Mientras Carlos Puigdemont denuncia ante la televisión pública belga, en una entrevista en directo, que no hay garantías de Justicia en España, La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la orden de detención, nacional e internacional, contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro consellers destituidos que no acudieron el jueves a la citación judicial por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por la declaración de independencia de Cataluña fuera de las vías legales.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado dos autos diferentes, uno dirigido a la Fiscalía General belga para que sean detenidos en dicho país y otro de busca y captura internacional por si se encontraran en otro lugar.

La juez pide que sean detenidos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos a los que añade prevaricación y desobediencia. Además de Puigdemont, el resto de miembros del Govern cesados son Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación). La Fiscalía pidió la detención de todos ellos ante el “caso omiso” a las citaciones.

Puigdemont en la entrevista se muestra dispuesto a presentarse, en un mundo global, a las elecciones desde Bruselas, asegura que no ha huido “ni me he escapado” e insiste en que Puigdemont desea comparecer ante los jueces, pero “ante la verdadera Justicia (de Bélgica), no ante la Justicia española”.

El abogado belga Puigdemont, Paul Bekaert, ya ha anunciado que “apelará” si un juez belga decide “entregar” al expresident a las autoridades españolas, según ha afirmado en declaraciones a la televisión flamenca Terzake.

El delito de rebelión no se encuentra en la lista de doble incriminación de exención, (lista de delitos dentro de la Unión Europea que se ha constatado, ya que existen dentro de los 2 países de forma similar), y por lo tanto no hay que analizar el delito, sino que simplemente se pide la Orden de Detención Europea por ese delito, e inmediatamente el otro país europeo lo envía de vuelta.

Pero sucede que el delito de rebelión no es un delito que esté en la lista de doble incriminación de exención y por lo tanto la justicia belga tendría que entrar a analizar el fondo del asunto. Si este delito existe también en su código penal, y si además se dan los indicios de que se ha cometido ese delito. Esto es lo que realmente busca la defensa de Puigdemont y de los cinco exconsellers de su Govern. Que la justicia belga tenga que entrar en el fondo del asunto.

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