La senadora Paloma Valencia

Paloma Valencia es analista política, abogada y senadora de la República de Colombia por el Centro Democrático. Uribista desde la primera hora y fiel escudera del presidente Uribe, en esta entrevista se muestra muy optimista y positiva con respecto al nuevo curso político que comienza de la mano del electo Iván Duque. Valencia también cree, sin dudarlo, en la inocencia del ex presidente Uribe (salpicado por un supuesto caso de soborno y fraude procesal) y considera que las FARC deben pagar por sus crímenes.Hay que reducir de una forma drástica los gastos innecesarios del Estado y concentrarse en los que generen inversión y desarrollo social y económico. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a recuperar el equilibrio económico, que hoy no lo hay, y retomar el rumbo del impulso perdido bajo el anterior Gobierno, asegura.

¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras su última revisión legislativa?

Nosotros hemos logrado como primera victoria del Gobierno electo de Iván Duque que los procesos a los militares se suspendan y que haya una reglamentación especial para la Fuerza Pública. Nosotros creemos que los militares no pueden ser tratados de la misma forma que los terroristas, sino con una normatividad especial. Otro aspecto fundamental que hemos defendido es que los magistrados que juzguen a los militares deben conocer el oficio de la milicia, saber qué es lo que están tratando y que sepan cuáles son los manuales de operaciones de nuestras Fuerzas Armadas sin que se generen beneficios que premien a la delación. Y es que es muy grave que a cambio de las confesiones se obtenga la libertad porque entonces se está forzando a que la gente confiese para que quede libre e incluso que eso se haga a base de mentiras. Nosotros también consideramos que se debe defender el buen nombre de la institucionalidad, en este caso de las Fuerzas Armadas, y también de nuestra policía, y es por ese motivo por el que hemos solicitado con éxito esa transición, para que el nuevo Gobierno pueda ejecutar los nuevos cambios que son fundamentales.

¿Cree que el Fuero Militar que fue suprimido por el presidente Álvaro Uribe se volverá a implementar? ¿Qué pasará con el mismo?

Lo que es curioso del Foro Penal Militar es que hoy está consagrado en la Constitución de la República. De hecho, el Gobierno presentó algunas proposiciones para crear un Fuero Militar rígido y con algunas modificaciones que presentamos el presidente Uribe y yo misma. Hoy el Fuero Militar dice que sirve para todas las operaciones que se hayan efectuado con órdenes emanadas de una forma legítima. Y que los militares deben ser juzgados por jueces que conozcan bien a las Fuerzas Armadas. Pero, en la práctica, lo que ha ocurrido es que el Fuero Militar ha ido desapareciendo porque muchas de sus competencias fueron absorbidas por la justicia ordinaria, algo que no se entiende porque finalmente decisiones administrativas de rango inferior han ido en contra de lo que dice la Constitución misma. Ese asunto me parece inadmisible y así lo hemos hecho saber.

¿Cree que en Colombia puede llegar a ocurrir lo de Argentina, donde los militares están siendo procesados, condenados y cumpliendo largas condenas?

No, yo creo que esa situación no se dará en Colombia, ni siquiera con la JEP. Creo que los militares en Colombia no se van a encontrar en esa situación, sino que aquí la pregunta es más bien al revés, es decir, si los terroristas de las FARC, que han cometido miles de crímenes atroces, secuestros, delitos de todo tipo y acciones terroristas brutales, por relatar algunas de sus tropelías, van a pagar un solo día de cárcel por esos hechos. ¿Quedarán impunes todos esos delitos? Y en ese caso, nosotros, desde el Centro Democrático, creemos que la Corte Penal Internacional (CPI) debería actuar y tomar las oportunas medidas para que se haga justicia y que los miembros de las FARC que han perpetrado todos esos hechos atroces respondan ante la justicia y sean condenados. No admitiremos nunca que se le imponga a Colombia esta situación de abierta impunidad que se nos pretenden imponer desde algunas instancias.

¿Qué expectativas tiene ante el nuevo curso político y ante el nuevo Gobierno del presidente Iván Duque?

Tengo muchas y positivas expectativas ante el nuevo Gobierno. Creo que tiene ante sí grandes retos y desafíos, sobre todo en el área económica, para poner en marcha el aparato productivo colombiano, asunto que, en mi opinión, requiere una drástica bajada en los impuestos y que, al mismo tiempo, se mejoren los ingresos de los que tienen un salario mínimo. Es muy importante que mejoren los ingresos de los que viven con el salario mínimo y los que están en la economía informal. En Colombia más del 50% de la población vive con un salario mínimo y eso significa que el gran desafío del nuevo ejecutivo es que debe de mejorar los ingresos de los más pobres. Tenemos que ser capaces de generar una economía productiva que sea capaz de crear nuevos empleos y también mayor riqueza para todos. Tenemos que bajar los impuestos, subir el salario mínimo y, al mismo tiempo, reducir el gasto público con medidas de austeridad que considero absolutamente necesarias. Hay que reducir de una forma drástica los gastos innecesarios del Estado y concentrarse en los que generen inversión y desarrollo social y económico. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a recuperar el equilibrio económico, que hoy no lo hay, y retomar el rumbo del impulso perdido bajo el anterior Gobierno.

¿Qué posición tiene el Centro Democrático ante el grave problema de la corrupción que padece Colombia y ante la próxima consulta sobre este asunto?

Yo fui parte de la negociación entre el Partido Verde y el Centro Democrático ante la consulta sobre las medidas anticorrupción y llegamos a acuerdos importantes sobre este asunto. Y, además, me tocó convencer a mi partido sobre la consulta, algo que como usted sabrá no estaba muy convencido, y que aceptara sus contenidos, que aunque con falencias y debilidades, incluso con problemas de redacción, tenía aspectos de fondo que considero fundamentales. El mensaje de fondo, considero, es que los colombianos nos movilicemos contra la corrupción y sus dañinas consecuencias, mandando una señal a los políticos tradicionales de que los ciudadanos de a pie no quieren la corrupción de ninguna forma.

No hemos podido comprometernos en la campaña electoral como hubiéramos querido porque se nos atravesaron problemas centrales, como por ejemplo la persecución política y penal al presidente Uribe, lo que nos impidió un mayor trabajo de calle para que la gente conociera nuestras propuestas en este sentido. A este respecto, la defensa de la inocencia del presidente Uribe es una prioridad y no vamos a permitir que se le atropellen sus derechos. Mientras los criminales están en libertad, hombres inocentes como Uribe son sometidos al examen de una justicia que opera muchas veces por razones políticas.

En Colombia, además, tenemos el problema de los falsos testigos para imputar a inocentes en delitos que nunca han cometido, como pasa ahora con el presidente Uribe. Es un problema de graves consecuencias para todos. Hay personas en la cárcel, con grandes condenas, que se dedican a levantar falsos testimonios contra personas respetables y así dañarles su imagen para siempre, obteniendo a cambio de esas falsas acusaciones rebajas en sus penas y beneficios carcelarios. No se puede permitir que criminales comprobados y condenados enloden la imagen de hombres que, como Uribe, sirvieron al país de una forma ejemplar y limpia. Pero, en definitiva, no perdemos de vista que la corrupción es uno de los grandes problemas del país y que debe ser enfrentado con medias eficaces y audaces.

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1 Comentario

  1. Me parece un apregunta tendenciosa mientras no paguen los causantes de que los pobres tengan que armarse para ser respetados
    Pero asi es la manipulación informativa pre-dominante

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