La Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha solicitado el “cese” del comisario provincial de Alicante, por la falta de déficit de personal para atender en una ciudad de más de 300.000 habitantes.

ARP entiende también que esa falta de personal evitó ayudar a las víctimas del crimen que se produjo el pasado jueves., El autor, un hombre de 44 años y con antecedentes policiales, no llamó hasta un día después de matar a cuchilladas a sus padres y a su hermano. Pasaron al menos 30 horas hasta que avisó al 112 para alertar de que su hermano estaba herido y sangraba abundantemente. El parricida habría convivido todo ese tiempo con los cadáveres, según las primeras investigaciones policiales.

La Agrupación Reformista de Policías (ARP), ha acusado a la administración policial de “ocultar la problemática existente en la Ciudad de Alicante”, que el último asesinato múltiple ha sacado a la luz. La Sala del 091, “una vez más tiene que rechazar la presencia de efectivos del grupo GAC (Grupo de Atención al Ciudadano, más conocido como 091) al propio Servicio de Emergencias 112”, lo que, según la ARP, refleja el déficit de personal para atender en una ciudad como Alicante.

Tras recibir el aviso en la madrugada del viernes 14 al sábado 15, dos patrullas de la Policía Local de Alicante acudieron a la vivienda donde se encontraba el homicida, (cuando según denuncia la ARP, deberían haber acudido al domicilio miembros del (GAC), de la policía Nacional. Los agentes locales se desplazaron al pasaje Maestro Enrique Granados de la capital alicantina, sin saber en ese momento que iban a encontrar los cadáveres de tres personas, a las 01:40 horas del pasado sábado.

Al poco rato acudieron varias patrullas de la Policía Nacional y un equipo del SAMU, que no pudieron acceder a la vivienda de forma inmediata, como denuncia este sindicato. Los cadáveres estaban en diferentes dependencias de la casa. El parricida fue trasladado a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante.

Según testigos, “los servicios sanitarios tuvieron que esperar en el lugar de los hechos un tiempo considerable sin poder intervenir, por la falta de respuesta de todos los servicios policiales requeridos”. Estos hechos deben servir al Ministerio del Interior, para “abrir el correspondiente expediente administrativo y adoptar unas medidas consecuentes a la gravedad de los hechos que hemos conocido de forma pública”, denuncia la ARP.

Los propios funcionarios del Grupo GAC de la Comisaría Provincial, los sindicatos policiales y la sociedad en general, exigen de forma reiterada la salida del máximo responsable de la Comisaría Provincial de Alicante. La última restructuración habida, ha motivo a ARP a tener “que solicitar de los responsables policiales en Alicante, en la Dirección General de la Policía, y al propio ministro del Interior, el cese del Comisario CID”, nos han contado a este medio.

El enfrentamiento por parte del citado Comisario, con los propios funcionarios que demandan su cese en la Comisaría Provincial de Alicante, obliga a ARP, a intervenir sindicalmente en señal de total apoyo a un colectivo “que se encuentra avergonzado ante este tipo de noticias que dejan en evidencia una falta de respuesta por parte de Policía Nacional” según este sindicato, teniendo que recurrir a la Policía Local de Alicante, “para atender el grave suceso de este presunto parricidio”.

La Agrupación Reformista de Policías (ARP), pide el cese del comisario Cid, por “Pérdida de confianza en los policías del GAC, y en otros funcionarios de servicios (de emergencia), como los de la oficina de atención al ciudadano ODAC, sala del 091, y los que habitualmente atienden en los edificios policiales en labores de seguridad y custodia de detenidos”. La ARP denuncia que desde la administración se “oculta el serio problema de inseguridad que existe en Alicante, por la falta de efectivos del 091”.

La versión descrita por los Servicios de Emergencias del 112 y del Servicio Medico de Urgencia (SAMU), es para estar preocupado. Por ello ARP, anuncia que pone sus servicios jurídicos, “para todos aquellos funcionarios que se vean en la obligación de prestar declaración en sede judicial, ante una posible interpretación de la omisión del deber de socorro, por parte del Ministerio Publico o el Juzgado de Guardia” que están contemplados en los artículos 195 y 196 del Código Penal.

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