Porque el pueblo saharaui viva en libertad en su propio territorio

Han transcurridos cuarenta años desde que España abandonó el Sahara Occidental, dejando al pueblo a su suerte y entregando el territorio a Marruecos, tras la firma de los llamados Acuerdos de Madrid. Para Naciones Unidas, sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. De entrada, muestro mi solidaridad con el pueblo sometido, con su lucha y la digna de su resistencia.

Naciones Unidas había iniciado el proceso de descolonización, interrumpido con la Declaración entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental, firmada el 14 de noviembre de 1975, que según el derecho internacional carecen de validez legal y legitimidad democrática. Yacía moribundo Franco, cuando el Jefe de Estado en funciones, Juan Carlos de Borbón, descolonizó el Sahara, desoyendo el mandato internacional, que instaba a organizar un referéndum de autodeterminación. España abandonó a la población en la guerra y el exilio, después de haberse aprovechado de los recursos naturales y utilizado los humanos.

Para forzar la anexión del territorio saharaui a Marruecos, el rey Hassan II, organizó una marcha «pacífica», inspirada por los Estados Unidos, financiada con dinero saudí y con el favor de Francia y la Liga Árabe. Franco se moría y Juan Carlos, jefe de Estado en funciones, viajó a El Aium, para exponer al ejército de África, que las presiones internacionales, obligaban a abandonar el territorio. Ante la cercana entronación y por intereses reales, la suerte del Sahara había sido decidida sin su consulta. Tras el dictamen de la Corte de Justicia de la Haya, contraria a las tesis marroquíes respecto al Sahara, Hassan II, anunció la organización de la Marcha Verde. Un millón de marroquíes penetró en el Sahara para exigir su incorporación a Marruecos. El Consejo de Ministros español cedió a la presión marroquí y hasta hoy.

La Declaración de Madrid consta de un acuerdo político y anexos secretos, de índole económica, que estipulan la cesión a Marruecos del 65% de la empresa fosfatos de Bucraa, que explotaba los ricos yacimientos de la zona. A cambio España obtendría los derechos de pesca para 800 barcos durante 20 años, acuerdo que Marruecos incumplió. Políticamente, los acuerdos firmados por el presidente Carlos Arias Navarro, fueron un regalo para la dinastía alauí y a su proyecto del Gran Marruecos.

En 1960, la Asamblea General de la ONU, aprobó la Resolución 1514, sobre la descolonización de las zonas que quedaban en el mundo. El Comité encargado de aplicar la resolución, elaboró una lista de territorios a descolonizar, entre los que estaba el Sahara Español. En 1966, el Comité, solicitó a España la realización de un referéndum para que la población del Sahara pudiera expresarse libremente sobre su futuro político. El gobierno franquista aceptó la solicitud, pero dio largas al asunto, ganando tiempo al proceso de transformación de la colonia en una provincia española.

En 1976 en Bir Lehlu, capital del territorio liberado por el Frente Polisario, se proclamó la Independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Se hacía referencia a la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Resolución 1514. Reafirmaban su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y pequeñas a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad e independencia.

En 1989, la ONU diseñó un Plan de Paz, en el que se preveía la celebración del referéndum de autodeterminación. Todavía hoy, la intransigencia de Marruecos, la inoperancia de la ONU y el silencio de España, han impedido cumplir el Plan. En 2002, el Consejo de Seguridad, adoptó la resolución 1429, que para Mohamed Abdelaziz, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, era «una victoria para el pueblo saharaui y la legalidad internacional». Los miembros del Consejo consideraron que el conflicto viene derivado de la invasión militar marroquí y que el pueblo saharaui debe ejercer su derecho a la autodeterminación. EEUU, Francia y Gran Bretaña, están a favor de la integración del Sahara Occidental a Marruecos como autonomía. Los gobiernos españoles han mantenido una postura de ambigüedad calculada, frente a la solidaridad mostrada por la mayoría de la población española.

El Gobierno de Zapatero se comprometió a hacer todo lo necesario para encontrar una solución, pero su acercamiento a Rabat, significó el abandono de la línea de apoyo a la causa. El Partido Popular, tradicionalmente no alineado, defiende la nula responsabilidad española en el conflicto, con el vago deseo de que las partes encuentren rápidas vías de solución. Ceuta y Melilla aparecen en el tablero, cuando las autoridades marroquíes dejan claro, que un cambio de la postura oficial española, provocaría la reivindicación de ambas ciudades.

Resumiendo, el proceso de descolonización fue interrumpido en 1976, cuando España traicionó a los saharauis y Marruecos inició la ocupación. El territorio sigue ocupado casi en su totalidad por Marruecos, que lo llama sus Provincias Meridionales. La soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas ni por ningún país del mundo y es rechazada por el Frente Polisario, que proclamó su independencia en 1976 creando la República Árabe Saharaui Democrática.

Desde la firma del alto el fuego en 1991, Marruecos incentiva mudarse al Sahara Occidental, con el fin de incrementar sus opciones ante el posible referéndum, que después de 20 años no se ha celebrado. 150.000 saharauis viven bajo ocupación marroquí. Cientos de activistas pro-saharauis han sido detenidos y torturados por las autoridades de Marruecos. Unos 30.000 viven en la parte del Sahara Occidental controlada por el Polisario y otros 120.00 en los campos de refugiados construidos en el desierto de Argelia. Los refugiados dependen de la ayuda humanitaria internacional que se ha visto reducida por las crisis económicas.

España por responsabilidad, debe asumir los planes de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum, además de la protección y promoción de los derechos humanos para la población saharaui en los territorios ocupados. Igualmente España debe trabajar para que, en tanto se realice el referéndum de autodeterminación, la exploración y explotación de los recursos naturales en el Sahara Occidental se realice en concordancia con la legislación internacional y de acuerdo con los intereses expresos del pueblo saharaui, su dueño legítimo. El Estado Español debe trabajar en el desmantelamiento y eliminación de los campos de minas instaladas por Marruecos, como muro defensivo y que separa el territorio. Así mismo debe comprometerse con el pronto reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática y del status diplomático del Frente Polisario, como único y legítimo representante del Pueblo Saharaui.

La conferencia que se organiza anualmente en diferentes países de  Europa y esta vez en Barcelona, ha hecho un llamamiento a España para que revise el Acuerdo Tripartito de Madrid y reconozca el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, aprovechando su presidencia del Consejo de Seguridad en diciembre próximo. La participación de la Corte de Justicia de la UE en la conferencia, es una prueba de que Europa no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui.

Después de 40 años, es hora de que España asuma su condición de potencia administradora y continúe con el proceso de descolonización; que se supriman los asentamientos de colonos en los territorios ocupados y que se trabaje para que se cumplan las resoluciones de la ONU para que el pueblo saharaui pueda vivir en libertad en su propio territorio.

Los Acuerdos de Madrid carecen de legitimidad legal y legitimidad democrática y son nulos de pleno derecho, en la medida en que los firmantes no tenían soberanía sobre los territorios ni sobre el pueblo y consagraron la apropiación por la fuerza del territorio saharaui, por parte del ocupante marroquí.