Según informa El Confidencial Andaluz, las empresas del presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, vuelven a estar implicadas en un pelotazo urbanístico, esta vez, fuera de las fronteras de su provincia, en concreto, en Jaén. La operación va camino de llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a través de los empresarios perjudicados de las presuntas maniobras realizadas desde el Ayuntamiento de Jaén en dos operaciones de zonas comerciales. Estas maniobras estarían presumiblemente beneficiando a un grupo empresarial vinculado a Gabriel Amat y a su familia.

Las fuentes consultadas por ECA afirman que el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el Partido Popular, habría forzado la legislación urbanística para que entrara del Grupo Alvores para construir un centro comercial en Jaén. Otra empresa de la capital del Santo Reino que ya tenía adjudicada la calificación comercial para uno de sus proyectos vio que ha sido maltratada y ninguneada. Según las mismas fuentes, en la maniobra no ha sido ajeno José Enrique Fernández de Moya mientras era alcalde de Jaén y presidente del PP jienense. Actualmente es Secretario de Estado de Hacienda. A Fernández de Moya se le responsabiliza de permitir e impulsar la entrada del grupo almeriense en el proyecto porque la relación entre el jienense y Amat ha sido fundamental para dar luz verde al pelotazo de Alvores. Por otro lado, parece que Gabriel Amat ha tenido mucha influencia en el ascenso de Fernández de Moya a número dos de Cristóbal Montoro.

Cuando se formalizó el acuerdo inicial de la operación sobre los terrenos, una de las sociedades del entramado familiar de Amat estaba mercantilmente vinculada con el Grupo Alvores, relación que sólo se rompió cuando el proyecto de Jaén ya estaba en marcha.

La operación fue apoyada por el Partido Popular en solitario, aunque, posteriormente, también recibió el apoyo de los concejales tránsfugas de Ciudadanos, votos que son necesarios porque el PP no tiene mayoría suficiente para sacarlo adelante. Destaca, de igual manera, la pasividad del PSOE a la hora de investigar si la denuncia de los empresarios tiene base política. 

Este es un nuevo caso de lo que está permitiendo el PP nacional con su silencio o con una connivencia que viene del desprecio de la responsabilidad in vigilandoque cualquier organización política debe tener con todos y cada uno de sus dirigentes, independientemente del poder que pueda acumular, de la importancia territorial de los dirigentes, de lo que pueda ser conocedor dicho dirigente y que pudiera ser comprometedor para el partido.

Los tiempos deberían haber cambiado y la barra libre de quienes disponen del poder se tendría que haber acabado. Sin embargo, en el Partido Popular parece que no han aprendido de lo que ha ocurrido en Castellón, Valencia, Alicante o Madrid, por citar algunos ejemplos de corrupción sistémica. Algunos de los nuevos dirigentes nacionales están siendo investigados por serias dudas en su gestión. El caso de Gabriel Amat es de libro, es el claro ejemplo de cómo aprovechar su poder político para lograr presuntos beneficios para sus redes empresariales.

La operación de Jaén es una muestra más de que la codicia no tiene límites y el aprovechamiento del poder político para lograr beneficios económicos no puede ser permitido, ni por la Administración de Justicia ni por el Partido Popular nacional. Estos casos de presunta corrupción de Amat y el silencio de Mariano Rajoy nos dan una situación demasiado similar a lo ocurrido en Valencia como para que el presidente del Gobierno no haya aprendido de los errores cometidos al no poner freno a los casos de corrupción cesando a sus máximos responsables, fueran quienes fueran, se llamaran como se llamaran, supieran lo que supieran o tuvieran el poder que tuvieran.

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