Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El Poder Judicial está ocultando y camuflando algunos de los datos estadísticos más comprometedores en la lucha institucional contra la violencia de género, que pondría sobre la mesa la evidencia de que las Administraciones públicas no están haciendo todo lo posible como aseguran en un tema, el de la violencia de género, que aún no tiene aprobado un más que reclamado Pacto de Estado, debido sobre todo a las discrepancias de distinto tipo entre las principales formaciones políticas, que apuran las últimas reuniones a nivel parlamentario para llegar al menos a un acuerdo de mínimos, que tampoco se produce de momento.

Los datos estadísticos que no aparecen en los balances trimestrales que publica el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género son los directamente relacionados con los índices de incumplimiento de órdenes de alejamiento de los maltratadores. Al mismo tiempo, también se camuflan los datos sobre los elevados porcentajes de solicitudes de órdenes de alejamiento rechazadas por los jueces.

El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado que “se ocultaron estos datos negativos” en la habitual nota de prensa que de forma trimestral emite el CGPJ bajo el epígrafe La violencia sobre la mujer en la estadística judicial: Primer trimestre de 2017. La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, asegura que el Poder Judicial “ha camuflado datos que ponen en evidencia el incremento de los incumplimientos de las órdenes de alejamiento” en los casos de violencia machista. Este quebrantamiento de medidas aumentó más de seis puntos en los últimos ocho años, pasando del 3 al 9,40%, al tiempo que el quebrantamiento de las penas creció cuatro puntos en este mismo periodo de tiempo.

También este informe periódico del Poder Judicial ha camuflado los altos índices de rechazos de solicitudes de órdenes de alejamiento por parte de los jueces, unas decisiones que en numerosas ocasiones son el origen de los desencadenantes fatales que más tarde se producen en muchos casos de violencia de género.

El quebrantamiento de medidas ha aumentado más de seis puntos en los últimos ocho años

De este modo, los jueces han denegado en el primer trimestre de 2017 un altísimo porcentaje de solicitudes de órdenes de protección de víctimas de esta lacra. Más de cuatro de cada diez solicitudes son rechazadas por la justicia, según este balance oficial. O lo que viene a ser lo mismo: una de cada tres maltratadas que solicitan una orden de protección sobre sus agresores no son creídas por el sistema judicial español.

En cambio, la nota de prensa oficial del Poder Judicial aborda el mismo apartado de forma bien distinta. El pasado 21 de junio, el comunicado del CGPJ titulaba así en referencia a estos datos: “En el primer trimestre del año aumentaron las denuncias por violencia de género, las órdenes de protección y las condenas a los maltratadores”. El subtítulo abundaba en esta afirmación: “Se incrementaron las denuncias en un 20 por ciento y las órdenes de protección concedidas en casi un 9%”. Lo que no recogía y camuflaba es que los jueces, pese a que han aumentado las órdenes de protección concedidas, siguen rechazando un numero elevadísimo de solicitudes de protección. La información aportada por el Poder Judicial subrayaba que “durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.690 órdenes de protección en los órganos judiciales, aumentando así ligeramente la cifra de 10.434 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior”.

El Poder Judicial se felicita por que se ha constatado durante el primer trimestre de este 2017 un aumento de las órdenes de protección aprobadas por los jueces, pero no se dice en absoluto que los índices de rechazo siguen siendo alarmantes a día de hoy. Así camuflaba esta realidad la nota de prensa del CGPJ: “Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 68 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (6.393 adoptadas frente a 9.438 solicitadas), previstas en los artículos 544-ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un importante incremento de nueve puntos respecto al dato del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 59 por ciento de las órdenes de protección solicitadas”.

Del mismo modo se podría decir pero no se dice que a día de hoy los jueces están rechazando casi una de cada tres solicitudes de protección por parte de víctimas de la lacra machista.

Respecto a los datos ocultados por el Poder Judicial sobre quebrantamiento de la medida de alejamiento, la diputada socialista Ángeles Álvarez recuerda que supone la comisión de un delito tipificado en el artículo 468.2 del Código Penal, que conlleva pena de prisión de seis meses a un año. “Este tipo delictivo que está aumentando tan alarmantemente es, sin duda, uno de los indicadores de riesgo más fiables”, añade la diputada socialista.

La portavoz socialista de Igualdad denuncia que el Poder Judicial “hurta información que apunta a un problema creciente muy relacionado con la seguridad de las víctimas”. Según Álvarez, esta ocultación también “pone en evidencia la urgencia de que el Observatorio del CGPJ acometa la reestructuración de sus indicadores, los amplíe y, sin dilación, publique los datos con secuencias temporales”. Todo ello con el objetivo de que se permita conocer la evolución por parte de quienes analizan profesionalmente estos datos y así, “poder valorar sin obstaculizaciones cuál está siendo la respuesta penal a la violencia de género”.

Mientras tanto, la postura del Poder Judicial y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es mantener silencio ante esta denuncia que deja en evidencia de qué forma la Administración de Justicia intenta ocultar una realidad sobre la lacra del machismo y también al mismo tiempo maquillar datos que sacan a la luz las lagunas de los organismos públicos en la lucha contra la violencia de género.

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