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El Parlament lleva el 155 al Tribunal Constitucional

Por su parte Ciutadans, PSC y PP han argumentado que la decisión del Gobierno, avalada por el Senado, responde a la vulneración de la legalidad estatal vigente por parte del Parlament y del Govern

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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La Diputación Permanente del Parlament, con el apoyo de Junts pel Si y en Comú Podem, con la abstención de la CUP – su partido no reconoce al TC ninguna competencia ni autoridad – ha acordado llevar al Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la oposición de los partidos constitucionalistas, argumentando que el 155 vulnera el autogobierno, el Estatut y la Constitución.

Por su parte Ciutadans, PSC y PP han argumentado que la decisión del Gobierno, avalada por el Senado, responde a la vulneración de la legalidad estatal vigente por parte del Parlament y del Govern.

Lluís Corominas, de Junts pel Sí «La conjura ha sido la del Gobierno del Estado para usar los organismos del Estado para anular la autonomía de Catalunya y encarcelar las ideas en Catalunya. Denunciamos esta actuación política teóricamente en un marco jurídico», ha añadido. Corominas ha anunciado que se usará la vía del TC y si es preciso la vía europea contra el 155. Asimismo, ha citado el informe del Consell de Garanties Estatutàries que -si bien ha visto bien la aplicación del 155 para la convocatoria de elecciones por ser el mecanismo «menos lesivo»

Marta Ribas, de Catalunya Sí que es Pot, ha expresado su apoyo al recurso porque desde su grupo han afirmado siempre que «ni DUI ni 155». Y porque «se han sobrepasado límites democráticos, procedimentales y legales, estatutarios y constitucionales, en la aplicación de este artículo por parte del Senado y del Gobierno». Ribas también ha recordado que Unidos Podemos y En Comú Podem ha presentado recurso al TC contra el 155 para «revertir lo antes posible esta anormalidad política, recuperar el autogobierno y para aclarar los límites democráticos del 155 y sentar jurisprudencia» para evitar que el Gobierno de Rajoy use este precepto constitucional contra otras autonomías «no complacientes» con el PP.

Carlos Carrizosa, de Ciutadans, ha defendido la aplicación del 155: «Porque ustedes llegaron hasta el final, se les requirió que volvieran a la legalidad, el señor Puigdemont pudo convocar elecciones pero como no lo hizo hubo que convocarlas por el artículo 155, operó como verdadera última ratio». Carrizosa ha defendido que el 155 sirvió para convocar elecciones porque la democracia había sido «secuestrada» en Catalunya por la mayoría independentista. En una sesión con todavía aires electorales, Carrizosa ha recordado en varias ocasiones que Ciutadans ha ganado las elecciones del 21-D. «Si respetar las leyes no es suficiente, por lo menos respeten a la democracia y a la mayoría que se ha pronunciado en favor del respeto a las leyes» en las elecciones, ha concluido.

El líder del PSC, Miquel Iceta, también ha rechazado recurrir contra el 155 por la vulneración del marco legal por parte del Parlament y el Govern: «Vistos los antecedentes de continua violación de la legalidad estatutaria y constitucional por parte de la mayoría parlamentaria y del Govern, como se podía haber parado de otro modo un proceso político que, aparte de querer liquidar el estado de derecho, dividió a nuestra sociedad, debilitó la economía y afectó al prestigio» de las instituciones. Iceta se ha felicitado de que Junts pel Sí recurra ahora al Constitucional, con lo que legitima este órgano. Iceta ha acabado insistiendo en la ausencia de una mayoría social a favor de la independencia y ha pedido que se abandone la tentación de medidas por la vía unilateral.

Alejandro Fernández, del PP ha defendido su voto en contra del recurso pero, como ha hecho Carlos Carrizosa, de Ciutadans, se ha felicitado porque la mayoría independentista apele ahora al Tribunal Constitucional. Fernández ha afirmado que el dictamen que hizo el Consell de Garanties Estatutàries sobre la aplicación del 155 «dice que todo es legal excepto la destitución del Govern» por ser «una medida desproporcionada».

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