al comprobar que dejaba de ser un partido nacional y de defender la igualdad y por su política en relación a ETA. Me afilié a UPYD el 29 de setiembre de 2007, el mismo día en que se presentó públicamente en Madrid. Desde el 1 de marzo de 2009 hasta el 20 de octubre de 2016 fui parlamentario vasco por UPYD. He estado en la Dirección de UPYD desde 2009 y soy exportavoz nacional del partido. Portavoz de la Plataforma Ahora

1 Comentario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

cinco × 4 =