El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Artículo 108, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tener un delincuente confeso como presidente, debe ser la gota que derrame el vaso, debe irse. El espionaje del gobierno de Enrique Peña a periodistas, activistas, opositores y hasta correligionarios es un delito grave.

La noticia del espionaje por parte del gobierno mexicano publicada en The New York confirmó lo que ya se sabía y no había forma de probar, gracias a esa publicación sabemos que celulares de distinguidos periodistas y defensores de derechos humanos fueron atacados por un malawere que sólo puede adquirir el gobierno y así lo hizo, lo usaron no para perseguir delincuentes, a los que por cierto sólo pueden espiar mediante expresa autorización judicial.

Es perverso el uso que le dieron a esa tecnología para reprimir periodistas y activistas, ya hasta los aliados del presidente y correligionarios se declaran espiados, vivimos la dictadura. Habrá especialistas y políticos que amparen al presidente en una supuesta inmunidad, lo cierto es que hay una letra que seguir para acreditar la responsabilidad del presidente Peña, la declaración de procedencia en la Cámara de diputados y el Senado constituido en jurado de sentencia es el camino para condenar esta deplorable práctica.

Como mexicanos debemos exigir se termine con la clásica política de control de daños, estamos frente a un gobierno de delincuentes, porque además de la gravedad de la conducta delictiva establecida como violación de la comunicación privada, se acumulan más delitos propios de los servidores públicos.

Si nos limitamos a la literalidad del artículo 108 constitucional, delitos graves del orden común, en el caso del código penal de la Ciudad de México en su artículo 334 se establece:

A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a mil días multa.

A quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a mil días multa.

La mafia que gobierna este país ha sido descubierta en pleno ejercicio del poder, violando principios constitucionales que son derechos humanos, ciudadanos que reciben un trato peor que delincuentes, su pretendido delito es ejercer su libertad de expresión, esto no debe quedar cómo una página más en la historia del México corrupto, la corrupción no somos todos, tiene nombre y apellido y la dirige Enrique Peña desde la presidencia de la República.

Los contundentes elementos del gobierno espía debieran ser de oficio abordados por la Cámara de diputados, seguramente se esperarán a recibir la denuncia de ciudadanos conscientes de lo atentatorio del espionaje a la dignidad de las personas.

La propia constitución así lo autoriza: Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión…(artículo 109)

Esta investigación debe llamar a comparecer de inmediato al secretario de gobernación, al procurador y al director del centro de investigación y seguridad nacional (CISEN), todos bajo las órdenes del presidente de la República. Seguir con la batea de babas de que será la Procuraduría General de la República la encargada de la investigación siendo parte de la presunta red delictiva es inconstitucional, va en contra del más elemental principio de imparcialidad.

Pedir que se siga el cauce ordenado por la Constitución pareciera ingenuo pero la lucha por la democracia en México en gran medida implica pedirle al gobierno que obedezca la ley, el Estado de Derecho en medio de la crisis ética y moral es un concepto hasta revolucionario.

En otros países se agotan las instancias, en España Mariano Rajoy enfrenta una posible moción de censura por acusaciones de corrupción, o bien, en Brasil su presidente es acusado también por corrupción o sin ir más lejos los norteamericanos realizan una investigación a Donald Trump por la intervención rusa en las elecciones y su posible obstrucción a la justica. Si revisamos la historia podremos recordar el caso Lewinsky del presidente Bill Clinton, incluso se han separado del cargo, como lo hiciera Richard Nixon por el watergate.

El gobierno espía es la oportunidad para romper con la inercia de corrupción e impunidad, los mexicanos no somos corruptos, somos gobernados por una minoría corrupta, que trata de hacernos parte de esa forma de vida, rechacemos esta condena y reclamemos acatar la Constitución, si Enrique Peña no quiere renunciar entonces que afronte el juicio de cualquier forma él debe irse y junto con él la tradición de gobiernos mafiosos.

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