A los contribuyentes, la crisis bancaria nos ha costado, según los cálculos del Tribunal de Cuentas, del orden de 70.000 millones. Unos cálculos que, dicen, son optimistas. La cifra puede llegar a subir hasta los cien mil millones de euros. Y todo en la época en que el gobernador del Banco de España era Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Todos apuntan hacia él como el gran responsable de semejante catástrofe. Pero todavía ningún juez le ha pedido responsabilidades penales.

El instructor del Caso Bankia, Fernando Andreu, se ha negado a imputar a Fernández Ordóñez, a pesar de que existen informes que señalan que la máxima autoridad monetaria había sido avisada de la situación patrimonial de la entidad. Andreu insinúa que hay que ser prudentes porque sólo se cuenta, de momento, con correos electrónicos de los inspectores “y ese tipo de indicios son insuficientes como para proceder al cambio de situación procesal “que pide la acusación particular.

Pero ya no sólo está el asunto Bankia. El informe del Tribunal de Cuentas indica que el Frob, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, actuó “de manera negligente” a la hora de gestionar la bancarrota de las cajas de ahorro, las entidades culpables del quebranto. Dicho informe cuantifica su reestructuración en 60.718 millones de los que 41.786 han sido aportados por el Frob, y 18.932 millones por el Fondo de Garantía de Depósitos de la banca. Otros organismos elevan las cifras hasta los 122.122 millones. En realidad lo que se ha puesto encima de la mesa es una incógnita que tardará en espejarse. Al menos hasta que no se proceda a la privatización de Bankia y se liquide la Sareb, el denominado “banco malo”.

Lo escandaloso de estas cifras ha movido a Ciudadanos, Podemos y PSOE a pedir una comisión de investigación. Demasiado tarde. Todo parece indicar que los grandes responsables del desaguisado, el Banco de España y el Frob, se van a ir de rositas. El ex gobernador del Instituto Emisor, Fernández Ordóñez, a pesar de todo lo que se está diciendo sobre él, se permite el lujo de escribir artículos en los grandes medios de comunicación dando lecciones de cómo tiene que funcionar la democracia representativa: “Las políticas que aplicamos en España son peores que las de otros países avanzados y esto explica que tengamos muchos problemas que ellos no tienen, o los tienen en menor grado” señalaba Fernández Ordóñez recientemente bajo el título de “La inaplazable reforma del Parlamento”, publicado en El País.

Y es que Fernández Ordóñez está siendo protegido. En primer lugar por el actual gobernador, Luis María Linde, y su equipo mediante maniobras dilatorias. Pero no sólo MAFO. También, Javier Aríztegui, ex subgobernador y presidente de la comisión gestora del Frob, y Jerónimo Martínez Tello, ex director general de supervisión al que, al parecer, los inspectores dirigieron los avisos sobre la situación patrimonial de Bankia.

Pero además de ellos, Julio Segura, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el ex subgobernador Fernando Restoy, actualmente ocupando un “buen retiro” en el Banco Internacional de Pagos de Basilea.

Ahora, se ha descubierto que el Banco de España autorizó a las cajas a cargar contra reservas y no contra la cuenta de resultados, los deterioros detectados en el ejercicio de 2010, lo que significó consumir casi el 51% del patrimonio conjunto de las Cajas fusionadas contabilizado hasta 2009, equivalente a la friolera de 15.046 millones. Al parecer fue el director financiero y de riesgos de Cajamadrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, el que propuso a Fernández Ordóñez semejante “arreglo” contable. MAFO parece ser que dio su visto bueno al mismo. El juez Andreu ha pedido copia del acta de la reunión de la Comisión ejecutiva del B. de E. donde se dio el visto bueno a este artificio que supuso la grave descapitalización de las cajas.

En estas mismas páginas se ha informado hasta la saciedad de los avisos de los inspectores sobre la situación patrimonial de Bankia cuando ésta iba a salir a bolsa. Y seguramente seguirán saliendo más cosas.

Aun así, los que protegen “el sistema” intentan, por todos los medios, dilatar el proceso con el fin de que, al final, sólo paguen unos pocos. La realidad es bien distinta. No todos están en el punto de mira de la Justicia, y eso acabará por pagarlo el poder judicial en forma de descrédito.

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1 Comentario

  1. y yo aquí esperando que alguien me haga un analisis de la justicia españistañi y de sus miembros y miembras, un examen riguroso y que me diga el porqué tos los corruptos se van de rositas y los que denuncian la corrupcion acaban malamente, y tos los articulistas se empeñan en ponerme casos aislados.
    yo digo que ahora que esta tan de moda el privatizar y el externalizar podría alguien plantearse externalizar la justicia española y que la lleve el estado frances o el aleman que esos si que gozan de independencia y que son jueces democratas, y disolver este penosos aparatao que padecemos aquí y ademas nos ahorrariamos unos eurillos que se podrían emplear en atender a los desahuciados de la crisis

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