Podemos presiona al Gobierno y exige desde el Congreso que se conozcan los nombres de los amnistiados fiscales acogidos al Real Decreto-ley 12/2012.

Mientras se dejan caer “dudas razonables” sobre si el Rey Juan Carlos está entre esos amnistiados o incluso algún conocido miembro socialista, el PSOE, como ya anunciara el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclara que no será posible porque el PP “dejó el tema atado y muy bien atado”.

La amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular mediante el Real Decreto-ley 12/2012 ha sido la medida por la cual los mayores defraudadores de impuestos de España han regularizado su situación, impidiendo investigar la procedencia de dichas rentas, o su origen, que potencialmente podría estar derivada de bienes no declarados, financiación ilegal, comisiones por adjudicación de contratos públicos, dinero negro y otras irregularidades.

Más de 30.000 personas se acogieron a la amnistia fiscal

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha recordado que hace algo más de un año, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta amnistía fiscal y ha explicado que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo por entonces que cuando llegase al ejecutivo, iba a publicar la lista de defraudadores aseverando que “solo habrá regeneración política en este país cuando sepamos los nombres y los apellidos de todas las personas que se han acogido a la amnistía fiscal”.

Belarra ha explicado que tras la llegada de Sánchez a la Moncloa “no puede haber ni la menor sombra de duda de regeneración democrática de este Gobierno”.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Gloria Elizo ha añadido que “la sociedad española tiene que saber exactamente qué ha pasado en torno a una amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional”. “Debemos saber quiénes son esas 30.000 personas que se acogieron a la amnistía, ya que parece que unas 715 son cargos públicos de este país y que, según informaciones publicadas, hasta 400 podrían tener rentas vinculadas con actividades criminales”, ha sentenciado.

Rafael Mayoral, diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, ha aseverado que el Grupo Confederal “no va a apoyar al Gobierno en una estrategia de silencio y de omertá“. “Si (el Gobierno) quiere encontrarnos en la defensa de las mayorías sociales y del i interés general.

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