Cuando Montesquieu nos hablaba de la separación de poderes, influenciado sin lugar a dudas por John Locke y relataba que “Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”, no podía imaginar que la cuestión se corrompiera hasta límites insospechados.

Claro, que eso fue hace algo menos de trescientos años y en su “Del Espíritu de la Leyes” no se hubiera atrevido a contemplar que en 2016 un Ministro de Justicia llegara a atacar un Auto de procesamiento con la voracidad con que lo hizo Rafael Catalá Polo, a la sazón Ministro de Justicia en funciones del Gobierno español. Montesquieu escribía un tratado político imaginando una novedosa concepción de estado, pero no era futurólogo.´

Según Europa Press, Rafael Catalá declaró anoche en 13TV, sobre el auto de proceamiento del Partido Popular que “El auto tiene contradicciones flagrantes”, “confunde a personas -a Alberto Durán con Miguel Durán-” y hace referencia a “un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no tiene nada que ver con este asunto”

Asimismo, lamentó que la juez “tome partido” al dar credibilidad al testimonio de Bárcenas a la vez que descarta la posición de la Fiscalía y atribuye al PP dos delitos, el de daños y el de encubrimiento, que no concurren en este caso.

Resulta tan incongruente como deleznable que un Ministro acuse a una juez de tomar partido cuando él mismo lo está haciendo en defensa del partido –valga la redundancia- que le ha dado la Cartera. Ministerial, nada menos que la de Justicia.

Un juez a la hora de procesar, previo el análisis de si existen indicios de la comisión de un presunto delito, siempre tiene que tomar partido. En base a las pruebas practicadas, su labor es valorarlas y “decantarse” por dictar auto de procesamiento o no.

Lo que pasa es que al Ministro Catalá, que sabe perfectamente en qué consiste la labor judicial, no le preocupa que Su Señoría haya tomado partido, sino que lo hiciera en contra de los intereses del PP, esto es, en contra de sus propios intereses. Y hete aquí que, ejerciendo tal ministerio, no le es dable el airear, de forma tan ligera y vergonzante, que existe un evidente conflicto de intereses entre un ministro de justicia -que critica a la justicia precisamente por procesar a su partido- y la propia justicia.

Ignoro si fue el ambiente de bonanza que se respiraba en un medio tan afín a su ideario político lo que le llevó a cometer tamaña ligereza o simplemente es esa creencia –más que sensación- de que este país es su cortijo y lo pueden manejar a su antojo mientras los demás pronunciamos a coro mirando a las alturas eso de “milana bonita”, rememorando al genial Paco Rabal en Los Santos Inocentes de Mario Camus.

Lo cierto es que no somos deficientes mentales como Azarías ni cabe esperar que ninguna milana se nos pose en el hombro. Lo único que cabe esperar es el fulgurante cese o en su defecto dimisión de Catalá Polo, por descubrir sus despóticas vergüenzas propias de otra época, que no se pueden enmascarar bajo el respeto a ningún derecho o libertad de crítica. Resulta que es el Ministro de Justicia atacando a la independencia de la justicia y manifestando que “hay muchas debilidades en el auto, más allá del momento en que se dicta, que es de alta tensión política, pero habrá que dejar para ver cómo evoluciona esto”, lo que es de todo punto inadmisible y repudiable por mucho que se camufle bajo el máximo de los respetos y se declare en una reunión de amiguetes, para colmo televisada para toda España.

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece en su artículo 11 que. “Los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades”.

Es evidente que la actuación del ministro Catalá no atiende a lo prescrito en dicho artículo. Ignoro si cabe encuadrarla técnicamente en la prohibición del conflicto de intereses regulado en dicha ley, probablemente no. Pero resulta obvio que sí se da un conflicto cuando menos moral que le incapacita para ejercer su cargo con las mínimas dosis de objetividad.

Los argumentos de Montesquieu dimanan de una concepción pura del Derecho, en modo alguno intoxicada por otras fuerzas que puedan influenciar en el ejercicio del Poder, tales como la política internacional o la financiera. Quizás por eso tuvo tan claro la necesidad de dotar de independencia al poder judicial y proclamar la división de poderes para crear la constitución fundamental de un nuevo gobierno que no fuera dictatorial y corrupto, pilares sobre los que se asientan todos los gobiernos democráticos de nuestro tiempo. Sin embargo, casi trecientos años después y a pesar de las mejoras que ha ido desarrollando el sistema, parece que el Ministro de Justicia del Gobierno Español aún no ha acabado de entenderlo.

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