La Brigada Tuitera vuelve a la carga contra la política judicial del Gobierno de Mariano Rajoy. El conocido movimiento reivindicativo conformado por juristas y ciudadanos en defensa de la justicia ha convocado una nueva movilización contra el recién renovado ministro de Justicia, Rafael Catalá, el próximo 19 de noviembre, para mostrar el malestar contra las políticas de Justicia del Gobierno del Partido Popular, coincidiendo con el tercer aniversario de la implantación de la ahora inconstitucional ley de las tasas judiciales, iniciativa en la que tuvo mucho protagonismo el activismo de este grupo de expertos y la fuerza de las redes sociales.

El pasado julio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las tasas judiciales que implantó en 2012 el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, aunque no contempla que esta declaración de inconstitucionalidad tenga carácter retroactivo.

para mostrar el malestar contra las políticas de Justicia del Gobierno del Partido Popular

El alto tribunal acogió parcialmente un recurso del PSOE y falló que las tasas que aún estaban en vigor, para las personas jurídicas como empresas, ONG o partidos políticos, impedían el libre acceso a la justicia debido a su elevada cuantía, que podía llegar hasta los 1.200 euros. Meses antes, en febrero de 2015, el mismo Gobierno que aprobó estas tasas reconoció que las tasas para las personas físicas podían vulnerar los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que está garantizado en la propia Constitución en su artículo 24.

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Nueve parlamentos autonómicos

El pasado abril, el Congreso de los Diputados aprobó tomar en consideración el Proyecto de Ley presentado por el grupo Ciudadanos para eximir a las pequeñas y medianas empresas y asociaciones sin ánimo de lucro de la obligación de pagar tasas judiciales. Este Proyecto de Ley partía de un texto confeccionado por La Brigada Tuitera, movimiento #T, colectivo que aglutina a juristas y ciudadanos en una agrupación reivindicativa de miles de personas y grupos, muy activa en redes sociales y fuera de ellas, y que ya logró en campaña electoral que los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos de la oposición se comprometieran a derogar las tasas judiciales para las pymes y ONG. Tras las elecciones, el texto se remitió por este movimiento a todos los grupos parlamentarios, generando el registro en el Congreso de cuatro Proposiciones de Ley.

LOGRÓ QUE LOS CANDIDATOS DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS DE OPOSICIÓN SE COMPROMETIERAN A DEROGAR LAS TASAS

De aquel compromiso surgió el Proyecto de Ley, en una materia en la que ha existido un amplio consenso, ya que la Brigada Tuitera ha generado que hasta en nueve parlamentos autonómicos –Andalucía, Canarias, Navarra, Madrid, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria y Murcia– insten al Gobierno central a tramitar esta reforma. En algunos casos, como en Madrid o Murcia, incluso con el voto a favor de los diputados autonómicos del Partido Popular.

El Proyecto de Ley obtuvo el voto favorable de Ciudadanos, como proponente, así como de PSOE, Podemos, Unidad Popular y resto de grupos del hemiciclo. El PP también votó a favor, aunque al mismo tiempo defendió la vigencia de las tasas judiciales. El resultado fue de 322 votos a favor y una abstención.

 

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