La Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández por la comisión de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos en las piezas de los ERE por las ayudas concedidas a las empresas Surcolor y Acyco. Hace una semana, el juez de instrucción Álvaro Martín concluyó la tercera pieza del caso de los ERE con 16 procesados, seis de ellos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, por la ayuda de 2,3 millones de euros concedidos entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de la empresa Surcolor. Previamente había finalizado la primera, con otras doce personas procesadas, seis de ellas exaltos cargos, por ayudas de 3,2 millones concedidas a la empresa Acyco.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción relativo a Surcolor, al que ha tenido acceso Efe, pide ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para Fernández y para el ex viceconsejero de Trabajo, Agustín Barberá, por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación, al igual que al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el ex delegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla, Antonio Rivas. Para el resto de directores generales, -Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez- el fiscal pide seis años de prisión y diez de inhabilitación.
En el correspondiente a Acyco, la Fiscalía reclama para Fernández un total de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y malversación, así como cuatro años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación y de falsedad en documento oficial.
Asimismo, y dentro de esta pieza, pide 12 años y medio de prisión para el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; ocho años de cárcel para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y seis años y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, para los ex directores generales de Trabajo Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez.
Para el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y la ex presidenta de la empresa Encarnación Poto Mongue, la Fiscalía pide ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación, la misma pena que solicita para el abogado José María Caballero Real, Antonio Albarracín y Gabriel Barrero Raya.
Se da la circunstancia de que el consejero Antonio Fernández, el viceconsejero Agustín Barberá y los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez están también procesados en la denominada pieza política de los ERE, con 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En dicha pieza política, el Ministerio Fiscal pide ocho años de prisión para Antonio Fernández.
En el escrito de acusación que ha dirigido al juez instructor relativa a Surcolor, Anticorrupción pide también ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para el abogado Carlos Leal Bonmati -por prevaricación y malversación- y para el ex directivo de Vitalia Antonio José Albarracín Muñoz.
La Fiscalía señala que “el conseguidor” Juan Lanzas, para el que pide también ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación, hizo que el también encausado Francisco Algarín Lamela, “como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes”, facturara 118.752 euros.
El escrito destaca que Lanzas y Algarín, su supuesto testaferro, deberán responder por la cuantía imputada a facturas falsas por importe de 118.752 euros y restituir a la Junta de Andalucía, junto con el resto de procesados por malversación (once en total) la cantidad de 400.000 euros, a juicio de la Fiscalía.
En el caso de Acyco, el proceso para aprobar la ayuda comenzó en julio de 2003, cuando presentó un ERE para extinguir 35 de sus 161 contratos, para lo que se optó por la fórmula de la prejubilación y se articuló mediante una póliza de renta colectiva, en cuya contratación medió Vitalia, dos de cuyos directivos están imputados. Entre los 36 prejubilados se incluyeron dos “intrusos”, personas que nunca trabajaron en la empresa, uno de los cuales cobraría 104.885 euros y el otro 120.200 euros, a razón de 1.200 euros y 947 euros al mes.
