Quieren volver al bipartidismo y se olvidan de que hay otros dos grupos con importante representación parlamentaria, Podemos y Ciudadanos. Sus grupos denuncian: PP y PSOE están negociando, sin contar con ellos, el reparto de los representantes en las instituciones.

La denuncia ha trascendido a raíz del comienzo de las negociaciones para relevar al presidente de la Corporación de RTVE, José Antonio Sánchez, quien lleva algo más de un año pidiendo su sustitución. El problema es que la misma está relacionada con la elección de cinco miembros del Consejo de Administración, “en funciones” desde 2012. El mecanismo para sustituirlos se ha puesto en marcha. Lo que ocurre es que el PP sólo quiere negociar, de momento, con el PSOE dentro de un “paquete” en el que también entraría el proyecto de presupuestos.

Los consejeros cuyo mandato ha caducado desde hace más de cuatro años son los representantes elegidos por el Partido Popular, Rosario López Miralles y Andrés Martín Velasco, el vocal socialista, Miguel Ángel Sacaluga, y la consejera propuesta por IU, Teresa Aranguren. Los dos primeros deben ser renovados por el Senado, y los dos progresistas por el Congreso. El consejo está formado por nueve miembros, por lo que se procedería a renovar más de la mitad del máximo órgano de la radio y la televisión públicas.

Los socialistas exigen al PP que ceda uno de sus puestos para Ciudadanos. El otro no tendría problema porque se sustituiría a un representante de IU por otro de Podemos. De esta manera, ambas formaciones entrarían en la Corporación.

La renovación del Tribunal Constitucional parece haber sido más sencilla. Es muy probable que el acuerdo se dé a conocer dentro de unos días. De momento, Ciudadanos ha rechazado entrar en la institución judicial. Andrés Ollero, ex diputado del PP, no será presidente.

Es el Senado el que deberá designar a los representantes que sustituyen a Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa, que han acabado su mandato, y los fallecidos Francisco Hernando y Luis Ignacio Ortega.

Ciudadanos asegura que ha preferido quedar al margen voluntariamente y no proponer ningún candidato en ninguna comunidad autónoma por estar en contra del procedimiento de designación de los magistrados. Podemos tampoco quiere estar presente en este proceso aunque sus representantes en los parlamentos autonómicos, que son los que tienen la última palabra en las propuestas de candidatos para elevar al Senado, sí se han pronunciado al respecto.

Pero donde hay mayor controversia por el secretismo con el que PP y PSOE están llevando a cabo las negociaciones es en la designación de vocales en los reguladores. En la Comisión Nacional de Mercados y Competencia cualquier acuerdo se ha aplazado, de momento, a la espera de la “segregación” que se va a llevar a cabo en el organismo. La idea es dividirlo en dos tras comprobar el fracaso que supuso la unificación que los populares llevaron a cabo en la última legislatura completa. En cuanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las conversaciones han quedado interrumpidas tras conocerse la imputación del ex presidente Julio Segura. Se quiere negociar, ahora, una reforma en profundidad del organismo para evitar que se sucedan situaciones como la de Segura, al cual responsabilizan de una operación en la que tuvo que ver indirectamente, ya que este asunto lo llevaron en el Banco de España.

Precisamente, sobre el Instituto Emisor no se han adoptado decisiones. La cosa queda como está, y los socialistas renuncian a la tradición, no escrita por la cual proponían al subgobernador cuando el partido del gobierno designaba gobernador. De momento seguirá Luis María Linde.

La renovación de las instituciones judiciales no es necesaria todavía. Todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces, están en activo y les queda mandato por agotar. No obstante es en este asunto donde la oposición de Podemos y Ciudadanos está más vigilante.

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