Después que el gobierno francés decidiera prohibir la presencia de los teléfonos móviles en sus aulas el debate vuelve a estar sobre la mesa en España. ¿Debemos seguir el ejemplo de nuestros vecinos del norte? Antes de dar respuesta a esta pregunta tenemos que plantearnos otras cuestiones de mayor calado. Administraciones, familias y agentes sociales son la clave. Y, ¿cuáles son esas cuestiones? Veamos:

 

Prohibir es fácil. Educar es difícil

Prohibiendo el uso en los centros educativos estamos obviando su función más importante: educar. Aunque el gobierno que hemos tenido en los últimos años se ha dedicado efusivamente a enseñar al pueblo que la prohibición y el miedo es la manera en que se evitarán ciertos comportamientos sus resultados no pueden ser peores. Véase la estrategia punitiva y violenta del estado español hasta el extremo en el conflicto catalán, la ley mordaza, la reciente y ridícula detención de Willy Toledo, etcétera. La prohibición porque sí no sólo no educa sino que también nos aleja del otro.

Muchos centros educativos han optado por la prohibición absoluta de los móviles en sus aulas. Ésto poco aporta al alumnado adolescente y a sus familias. Es lo mismo que hace el avestruz: si no veo el problema no hay problema. Los móviles seguirán en la sociedad una vez salga el alumnado del instituto. Nos guste o no vinieron para quedarse.

 

Educar para regular

Otros centros han optado por regular: utilizar su potencial educativo, que es inabastable hoy en día, y restringir su uso para minimizar sus peligros. Pero, como decía anteriormente, educar es difícil y requiere de recursos, estrategias y planificaciones. Y eso no sale gratis. Hay que dedicar muchos esfuerzos en ello y para muchas administraciones y organizaciones lo más sencillo es prohibir. El problema ya le llegará a otro. El cortoplacismo de las políticas actuales enquistan muchas de las controversias educativas que, como ésta, surgen día a día.

 

Pero las familias somos la clave

No debemos olvidar el agente más importante en la educación: las familias. ¿Sabemos lo que estamos haciendo cuando dejamos a un o una joven de trece años con una ventana abierta al mundo? ¿Dejaríamos a nuestros hijos e hijas solos en el barrio rojo de Amsterdam? ¿Sabemos dónde están cuando se encierran en su habitación con el smartphone? Sus ventajas son enormes pero no son menores sus peligros. Es obligación de las familias poner los límites que detallen hasta dónde llega la libertad de sus hijos e hijas en esta gestión. Eso no es tarea fácil ya que la tecnología avanza vertiginosamente. Pero ello no exime de nuestra responsabilidad educativa como padres o madres. Nuestra obligación es conocer la herramienta que estamos facilitando, tanto sus ventajas como sus peligros, y establecer los límites de su uso (ejerciendo el estilo educativo ‘con autoridad’, que ejerce apoyo y control adecuado). Para ello podemos leer libros, acudir a seminarios o formaciones e incluso estudiar las ya muy avanzadas funciones y aplicaciones de control parental disponibles. Es nuestra obligación como familias que estamos facilitando este potente recurso. No podemos pretender delegarla en los centros educativos y en las administraciones.

Pero, ¿y las familias sin recursos? Otra función inequívoca de las administraciones es la de regular y dar apoyo a las familias con dificultades para orientarlas en su papel en la gestión de los teléfonos móviles de sus hijos e hijas.

Finalmente, la respuesta a la pregunta sobre si debemos seguir el modelo francés es clara: no. Debemos apostar por educar. Por difícil que sea y por recursos y políticas decididas que requiera. Pero eso, quizás y sólo quizás, es lo que realmente no interesa: una sociedad educada y crítica.

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1 Comentario

  1. incluso en las escuelas como medidad de desenganche socializacion etc
    Si hay una urgencia familiar se avisa a la escuela.
    Cualquier otra cosa no es tan importante
    y por eso en FRancia ya lo han hecho

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