Con motivo de la crisis económica, mucho dinero público se está yendo a la caridad, y ello pese a que la solidaridad social para los más pobres –es decir, el gasto público que se emplea directamente en las personas con gran precariedad de ingresos o sin ingresos– es insuficiente. Las cifras de gasto público en lo social son muy engañosas, ya que se incluye ahí mucho gasto político y burocrático que no tiene sentido contabilizar en el cálculo.

Lo más importante consiste en saber lo que reciben las personas directamente. Por ejemplo, cuál es la renta mínima garantizada, o cuánta gente la recibe anualmente. Pero el gasto social en relación al PIB esconde y oculta un gasto poco justificable para contabilizar como gasto social. Sin embargo, más allá de ese debate técnico sobre cómo se cuentan las cosas, lo importante es saber cuál es la situación de verdad.

 

Protección social

En primer lugar tenemos el estado de bienestar: esto es, básicamente, la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, las pensiones y la protección social por desempleo. Por su puesto que se pueden añadir más cosas: calidad del sistema educativo, calidad de la formación profesional, nivel salarial de los trabajadores y un largo etcétera. En todas esas cosas España es un país medio-bajo dentro de la Unión Europea. Esta situación se debe al problema estructural de desempleo masivo que padece. Eso hace que todos nuestros índices se disparen a la baja. Entonces, tiene razón Rajoy cuando dice que lo más importante es el empleo. También tenía razón Virginia Wolff que decía que lo más importante para la mujer era tener unas guineas y una habitación propia.

Más allá del estado de bienestar, está la protección social, es decir cuando una persona agota el seguro de desempleo o cuando una persona mayor no puede trabajar y no tiene pensión. Eso son los márgenes de la protección social. En general en los países más desarrollados, cuando eso sucede, lo que hay es techo y pan. Es decir, las administraciones te dan una renta de subsistencia y te proporcionan una vivienda si la necesitas; si eres una persona en edad de trabajar te ofrecen, también, formación profesional.

el sistema de protección social es muy débil y frágil y no está garantizado como derecho

Realmente esa es la aspiración mínima que se debería tener como sociedad. Sin embargo, en nuestro país, el sistema de protección social es muy débil y frágil y no está garantizado como derecho. Por muy pomposamente que las comunidades autónomas hablen de rentas mínimas garantizadas, la verdad es que no se garantizan esas rentas mínimas. Lo mismo pasa con la ayuda –muy modesta– a la dependencia. Tampoco se está garantizando. Es importante tener la aspiración de la seguridad. Las personas deben saber que, si se quedan sin trabajo o si ya no están en condiciones de trabajar, pueden al menos subsistir .Eso no está garantizado en España. Por supuesto, algunos podrían decir que pocos países en el mundo lo garantizan. Se equivocan: la mayoría de los países con rentas per capita por encima de 30.000 dólares lo garantizan de una u otra manera.

Se suele poner el ejemplo de EE.UU. como estado desastroso en la protección social, pero esa idea de considerarlo un país sin sistema de protección social es totalmente injusto. Quizás no sea un ejemplo perfecto, pero se puede afirmar que un pobre vive mejor en EEUU que en España. Además, en EEUU hay muchísimos menos pobres. Y qué decir de los países nórdicos o de Centroeuropa, donde la protección social es muy sólida. Si exceptuamos el caso francés, donde el laicismo ha dado una impronta fuerte de estado social al país, en el resto de países católicos la protección social es media-baja: Italia, Grecia, Portugal, Polonia. Es decir, en la fortaleza de la protección social influyen más factores que la renta de un país.

un pobre vive mejor en EEUU que en España

 

Paradojas y falsedades

El informe realizado por Comisiones Obreras sobre la protección social en España refleja asépticamente, cual es la situación en España: “Los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de protección social se muestran claramente superados ante la realidad creciente que deben proteger. Son ya 771.000 los hogares, y no dejan de crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales (salario, pensión, desempleo, subsidios…); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cápita inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son niños); casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material severa”; es decir, que no pueden acceder a bienes básicos (como calefacción, alimentos, vivienda…). La desigualdad social crece”.

casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material severa”

En nuestro país, entre cinco y siete millones de personas deberían estar protegidos socialmente de otra manera a como están. Pongamos el caso de las rentas mínimas garantizadas. Aparte de que no están garantizadas, estas rentas mínimas de inserción cubren a poquitísima gente. En el año 2013, las personas beneficiadas fueron 258.000 y la cuantía media fue de 418 euros. Pero lo más curioso es que el programa que suponía, en ese año, 1.041.000.000 euros, la mitad era gasto del País Vasco, donde la cuantía de la renta mínima era mucho mayor que en el resto de España. En efecto, en el País Vasco, la nación como menos desempleo de España, en el año 2013 los perceptores de la renta mínima fueron 75.000 personas, y la renta mínima se situó en 663 euros. Paradójicamente, en Extremadura, la región con más desempleo de España, los perceptores fueron 1.266 personas y la renta mínima 400 euros. Desde luego estas cifras hablan muy bien del Gobierno vasco.

España es un país paradójico: tenemos una guardia civil que es militar y unas organizaciones no gubernamentales que son del gobierno.

Cuanto más caridad hay, menos protección social existe

 

Iglesia y ONG

La crisis económica ha debilitado nuestro estado de bienestar y el futuro del mismo es incierto. En cuanto al sistema de protección social para las personas que no tienen nada, era apenas inexistente. Ahora se está convirtiendo en una necesidad para la tan anhelada –por los ricos– estabilidad política y social, pero es difícil que se pueda reforzar.

Y en medio de este turbulento presente, fondos públicos de todas las administraciones se dirigen hacia las iglesias, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales, ávidas de caudales para apuntalar el negocio de la caridad. El tener una Iglesia católica muy activa en la asistencia social –generalmente utilizando fondos públicos– empobrece el sistema público de protección social. Cuanto más caridad hay, menos protección social existe.

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