Todo el parlamento conocía la identidad del asesino de García Caparrós y la ha ocultado 40 años

Una secretaria judicial desvela que el cabo de la Policía Armada M.P.R. disparó presuntamente la bala que mató al estudiante malagueño el 4-D de 1977

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Susana Díaz prometió hace menos de un mes a las hermanas del asesinado investigar la identidad del autor del disparo.

El joven malagueño de 18 años Manuel José García Caparrós se manifestó aquel 4 de diciembre de hace ahora 40 años para reclamar una autonomía plena para Andalucía, como cientos de miles de andaluces. Una certera bala reglamentaria de 9 milímetros disparada presuntamente por el cabo primero de la Policía Armada M.P.R. acabó con su vida en plena calle de la capital malagueña. El manto de silencio que hasta hoy se ha mantenido a todos los niveles institucionales ha saltado por los aires con la investigación de la secretaria judicial Rosa Burgos, que publica ahora Las muertes de García Caparrós, una década después de su primer abordaje a este asunto en el libro La muerte de García Caparrós. La revista malagueña El Observador adelanta estos datos oficiales que aún hoy el parlamento español sigue ocultando a la ciudadanía.

En el libro de esta funcionaria judicial se desvelan todas las actas secretas de la comisión parlamentaria que investigó el asesinato de este joven trabajador de Cervezas Victoria y afiliado a Comisiones Obreras. En ellas se puede constatar cómo todo el arco parlamentario del momento conocía las conclusiones de la investigación y todos los detalles de la misma, pese a que hoy, cuatro décadas después, la Mesa del Congreso de los Diputados acaba de vetar aún parte de las actas de aquella comisión parlamentaria, entre ellas los informes de balística que ahora ha publicado Rosa Burgos en su investigación.

Estos informes de aquellos años determinan que presuntamente fue el citado cabo primero de la Policía Armada el que disparó aquella bala asesina sobre la que se extendió un implacable manto de silencio hasta hoy mismo.

Las autoridades de la Transición atribuyeron los hechos de aquel 4-D a la complicada situación socioeconómica que vivía Málaga. El actual alcalde de la ciudad andaluza desde el año 2000, Francisco de la Torre (Partido Popular) participó desde las filas de la extinta UCD en la comisión parlamentaria que investigó y silenció los hechos. Los cargos superiores al agente que presuntamente disparó sobre García Caparrós elevaron un escrito al juzgado en el que se concluía: “No se puede determinar qué persona causó la muerte por el desorden y agresividad de los manifestantes”.

De hecho, estos datos reveladores que hoy ven la luz a través del libro de Rosa Burgos aún sigue siendo vetados por el Congreso de los Diputados en pleno 2017, cuatro décadas después. La diputada de IU por la provincia de Málaga, Eva García Sempere, también ha intentado sin éxito acceder a todas las actas secretas del Congreso sobre aquellos hechos. No duda un instante al criticar lo que considera un “pacto de silencio” de la época “para que nadie empañara la Transición”.

Todo lo que envuelve al crimen del joven sindicalista malagueño no sólo está rodeado de misterio, también hay mucho de hipocresía y complicidad institucional. Y por supuesto de paradojas. Tanto es así que la placa que en el año 2002 se levantó en memoria del asesinado se colocó con el nombre mal escrito y en un lugar equivocado, que para colmo se acaba de ser reconocido, este mismo martes 28 de noviembre, por la Junta de Andalucía como Lugar de la Memoria Democrática. Y como guinda a tal desaguisado, ni siquiera se hace alusión alguna al motivo que llevó a la colocación de esta placa en homenaje al asesinado. “La Ciudad de Málaga en recuerdo de D. José Manuel García Caparrós”. Una placa que, además, ha recibido y recibe continuos ataques de grupos radicales de ultraderecha.

El silencio que impuso la comisión de investigación del parlamento contó con la complicidad de formaciones como Alianza Popular (hoy PP) o PSOE, que hoy se vuelcan en recordar la figura del joven manifestante asesinado por la policía armada. Tanto es así que Ayuntamiento (PP), Diputación Provincial (PP) y Junta de Andalucía (PSOE) lo han nombrado Hijo Predilecto pese a que son algunos de los partidos, entre otros muchos, que en plena Transición, decidieron silenciar sine die lo investigado, y aclarado, respecto a aquel día en que Manuel José García Caparrós se convertiría para siempre en un mártir del andalucismo.

Incluso la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha recibido hace apenas un mes a las tres hermanas del joven asesinado en la sede de la Presidencia de la Junta. Díaz les prometió que reclamaría al Congreso de los Diputados el expediente completo de la denominada ‘Comisión de Encuesta de los Sucesos de Málaga y La Laguna de Diciembre de 1977’, en la que se investigó la muerte de García Caparrós, ya que la información que hasta ahora tiene la familia “está con tachaduras, es incompleta y parcial”.

El informe de balística desvelado en el libro de Burgos y adelantado por El Observador es lo suficientemente clarificador para que no haya explicación posible al motivo que ha posibilitado que el silencio sea aún el protagonista de aquellos hechos que convirtieron ya para siempre a Manuel José García Caparrós en mártir del andalucismo. “Por lo que respecta a la pistola marca STAR, modelo S, con número de serie […] se observó una ligera similitud entre algunas de las lesiones con valor identificativo impresas en las balas ‘testigo’ por ella disparadas y en algunas de las contenidas en la bala ‘dubitada’ de referencia. No obstante, la escasez de dichas similitudes, unida a la carencia en dichas balas ‘testigo’ de otras lesiones con valor identificativo que se observan en la bala ‘dubitada’, son insuficientes para determinar si dicha bala ‘dubitada’ ha sido disparado, o no, por esta pistola”, concluye dicho informe de balística.

La pistola de la que presuntamente salió el proyectil que mató a García Caparrós, perteneciente al cabo primero M.P.R., fallecido hace unos años, fue dada de baja poco después, en enero de 1979, algo inusual ya que funcionaba perfectamente, según subraya el informe de la investigación. Sólo la jubilación de un agente, su baja en el Cuerpo o la posibilidad de que esté en mal estado son los motivos por los que se dan de baja estas armas, circunstancia que no se produjo en el caso García Caparrós.

Además, cuenta Burgos que un testigo de los hechos dijo que el presunto autor del disparo “faltó a la verdad en su declaración pues declaró no haber efectuado ningún disparo y A.V.P. testifica que M.P.R. efectuó varios disparos”.

 

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