El grupo Confederal de Unidos-Podemos, formado por En Comú y En Marea, junto con también Ciudadanos no creen que sea suficiente que Manuel Moix, abandone únicamente el cargo de Fiscal Jefe Anticorrupción. Tambien piden la cabeza del Fiscal General del Estado y hasta del Ministro de Justicia, Rafael Catalá. La Diputada de En Marea, Yolanda Ramos, ha señalado en el Congreso de los Diputados, frente a los medios de comunicación, que La dimisión de Moix no debe servir de “cortafuegos” a otros responsables superiores del estamento judicial, refiriéndose directamente a José Manuel Maza, quien lo nombró Fiscal Jefe Anticorrupción, y también del propio ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En lo de Maza, parece que hay acuerdo entre Podemos y Ciudadanos; debe ser uno de los pocos acuerdos entre las dos formaciones. A este respecto, José Manuel Villegas, el numero dos de la formación naranja, ha señalado que cuando un fiscal “es el favorito de un presunto corrupto, debería ser suficiente para que no se le nombre Fiscal Anticorrupción”. En cuanto a la hipotética salida de Maza, ha afirmado con rotundidad que el Fiscal General “debería haber abandonado el cargo hoy mismo, porque sus explicaciones ya no nos convencen más”.

Especialmente contundente han sido las declaraciones de Rafa Mayoral, de Podemos. El diputado ha afirmado que estamos pasando por unos momentos de “degradación democrática planificada y que ellos –por Podemos-, con las armas legales, han puesto sobre la mesa la solución para salvar a la democracia en este país”, en relación directa con la Moción de Censura puesta sobre la mesa desde su formación. Y ha lanzado un órdago al resto de fuerzas políticas. “Las fuerzas democráticas deben asumir si lo son o no, y si están dispuestos a desalojar al PP”.

Los Socialistas, por su parte, a lo suyo que debe ser eso de dar puntadas y puntadas intentando coser el roto. Pedro Sánchez, sólo ha recordado la reprobación del Parlamento a Maza y Catalá. Ha señalado que el Ejecutivo del PP no defiende la “ejemplaridad” de las instituciones. Y que las decisiones de Rajoy “dañan la salud” de las mismas y que éstas atraviesan “una etapa negra”.

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