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Críticas sociales al proyecto político del agua

Según CCOO la tradición autoritaria con la que se ha afrontado la gestión del agua por parte de la Administración, hacen necesario un pacto social más allá del acuerdo PP-PSOE

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análisis

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El pacto político sobre el agua propuesto por el gobierno ha generado críticas por parte del sindicato Comisiones Obreras. Según la dirección del sindicato, en estos tiempos de grave sequía, dicho pacto sobre la gestión de los recursos hidrológicos se debería hacer en consenso no solo con el eje PP-PSOE sino con la totalidad de actores implicados en este asunto.

El acceso al agua, un derecho humano universal

Así pues, el sindicato reclama un gran pacto social y político que tenga como objetivo el uso sostenible del agua, consensuado con los agentes sociales, comunidades autónomas, usuarios, organizaciones ecologistas, sociales, agrarias, del ámbito de la ciencia y la tecnología…, y refrendado por una amplia mayoría parlamentaria que garantice la optimización de los recursos hídricos existentes.

Comisiones Obreras ha lanzado un comunicado con aspectos importantes de los que hablar en las reuniones entre el gobierno y los demás actores y sus compromisos como organización con el estado. Por su parte se compromete a impulsar una verdadera y efectiva sostenibilidad y del agua, mediante la medición de los costes y del impacto social real de planes y actores.

Uno de los puntos en los que más presiona al gobierno de Rajoy es en el de la actualización del conocimiento científico y técnico, completando los estudios de las demarcaciones y los esquemas de temas importantes asociados a la planificación hidrológica. En especial, urge saber los volúmenes de las masas de agua subterráneas, los pozos existentes, la explotación de los mismos, las características de numerosos ecosistemas y los caudales ecológicos mínimos.

Además, buscan que en el nuevo Plan Hidrológico Nacional se haga una revisión de los “contratos de cesión de uso” que suponen la mercantilización y privatización del recurso y la revisión de los mecanismos actuales de recuperación de costes con el análisis de cánones y tarifas al usuario.

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