El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llevará al Congreso de los Diputados una propuesta para “mejorar” la Prisión Permanente Revisable, con la pretensión de incluir tres nuevos delitos a los que se aplique.

Dicha propuesta, que tendría que ser negociada con el resto de los partidos con representación parlamentaria, incluiría a los culpables de asesinato que no colaboren e intenten ocultar el cadáver, para los secuestros que acaban en muerte, y para los casos de muertes que implican el uso de elementos químicos, nucleares o incendios.

El pasado día 2  el Partido Popular de Córdoba inició una campaña de recogida de firmas a favor de la prisión permanente revisable.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó ayer en Córdoba  en alusión a la pena de Prisión Permamente Revisable que  “lo que es permanente es el dolor de una madre de un menor asesinado o de un hijo víctima del terrorismo. Ese dolor permanente, por desgracia, no es revisable”.

Sobre esta medida, aprobada en solitario por el PP en 2015, Mariano Rajoy ha explicado que es “una pena que es proporcionada a la gravedad de los crímenes que castiga, que está en sintonía con lo que prevén en países de nuestro entorno”.

Asimismo, ha recordado que “hay amplísima mayoría de españoles que defiende esta medida. La sociedad española reclamaba entonces –antes de su aprobación- una respuesta ante los crímenes más grabes y execrables: las muertes causadas por terroristas o los asesinos más desalmados”.  “España no tenía en su Código Penal esta fórmula para responder a crímenes tan graves, la sociedad española reclamaba una medida adecuada, con cientos de víctimas reclamando justicia; y se generaba una enorme alarma social, además de mucho sufrimiento”, ha recordado.

El PNV ya había presentado la pasada legislatura una proposición de ley que pedía la derogación de esta medida y decidió recuperarla en esta en forma de proposición no de ley, por considerar “irresponsable” la reforma impulsada por los ‘populares’ que, a su juicio, no hace más que “encubrir la pena de prisión de por vida o prisión perpetua”, vulnerando así el principio de legalidad y el mandato de resocialización, ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución.

Pero además, añaden, “atenta contra la dignidad de los seres humanos y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes“. Según abundan, la propia Constitución ha descartado por “inhumana” la pena de muerte y establece que las penas “no sean inciertas, no atenten contra la dignidad humana, no resulten inhumanas y proscribe la cadena perpetua cuando incluye el mandato de la reinserción de las penas”.

Por su parte, el PSOE en la Comisión de Justicia de la Cámara, conseguía sacar adelante una proposición no de ley con el mismo objetivo que el PNV. En su iniciativa, los socialistas instan al Ejecutivo a impulsar una reforma del Código Penal para sustituir la prisión permanente revisable por otra pena se adecue a lo previsto en la Constitución y que constituya una respuesta sancionadora “adecuada” y “proporcional” a la conducta que se castiga.

El texto aprobado subraya que la reforma del PP, que entró en vigor en junio de 2015, no es más que una cadena perpetua encubierta, una pena que, además de no ser éticamente aceptable, contraviene el artículo 25.2 de la Constitución.

Además, los socialistas denunciaron que la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy vulnera el artículo 9.3 de la Carta Magna ya que su “imprecisión” no garantiza el principio de legalidad y seguridad jurídica.

Ciudadanos en este momento coincide con el Partido Popular y se manifiesta a favor de endurecer la Prisión Permanente Revisable, y pide modificar el tercer grado penitenciario para que la persona que haya sido condenada a prisión permanente revisable no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento de un mínimo de 20 años, y no 15 como hasta ahora.

El Tribunal Constitucional en julio de 2015 admitió a trámite un recurso de la oposición que considera que la prisión permanente revisable contraviene ciertos principios de la Constitución, como la prohibición de penas inhumanas o los principios de proporcionalidad y de culpabilidad. El recurso de inconstitucionalidad, que fue firmado por  PSOE, Convergencia, Unió, PNV, UPyD, Izquierda Plural y la mayor parte del Grupo Mixto,  todavía no ha sido resuelto.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × tres =