El PP ha asumido al menos 12 de los 19 puntos que exigía Vox para apoyar la investidura de Juanma Moreno Bonilla como nuevo presidente de Andalucía. Quizá, a fin de cuentas, no haya sido tan complicado el pacto, ya que algunas de las propuestas de los extremistas estaban ya incluidas en el programa del Partido Popular.
Las principales concesiones de los populares se han hecho en el terreno de lo social. Así, en el capítulo de memoria histórica los ultras exigían la derogación de la ley Zapatero y su sustitución por otra que llaman “de concordia”. El PP lo ha aceptado.
Inmigración
En política migratoria, Vox sale ganando, ya que el Partido Popular asume acabar con el “turismo sanitario” y con el efecto llamada. Eso sí, no admiten los populares la expulsión de 52.000 inmigrantes, tal como exigía la formación de extrema derecha.
Educación
En el capítulo educativo, ambos partidos asumen el “pin parental”, es decir, la necesidad de que la dirección de los centros educativos pidan la autorización de los padres para impartir a los niños “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. Es decir, los padres podrán vetar, si lo desean, la formación en sexualidad. También se permite la elección del centro escolar a las familias y se apuesta por la “coexistencia” de la educación pública y privada, algo que ya existe en España.
Familia
En política familiar se acuerda la creación de la Consejería de Familia, se fomenta la natalidad y la ayuda a las familias numerosas y se da el primer paso para la abolición del aborto.
Hacienda y cuentas públicas
En fiscalidad y gasto público es donde más sintonía parece haber entre PP y Vox. Ambos partidos acuerdan una supuesta reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bajada del tramo autonómico del impuesto del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio −equiparándolo a los tipos de la escala nacional− y revertir la subida del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En todo caso, políticas de subvención que beneficiarán a las clases más poderosas, es decir, a las elites.
Ambigüedad, generalidades y demagogia
En general el pacto entre el PP y los ultraderechistas de Vox es una panoplia de principios generales abstractos, un texto vacío de contenido que revela que el acuerdo se ha hecho deprisa y corriendo para lograr la investidura de Moreno Bonilla. De entrada, ambos partidos acuerdan contribuir decididamente a “guardar y proteger el orden constitucional y la unidad de España, manteniendo siempre la máxima lealtad hacia la Corona y la Carta Magna”. No hace falta decir que lo contrario sería imposible.
En segundo término se comprometen a que la presidencia de la Junta de Andalucía trabaje “decididamente” para garantizar la igualdad efectiva de derechos y obligaciones de todos los españoles, independientemente del lugar en el que residan. Es decir, un corta y pega del artículo 14 de la Constitución. Solo faltaría que hubiesen apostado por trabajar por la desigualdad, aunque escuchando a los líderes de uno y otro partido en realidad parece que es eso precisamente lo que buscan, a juicio de las políticas radicalmente neoliberales que propugnan.
En tercer lugar ambas formaciones aseguran que el objetivo político prioritario del Gobierno de la Junta de Andalucía será la creación de empleo de calidad. Lo mismo que lleva diciendo el PP desde hace décadas mientras España sufre una de las tasas de desempleo más altas de Europa y gracias a la reforma laboral de Rajoy se ha instalado la precariedad del mercado laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores.
Corrupción
Otro punto es luchar contra la corrupción y pedir auditorías y comisiones de investigación para conocer cómo están las cuentas de la Junta tras el gobierno de Susana Díaz. Se trata de otro objetivo de perogrullo, ya que ningún partido llevará en su programa electoral fomentar los escándalos políticos, el saqueo y la corrupción. Otra cosa que está por ver es si lo que se firma en el papel se lleva finalmente a efecto. El Partido Popular no parece una garantía en ese sentido, ya que en los últimos diez años ha sido el partido más corrupto de Europa, hasta el punto de que la Justicia española lo ha calificado de “organización criminal”. De Vox solo cabe decir que de momento goza de la presunción de inocencia, aunque basta recordar que antiguos dirigentes populares condenados por sentencia firme, como Carlos Fabra, se han pasado a sus filas en los últimos meses, inyectando su dosis de “calidad ética y moral”.
¿Defensa de la Constitución o nacionalismo español?
El punto del acuerdo que apuesta por “abogar por un Gobierno basado en el diálogo y el respeto a todas las fuerzas constitucionalistas” y que condena todo ataque a cualquier fuerza política democrática se supone que no lo habrán redactado teniendo en cuenta los furibundos y rabiosos ataques que desde PP y Vox lanzan habitualmente contra el Gobierno socialista y su presidente, al que ya han colgado el cartel de “traidor a la patria” por sus negociaciones en Cataluña.
Economía
En cuanto al compromiso con la estabilidad económica, la eficacia, la eficiencia y la suficiencia financiera “como principios rectores de la programación presupuestaria y la gestión económica de los recursos públicos” nada nuevo se aporta que no hayan hecho ya otros gobiernos.
El pacto entre PP y Vox recoge “apoyar a los creadores de empleo y riqueza, autónomos, emprendedores y Pymes. Bonificar la cuota de autónomos, simplificar y reducir las trabas burocráticas y poner en marcha medidas para facilitar su financiación”. Cualquier partido con aspiración de gobierno suscribiría estas líneas, de modo que nos encontramos ante una serie de medidas abstractas que tampoco aportan novedades.
Se acuerda además “eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social. Revisar, mejorar el control y la eficiencia del dinero público destinado a la formación para el empleo y abrir los planes de empleo a la colaboración público-privada”. Falta saber si ese intento de recortar en gastos superfluos afecta también al dinero negro inyectado por empresas amigas del PP en el caso Gürtel y que iban a parar al bolsillo de sus políticos o a actos y mítines del partido.
En el capítulo educativo PP y Vox dicen “garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”. Es decir, el “pin parental” que impedirá que los escolares tengan acceso a la educación sexual tan importante para su desarrollo personal. Más papanatismo, más demagogia y más hipocresía. En cuanto a la posibilidad de elegir entre educación pública y privada eso ya ocurre en España, donde cualquier padre goza de la posibilidad de elegir el colegio de sus hijos.
En política familiar tampoco aporta demasiado el pacto PP/Vox. “Fomentar medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar, como fórmula esencial para la mejora de la calidad de vida de las familias” es un objetivo que persigue cualquier gobierno. El problema es que durante los años de mandato de Rajoy la conciliación sufrió un grave retroceso como consecuencia de la pérdida de derechos laborales de los trabajadores y la precariedad laboral. Eso sí, ambos partidos acuerdan implementar un Plan Integral de Apoyo a las Familias que fomente la natalidad (como en los tiempos franquistas cuando se subvencionaba las familias numerosas bendecidas por Dios y la Santa Madre Iglesia). Solo les ha faltado instar a los andaluces a multiplicarse y llenar la Tierra, como dice la Biblia. La mayor novedad es la creación de una Consejería de Familia para implementar estas medidas más propias de los años 50. “Ampliar la gratuidad educativa de los 0 a 3 años, mejorar la red de guarderías y beneficios fiscales a las familias” son medidas interesantes pero el PP no se preocupó por ellas en los años de Rajoy. ¿Por qué iba a hacerlo ahora?
El supuesto Plan de Mejora de la Sanidad Pública que pretenden llevar a cabo PP y Vox, y que contempla “la reducción drástica de las listas de espera, el fin de los colapsos en los servicios de urgencias, la mejora de la atención primaria y el reforzamiento de las unidades de cuidados paliativos y de las unidades del dolor” suena a nuevas privatizaciones, un modelo sanitario agotado que ha tenido consecuencias nefastas en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid o Valencia. “Facilitar el uso de tarjeta sanitaria única en todas las comunidades” en principio sería una idea positiva pero habrá que ver si finalmente se implanta.
La propuesta de poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les “proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas” huele a un primer intento por eliminar el aborto, un derecho de las mujeres reconocido por ley desde hace décadas.
En materia migratoria PP y Vox acuerdan cumplir con la legislación vigente, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas (como si no se estuviese haciendo ya), además de invertir en más policía (las mayores manifestaciones de protesta y huelgas de agentes indignados se han producido durante los años de gobierno del PP). Uno de los puntos más inquietantes es que ambas formaciones se comprometen a que la Junta de Andalucía “colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”. Prevenir el radicalismo religioso siempre es una buena medida; el problema es que se haga a costa de criminalizar a todo musulmán y ponerlo bajo sospecha en una especie de reedición del régimen de apartheid, que es lo que pretende lograr Vox.
La intención de promover la Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica ya sabemos en qué consistirá: recuperación y rehabilitación de la figura del dictador Franco, olvido de las víctimas represaliadas y de sus familias e imposición del revisionismo de nuevo cuño que pretende imponer dos ideas: que el alzamiento nacional fue necesario para frenar la revolución bolchevique y que el franquismo fue el tiempo más feliz de los españoles.
Reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza, así como “garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa” suenan a canto celestial, ya que Telemadrid y Canal 9, en los años de gestión del PP, no fueron precisamente ejemplos de libertad y pluralidad, sino más bien de manipulación informativa.
Con todo, donde más se nota el sello de Vox es en las propuestas sobre fiestas y tradiciones, otro tema estrella de los ultras en la línea de la ideología rancia y atávica de esta formación. “Apoyar por ley la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo, en su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico”; apoyar y promover las expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco o la Semana Santa; y reconocer la importancia de la caza para el mantenimiento de nuestro medio rural y la conservación de la fauna y los espacios naturales son medidas que no dejan de producir cierto sonrojo en pleno siglo XXI.
43.000 millones de deuda dejó el pp tras 20años de corrupción al País Valenciano. Además de dejarnos sin RTVV. Supongo que ja tendrán información al respecto. Si no es así peor para ustedes pero si la tenían y han votado a los caballos de pp/vox se lo merecen. Merecerán las deudas y la corrupción que han votado. Puede que les lleguen los de «apor ellos oeoeoe». En Murcia ja les pusieron las metralletas frente a las demandas ciudadanas. Quien sabe, a lo mejor se repita pero con caballos pisando tierras andaluzas. No es buena idea poner las zorras a cuidar del gallinero. En mi país ja lo sabemos.