El fiscal pidió cuatro años y medio de cárcel para Katiana tras participar en un piquete informativo. Foto: La Sexta.

El artículo 315.3 del Código Penal está causando auténticos estragos entre los representantes y afiliados sindicales que han participado en piquetes informativos durante las jornadas de huelga de los últimos años. La aplicación de este artículo ha llevado al banquillo de los acusados a al menos 300 sindicalistas, algunos de los cuales se han enfrentado a penas de hasta 8 años de cárcel, según informan fuentes de UGT.

El 315.3, incluido en el apartado de delitos contra los derechos de los trabajadores, establece que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”. Unidos Podemos, mediante una proposición de ley, exigió la eliminación del polémico artículo, así como el archivo de las causas y la anulación de las condenas contra todos aquellos sindicalistas que han sido llevados ante la Justicia por participar en piquetes informativos.

El Grupo Parlamentario Popular introdujo una enmienda a la totalidad contra la supresión de este artículo que numerosos juristas consideran “un ataque contra el derecho de huelga en sí mismo y en consecuencia contra la Constitución española”. Sin embargo, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada la enmienda de los populares y ha decidido continuar con la tramitación de la propuesta de ley que en su día impulsó Podemos. La decisión de la Cámara Baja ha sido aplaudida por sindicatos como UGT, que ha manifestado su “satisfacción” por el rechazo a la iniciativa del Partido Popular.

“Esta persecución del derecho de huelga forma parte de una campaña del Gobierno del PP, en la anterior legislatura, a través de la Fiscalía General del Estado y mediante medidas legislativas contra las libertades ciudadanas, así como un ataque continuo y sistemático a todo el movimiento sindical. El Gobierno del PP, utilizando su mayoría absoluta, aprobó una serie de reformas para acallar la protesta social (como la conocida Ley Mordaza) e intentar criminalizar y castigar el derecho de huelga, al amparo de un artículo en desuso, como es el 315.3 del Código Penal”, aseguran las fuentes de Unión General de Trabajadores.

De salir adelante la derogación del artículo, la Justicia se vería obligada a anular las condenas ya impuestas y se borrarían los antecedentes penales de las personas afectadas, que tendrían derecho a ser indemnizadas conforme al tiempo que hayan permanecido en prisión. Además, el dinero que hayan abonado en concepto de multa les sería reintegrado de inmediato. UGT recuerda que “desde hace años ha realizado llamamientos y movilizaciones a la derogación de un artículo en el que se expresa claramente un espíritu político y una forma de gobernar caracterizada por la restricción de derechos y libertades básicas de la ciudadanía, con el que se ha intentado silenciar la libre expresión de rechazo a las políticas implementadas durante la crisis económica, así como el hartazgo frente a la pérdida de calidad democrática”.

El PP, en su deriva autoritaria, decidió aplicar este artículo en medio de la crisis económica ante la gran conflictividad social y las mareas ciudadanas que protestaban contra los recortes de Rajoy. Hoy el 315.3, como otras normas restrictivas de derechos fundamentales promulgadas durante el gobierno popular, está a un paso de ser derogado.

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