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El 55% de las mujeres han sufrido acoso sexual a lo largo de su vida, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que revela que en el 32% de los casos el agresor era jefe, compañero de trabajo o cliente.

Con estos datos que descubren un dramática realidad a la que no podemos dar la espalda, hemos llevado el debate hasta el Parlamento Europeo, donde hemos aprobado un informe que reclama una estrategia que incorpore legislación vinculante para proteger a las mujeres frente a este tipo de violencia de género.

Pero en este debate hemos querido ir más allá y hemos puesto el foco en el propio Parlamento Europeo, que hace unos días fue objeto de informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, que denunciaban casos de acoso y abusos sexuales en el seno de la propia institución.

Estamos ante un problema estructural extendido por toda Europa, y en el mundo entero, con víctimas y agresores de todas las edades, de todos los niveles educativos y posición social… Y el Parlamento Europeo no es una isla. Ocurre en esta institución comunitaria como ocurre en una fábrica, en un ayuntamiento o en la redacción de un medio de comunicación, porque estamos ante un tipo de violencia que hunde sus raíces en la desigualdad entre las mujeres y los hombres en la sociedad y que sigue sin denunciarse, en su inmensa mayoría, por la persistente falta de sensibilización social y la falta de apoyo a las víctimas.

La igualdad de género es un valor fundamental de la Unión, consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, y nuestra obligación es defenderlo.

La Eurocámara cuenta con normas internas para atajar el acoso sexual y existe un Comité consultivo que tramita las denuncias, las estudia y trata de resolverlas… Pero a la luz de las denuncias conocidas en los medios, estos mecanismos se han mostrado insuficientes, por ello hemos aprobado un informe que recoge, entre otras medidas, la constitución de un grupo de trabajo formado por personas expertas independientes que estudie con urgencia y exhaustivamente la situación, que proponga cambios y herramientas útiles y eficaces, tanto para prevenir como para apoyar a las víctimas ante la administración y ante la policía.

Aprobado el informe por la práctica totalidad de la cámara, los eurodiputados y eurodiputadas hemos dicho muy claro que no vamos a ser cómplices, que no queremos que las mujeres sientan vergüenza ni miedo a perder sus puestos de trabajo, que tienen que dejar de sentir culpa por algo de lo que sólo es responsable quien acosa y quien agrede.

Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad prevenir los abusos, apoyar a las víctimas y arrojar la luz sobre el agresor. Es una cuestión de justicia y de dignidad, la de todas las mujeres, pero también la de la sociedad en su conjunto.

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