Una de las consecuencias de la crisis política, social y económica que se vive en España, es que una mayoría de los ciudadanos cree en la necesidad de adaptar la realidad institucional a las demandas de una población que reclama más participación, bienestar y democracia. Con ligeras diferencias se puede confirmar esta tendencia en dos recientes encuestas. Por un lado, la encuesta de GAD3, para ABC, donde casi seis de cada diez españoles, el 58,1 por ciento, están convencidos de que la modificación de la Carta Magna debería ser una prioridad política en la legislatura. Y por otro, la encuentra realizada por Metroscopia, para El País, donde el cincuenta y cuatro por ciento de los españoles opina que la actual Constitución necesita reformas y retoques profundos, pues ha quedado desfasada en relación con la realidad actual.

En la misma, también se puede observar como algunas de las afirmaciones realizadas por alguno de los envejecidos nuevos partidos políticos, en relación a la aceptación de la Constitución por los españoles, tampoco se sustentan. Sólo un nueve por ciento afirma que la Constitución actual es mala. El resto, se divide entre un sesenta y tres por ciento que piensa que ha resultado ser una Constitución con cosas buenas y cosas malas; y un veintiséis por ciento que dice que es una buena Constitución.

Con estos datos, se puede llegar a la conclusión que en la sociedad española existe una demanda de cambio que hasta ahora no ha sido atendida por sus representantes institucionales. Pero esto, puede estar cambiando como resultado de las últimas elecciones generales, que trajeron un Parlamento fragmentado y un gobierno en minoría. De momento, la nueva realidad institucional ha posibilitado que se pueda dar por terminada la etapa de sacralización de la Constitución de 1978 en España, con el cambio de postura de un Partido Popular que está abierto a la reforma.

Este avance es importante, porque ya se ha pasado la página del debate de si era necesaria o no una reforma. La respuesta es afirmativa, hay que hacerla cuanto antes, y tiene que servir para profundizar en un pacto de convivencia, para las próximas décadas, que de seguridad y prosperidad a los españoles.

Pero que nadie se llame a engaños. Por una parte, es un camino muy difícil de transitar, porque lo que para la mayoría de las fuerzas políticas debe ser una reforma constitucional, para Podemos e IU debe ser un proceso constituyente. Y para los independentistas, una exclusa para romper la unidad de España y dar un paso más hacia su soñada independencia.

Este campo de juego, hace muy difícil que a corto plazo se puedan lograr las amplias mayorías para la reforma que son necesarias más desde el punto de vista político que normativo. Pero permite inicial el trabajo, teniendo claro que la reforma solo saldrá adelante si es fruto del pacto más extenso posible. Primero, a nivel institucional. Y después, a nivel ciudadano con su apoyo a través de un referéndum.

Por ese motivo, hay que ir recorriendo el camino. Y la primera parada, primordial, es llegar a un acuerdo sobre la delimitación de la reforma, aunque posteriormente pueda ser revisado en algunas de sus partes. De este modo, se ordena no solo el debate, sino los contenidos y la forma para comenzar a trabajar tanto en el Parlamento, como fuera de él con otros actores de la sociedad española.

En este punto, donde algunos quieren ver restricciones o dirigismos, es preciso recordar a Gregorio Peces-Barba, en su libro La democracia en España, cuando señala que en la elaboración de la Constitución de 1978 “creo que fue decisivo el espíritu inicial con el que abordamos el tema y unos acuerdos sobre la forma de nuestro trabajo que, al cabo del tiempo, me siguen pareciendo razonables y prácticos. Decidimos actuar con confidencialidad, que cada sesión la presidiese alternativamente un miembro de la ponencia, y que trabajásemos al menos dos días enteros a la semana. Al final de cada sesión, el presidente de turno informaría a la prensa sobre los acuerdos y progresos alcanzados…. El espíritu inicial con el que todos los miembros de la ponencia afrontamos nuestro trabajo fue el del consenso, que tuvo en aquellos momentos mala prensa y que hay que reivindicar como muy importantes y origen del éxito y de la aceptación de la Constitución de 1978”

Consenso, pero también lealtad institucional con los españoles para poder cambiar y mejorar España. Hay todavía quien se pregunta si deben participar todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en esta reforma constitucional. La pregunta sorprende, pero la respuesta es evidente, sí. Pero eso no debe convertirse en un obstáculo para comenzar a trabajar. Tiene que existir coordinación y dirección. Y las fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria deben asumir el papel protagonista que les han dado los ciudadanos con su voto.

Se avance mucho o se avance poco, la responsabilidad de todos, pero especialmente del PP y del PSOE, es comenzar. Con actitud dialogante, con intención de llegar acuerdos, y con el objetivo de ser útiles a los españoles. Pero comenzar.

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