Ha aparecido en las últimas semanas un debate sobre el turismo en todos los medios de comunicación que parece novedoso, pero que, sin embargo, lleva mucho más tiempo en medios locales de Catalunya, Baleares o San Sebastián. El foco de este debate parece ser Barcelona, no en vano el turismo aparece como la principal preocupación de sus habitantes y el vocablo de moda turismofobia parece tener también aquí su origen.

Hay dos maneras equivocadas de enfocar este debate que, desgraciadamente, parecen ser las que hegemonizan las pantallas de televisión y las portadas de los diarios. La primera de ellas es centrar el debate en una inexistente turismofobia. La turismofobia es un invento de los empresarios del turismo y de la oposición a Ada Colau (PP y PDeCAT) que oculta el debate real del impacto del turismo en los barrios, especialmente en el precio del alquiler, pero también en la cotidianidad del comercio local y otros aspectos.

El segundo error más común es el de aceptar que pese a las molestias que el turismo pueda causar a los locales, el turismo crea riqueza. Si esto fuera así, los municipios turísticos serían los más ricos de España. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. En el listado que elabora el INE Torrevieja, Fuengirola, Benalmádena o Benidorm comparten el pódium entre los 10 municipios más pobres de España. Los municipios cuya principal actividad económica es el turismo son más pobres.

La pregunta adecuada para un debate sobre el turismo sería por qué el turismo empobrece. Porque parece claro que el dinero que gastan los turistas no compensa a los habitantes de las zonas turísticas. El dinero que los turistas gastan no se queda en las zonas turísticas. Los grandes grupos hoteleros han financiado su expansión internacional a costa de precarizar los empleos y lo han podido hacer gracias a las reformas laborales de 2010 y 2012. Un gran empresario hotelero, Antonio Catalán presidente de AC Hoteles, cargaba contra la “explotación” en el sector y sostenía hace un año que “no se puede pagar tres euros por habitación”. Hoy ya se pagan entre 1,5 y 2 euros por habitación. El salario de una jornada completa en un hotel de lujo de Barcelona apenas supera el umbral de pobreza.

En la competencia entre residentes y turistas por el mismo espacio urbano los primeros tienen todas las de perder. La irrupción de empresas que se mueven en la ilegalidad como Airbnb, pero también inversores extranjeros en vivienda, están provocando un aumento del 10% al 30% del alquiler en ciudades como Palma, Donostia, Valencia, Barcelona y el litoral catalán. En los barrios turistificados los comercios propios de un parque temático sustituyen los comercios de comida. Los turistas son más rentables que los residentes para el capitalismo de servicios y el turismo global.

En los aeropuertos españoles se produce también la paradoja de que mientras se baten récords de viajeros, se incrementan los espacios comerciales y aumentan los ingresos de AENA, también aumenta la conflictividad laboral. La AENA privatizada en un 49% -privatización sospechosa de salir al mercado a un precio inferior al del mercado- de sus acciones reparte la mitad de su beneficio en dividendos para TCI Fund (15,7%), HSBC (5,2%), Deutsche Bank (4,3%), Talos Capital (3%) y BlackRock (2,9%). Unos dividendos cada vez mayores por una política comercial agresiva que busca aumentar el canon en las licitaciones a costa de los salarios de los que trabajan en un aeropuerto: restauración, limpieza o vigilancia. En el aeropuerto ocurre a pequeña escala lo que ocurre en las zonas turísticas de España: crecen los turistas, pero la riqueza del turismo pasa de largo para la mayoría.

Los distintos gobiernos -central, autonómicos y ayuntamientos- deben gobernar el turismo para las mayorías y eso significa hacer partícipes al conjunto de la sociedad de los ingresos del turismo. Los grupos hoteleros, los rentistas y los fondos de inversión extranjeros no pueden manejar los hilos del turismo en su propio beneficio. Eso no es una democracia. Lo democrático es aumentar salarios, racionalizar el número de plazas hoteleras, luchar contra el fraude fiscal de rentistas y empresas como Airbnb, generalizar la tasa turística y preservar el medio ambiente. El debate es si queremos un país para el turismo o un turismo para el país.

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