Operación Púnica. La UCO investiga las adjudicaciones del Plan Prisma

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PUNICALa Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil investiga a los empresarios que obtuvieron adjudicaciones del programa Prisma de inversiones en municipios de la Comunidad de Madrid, un programa gestionado por el Gobierno autonómico en el que se movieron 790 millones  y del que se aprovecharon empresas cuyos propietarios figuran como donantes del Partido Popular en otro sumario, el del Caso Gürtel.

El pasado 14 de junio, el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dictó un auto en el que sostiene que el consejero del gobierno regional de Madrid, Francisco Granados, “reguló el funcionamiento de los planes Prisma para tenerlos controlados en todo momento con el fin de garantizarse el absoluto dominio de las adjudicaciones”. De momento, el magistrado ha pedido a la empresa pública Arpegio, gestora de estos planes, toda la documentación que tenga al respecto. Sobre todo durante la época en que Granados fue su presidente, de abril de 2005 a diciembre de 2007.

El juez Velasco cuenta con una herramienta de trabajo muy importante. Los testimonios de David Marjaliza, uno de los principales imputados en el Caso Púnica, que ha decidido colaborar con la Fiscalía Anticorrupción para rebajar la pena solicitada. Marjaliza señaló a las empresas Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dirton, que supuestamente pagaron comisiones a cambio de hacerse con las obras del Plan.

Los dueños de Begar y Teconsa están procesados en la pieza separada del Caso Gürtel, que hace referencia a las irregularidades encontradas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid. Una pieza que ya se encuentra en fase de juicio oral a la espera del señalamiento de la fecha de la vista, que debe fijar la sección correspondiente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel para el dueño de Begar, el empresario José Luis Ulibarri. Para el propietario de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, el Ministerio Público solicita nueve años de prisión. Ambos están acusados en Gürtel de pagar 2,8 millones de euros en comisiones a cambio de obras y parcelas públicas en Boadilla. El dueño de Licuas, Joaquín Molpeceres, también fue investigado dentro del caso Bárcenas porque aparecía como uno de los supuestos donantes del PP. Finalmente no fue procesado.

Las empresas mencionadas por Marjaliza se llevaron, al menos, 17 millones de euros mediante la concesión de 43 licitaciones del Plan Prisma. Begar obtuvo uno de los concursos más jugosos: 814.000 euros por una biblioteca en Valdemoro, y Avintia también se llevó un jugoso contrato de 2,9 millones por la obra de un centro de servicios sociales en Móstoles. David Marjaliza también ha revelado cómo actuaban en Arpegio. Las concesiones se dividían en tres “lotes”. El primero, amaños llevados a cabo por técnicos de la dirección general de la que dependía el Plan, la que entonces encabezaba Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente, y “número 3” del Gobierno de Cristina Cifuentes.

El segundo eran los contratos amañados por el propio director general “y su gente” en palabras textuales del propio Marjaliza. Y, por último, los que amañaban el propio Marjaliza y su socio el consejero Granados.

González Taboada niega haber participado en esta trama y, en el mismo momento en el que se levantó el secreto del sumario, se querelló contra Marjaliza.

Por su parte, José Luis Ulibarri, dueño de Begar, construyó un entramado empresarial que ahora se encuentra en suspensión de pagos. Martínez Parra, el dueño de Teconsa, también está acusado, en otra pieza separada del Caso Gürtel, de pagar comisiones por llevarse la contratación del programa audiovisual que mostró la visita realizada por el papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2008. Y a Joaquín Molpeceres, Bárcenas lo identifica como donante de 60.000 euros que aparecen en la contabilidad B del Partido Popular. Finalmente no ha sido procesado aunque informes policiales señalan que habría abonado, a través de dos de sus empresas, Licuas y Coarsa, 225.000 euros a dos entidades controladas por la trama que presuntamente financió de manera irregular al Partido Popular.

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