Según el auto, Montano, extraditado ayer desde Estados Unidos para ser juzgado por esta causa, está procesado por los delitos de asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad o contra el Derecho de gentes, vigentes en el momento de los hechos.
La resolución recuerda las diligencias de investigación practicadas en este procedimiento, entre ellas pruebas documentales como archivos desclasificados del Departamento de Estado, la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, así como el informe final de la Comisión de la Verdad, además de las testificales y periciales practicadas durante la instrucción.
Con todo ello, el juez concluye que Montano, coronel y viceministro de Seguridad Pública en el momento de los hechos y uno de los Líderes de La Tandona (asociación de 20 oficiales, reconocida internacionalmente por ser un grupo cerrado de militares que ocupaba todos los puestos clave del ejercito y el gobierno, y temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los del gobierno o la propia institución militar) «participó activamente en la decisión y diseño del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los españoles y jesuitas de la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) del Salvador, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno«.
Además, dice el juez, Montano tenía a su cargo Radio Cuscatlán, emisora oficial del Estado desde el 11 de noviembre de 1989, que difundió, días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra el Rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, y los jesuitas de esa Universidad, a los que se acusaba de ser terroristas y «cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional«.
Continúa explicando el auto que con motivo de la Ofensiva del Frente Farabundo Martí, Montano participó en las reuniones celebradas a lo largo del 15 de noviembre, en la Escuela Militar y en los Cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor de la Fuerza Armada, donde el Alto Mando del Ejército de El Salvador, con el consentimiento de altos funcionarios del Gobierno, “se adoptaron medidas urgentes como el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual y política”, estando presente Inocente Orlando Montano, junto a otros oficiales, en el momento en que el coronel Emilio Poce da la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de asesinar concretamente al padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos y hacer uso para llevar a cabo tal asesinato, del comando del Batallón Atlacal (destacado en San Salvador desde el 13 de noviembre de 1989).
