En los últimos días vuelve a estar de actualidad el problema del acoso escolar, ha salido a la luz el caso de un niño que se quitó la vida en octubre del año pasado y dejó una carta de despedida que los padres han hecho pública las pasadas semanas. Ante este triste acontecimiento se han anunciado una serie de medidas por parte de los poderes públicos, en concreto el Ministerio de Educación ha anunciado una batería de 70 medidas dentro de lo que han denominado “Plan Estratégico de Convivencia Escolar” y, a su vez, la Comunidad de Madrid ha anunciado por medio de su Presidenta un total de 7 bloques de propuestas. A continuación analizaremos cada una de las disposiciones y reflexionaremos sobre la efectividad de las mismas a la luz del conocimiento científico sobre esta problemática. De esta manera también se podría inferir si son medidas que se articulan para calmar a la opinión pública o si existe un verdadero interés en prevenir el fenómeno del maltrato y acoso entre escolares de una manera eficaz.
Las propuestas del Ministerio pasan por las siguientes medidas concretas, según se anuncia en la web del propio Ministerio: protocolo de convivencia escolar, guía de padres, Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, programa de cooperación territorial, Congreso Estatal anual de convivencia escolar, itinerarios de formación del profesorado en convivencia, Red estatal de escuelas “Tolerancia Cero a la violencia”, manual de apoyo a las víctimas de violencia escolar a nivel estatal, teléfono de atención a víctimas de acoso escolar.
En la Comunidad de Madrid se promoverán las siguientes proposiciones, conocidas tras las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid: creación de una unidad de emergencias con asesores jurídicos, policiales, expertos en convivencia y acoso y especialistas en atención psiquiátrica; actualización de protocolos y decreto de convivencia con especial interés en el ciberbullying; test online para la detección de acoso; Observatorio contra la violencia escolar; coordinación con la policía; formación del profesorado; sensibilización de la sociedad en general.
Ahora bien, ¿serán efectivas todas las medidas? En este caso cabe preguntarse si es el Ministerio o la Comunidad la institución que puede aplicarlas de una manera más adecuada. Recordemos que las competencias en educación están transferidas a las Comunidades Autónomas, precisamente institución de la que dependen la mayor parte de profesionales que están involucrados en las propuestas. También es de interés conocer quién es la administración que coordinará las actuaciones con las Universidades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde también sabemos que existen duplicidades entre agentes tutores de cuerpos estatales y locales. A priori, parece ser que la mejor opción es que se coordine por parte de las Comunidades Autónomas, pero teniendo en cuenta la labor de los Ayuntamientos, porque muchos de ellos ya están trabajando sobre el problema y tienen experiencia en la aplicación de soluciones. Por todo ello, la labor del Ministerio puede llegar a ser testimonial y con poca influencia real en el marco competencial actual.
Otro aspecto es la atención victimológica, en el caso de las medidas del Ministerio, queda a expensas de un manual de apoyo a las víctimas y de un teléfono de atención. Este teléfono puede ser eficaz porque se lucha contra el anonimato y la vergüenza que supone ser víctima, pero puede ser más eficaz habilitar una web en la que se informe de las características de las víctimas, porque muchas veces ni siquiera se consideran como tal; desde esta web se puede prestar un apoyo claro a las víctimas, siempre que se informe de qué les pasará si lo denuncian y qué medidas se pondrán en marcha para solucionar sus problemas. Estos recursos telemáticos pueden servir como ayuda complementaria, porque las propuestas más efectivas, a tenor de la investigación internacional, pueden ser las que se articulen en los propios centros educativos, donde la figura del alumno-ayudante puede ser clave, serán alumnos capaces de detectar sobre el terreno las situaciones y estarán cercanos a la víctima en el momento en el que lo necesita. Aquí, de nuevo, las medidas de la Comunidad de Madrid con la actualización del Decreto de Convivencia y de los protocolos de actuación podrían ser más efectivos en la atención de las víctimas, siempre y cuando tengan en cuenta lo que acabamos de explicar.
La creación de equipos de urgencia puede no ser necesaria porque lo más importante, como se ha visto en los últimos casos que han salido a la luz pública, es la detección temprana del problema, y en este sentido un aspecto que se descuida y del que no se habla es el de creación de programas preventivos, que precisamente pueden ser las soluciones más efectivas, más allá de bloques o grupos de medidas concretos; así, solo se menciona la formación del profesorado, actualización de protocolos o fortalecimiento de Decretos Legislativos. Sería muy adecuado trabajar en la implementación de un programa integral de prevención basado en la evidencia científica, para ello se necesitará invertir en investigación para conocer qué programa y qué variables son más importantes en cada una de las regiones en la que se ponga en marcha. Aquí es donde la Universidad puede ayudar, más allá de la inclusión de formación específica en bullying y ciberbullying en los Grados de las Facultades de Educación, a través de la transferencia del conocimiento sobre esta problemática y los programas preventivos efectivos.
Por último y como idea final, quizás ahorraríamos tiempo y esfuerzos si en cada Comunidad Autónoma se creara un Observatorio dotado con unos pocos profesionales expertos que asesoren directamente a los colegios en la detección de casos y pongan en marcha los protocolos y programas adaptados a cada caso y centro concretos, asimismo podrían derivar hacia especialistas en victimología a aquellas víctimas que necesiten una atención especializada y orientar al profesorado en la aplicación de los programas más efectivos para el trabajo con los agresores y los testigos de una manera más cercana a la realidad.
Esperemos que este movimiento se materialice en medidas y programas de prevención del problema del maltrato y acoso entre escolares y no se quede en una “política de urgencia” sin visos de hacerse realidad. Por lo analizado puede que las medidas del Ministerio obedezcan más a calmar a la opinión pública y que en algunas Comunidades Autónomas, como el ejemplo de la de Madrid, se articulen medidas que pudieran ser más eficaces, aunque para saber si es así y que problemas de aplicación existen tendremos que esperar a ver el resultado final en los próximos meses.
