Olvidos y traiciones políticas de España al pueblo saharaui. Parte I

Este año 2016 se cumple el cuadragésimo aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) nacida en 1976 tras el abandono por parte del Gobierno de España de los que había sido territorios propios, no colonia y que entregó sin contrapartidas a Marruecos.

Este año, también, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, visitará las zonas en las que habitan actualmente los saharauis, lo que le otorga especial relevancia al aniversario.

Con estos motivos ofrecemos un interesante y minucioso trabajo sobre todo ese desconocido pasaje de nuestra historia reciente elaborado por Fernando Muniesa y que hará reflexionar a nuestros lectores, sobre todo a los más jóvenes que desconocen casi en su totalidad lo ocurrido, lo que se llamó y se llama «La vergüenza y traición de España a los saharauis».

Trabajo que se complementa con la entrevista que publicamos el pasado jueves con Jira Bulahi,  la nueva delegada del Frente POLISARIO en España. 

La memoria, potencia intelectual por medio de la cual se retiene y recuerda lo pasado, no es útil sólo para adquirir erudición; también es necesaria para mantener una conducta de vida adecuada a la dignidad humana.

Una verdad especialmente entendida a partir de la era cristiana. Por poner un ejemplo, Plutarco, que además de historiador, biógrafo y ensayista, fue un moralista extraordinario, sostenía que el recuerdo de los acontecimientos pasados da ejemplos para deliberar con más acierto sobre los venideros, o si se prefiere -decimos nosotros- para gobernar mejor.

Aunque antes de Plutarco ya se había dicho y escrito mucho también sobre el término ‘historia’, muy vinculado a la ‘memoria’ al entenderse aquél como la narración o exposición verdadera de los acontecimientos pasados y dignos de recuerdo. De hecho, en ese maridaje entre memoria e historia (que en cualquier caso significan cosas distintas), encaja esta consideración de Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), político, escritor y brillante orador romano: “El que no conoce la historia -o no sabe lo sucedido antes de que él naciese- toda su vida será un niño”…

La promesa incumplida de Juan Carlos I

La responsabilidad de proteger los legítimos derechos de la población saharaui, fue asumida públicamente por el entonces príncipe de España y Jefe del Estado en funciones, don Juan Carlos de Borbón, exactamente el 2 de noviembre de 1975, en El Aaiún, capital de lo que todavía era el Sahara español. Con la ‘Marcha Verde’ en el horizonte y con Franco agonizando, el hombre que apenas 20 días después (el 22 de noviembre) sería proclamado Rey de España hizo un viaje sorpresa para animar a los militares destinados en el Sáhara Occidental.

En el Casino Militar y ante el ministro del Ejército, el jefe del Estado Mayor, el capitán general de Canarias y el gobernador militar del Sáhara -entre otras personalidades que acreditaban la relevancia del acto-, quien en aquellos decisivos momentos en la historia de España oficiaba como Jefe del Estado lanzó el siguiente mensaje:

“Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor.

España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz, don preciso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y el entendimiento entre los pueblos.

Debemos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen”.

La prensa destacó el clima de máxima tensión política y militar y cómo las palabras de Juan Carlos fueron recibidas con alegría y aprobación. A las cuatro horas volvió a Madrid. Solo tres días después, según los cables diplomáticos desvelados por WikiLeaks, el príncipe de España filtraba al embajador de Estados Unidos en Madrid, Wells Stabler, “los movimientos de Franco respecto al Sahara” (Público 11/04/2013). Al mes y medio salía de El Aaiún la última compañía de la Legión y el 28 de febrero de 1976 se arrió la bandera española en el Sáhara.

Las palabras de Juan Carlos de Borbón en El Aaiún se han recordado en repetidas ocasiones, pero el monarca nunca las oyó directamente hasta el 31 de marzo de 2009. Ese día se encontraba en la Universidad de Alcalá de Henares justo presidiendo la entrega del Premio de Derechos Humanos Rey de España, y lo que menos esperaba es que la mujer que se acercó a saludarle ataviada con una melfa (prenda tradicional saharaui) le dijera: “Majestad, soy saharaui y recuerdo perfectamente cuando visitó mi ciudad natal, El Aaiún, en noviembre de 1975. Su Majestad prometió que iba a defender el legítimo derecho del pueblo saharaui. Sin embargo, el pueblo saharaui aún está esperando que esa promesa se cumpla, todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa promesa que no se ha llevado a cabo”. Era Zahra Ramdán, presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España (AMSE): recuerda que el Rey escuchó y calló…

el pueblo saharaui aún está esperando que esa promesa se cumpla

En julio de 2013, ante el anuncio del viaje oficial que el rey Juan Carlos giraría el 15 de julio a Marruecos, al que invitó a todos los ministros de Asuntos Exteriores de España de la democracia, algo sin precedentes en la diplomacia española y que en medios políticos internacionales se entendió como un ejercicio de pleitesía ante el rey de Marruecos, los principales movimientos solidarios con el pueblo saharaui dirigieron una carta al Jefe del Estado recordándole las olvidadas palabras de compromiso con el pueblo saharaui que pronunció en El Aaiún.

En la misiva de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-SÁHARA), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH) y la Coordinadora de Intergrupos Parlamentarios ‘Paz para el Sáhara’, se pidió al rey que “coherentemente con sus palabras de ayer, tenga hoy la decisión y el coraje de asumir las responsabilidades nunca asumidas y se implique decididamente en la búsqueda de una solución política que reconozca los legítimos derechos del pueblo saharaui para asumir su propia responsabilidad en el ámbito de las naciones contemporáneas”. Y se señalaba al monarca que “aún es posible enterrar el dolor y la ira y restaurar la dignidad y la justicia que sus palabras no consiguieron enmendar ni enderezar entonces”.

Como quiera que en su viaje a Marruecos el Rey iba a estar acompañado por una veintena de empresarios españoles, con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, a la cabeza, y por un insólito grupo de ex ministros de Asuntos Exteriores de España, también pidieron a esta última representación que en su cena prevista con el rey alauí Mohamed VI, tuvieran “la valentía de adoptar una postura conjunta en defensa del derecho de los saharauis a decidir su futuro, un pueblo al que España abandonó y con el que tiene una deuda histórica”…

Un sentimiento general de injusticia con el pueblo saharaui

Este recurso a la memoria histórica, entendida como concepto ideológico o en el sentido de desarrollo historiográfico que le ha atribuido recientemente Pierre Nora, notable sociólogo y miembro de la Académie Françoise, es el que también late en la conciencia de muchos testigos excepcionales de la historia compartida entre España y el pueblo saharaui. Sin duda bien visible en la entrevista al teniente general Antonio Ramos-Yzquierdo, presidente de los Veteranos del Sáhara, publicada en ElEspiaDigital.Com (30/06/2013).

Se puede perdonar, pero no olvidar

Pero en su memoria también permanece la entrega ilegal del Sáhara Occidental a Marruecos, con la indignación de los militares. Y ahora, con la perspectiva de la historia transcurrida, se reprueba la postura favorable a las tesis marroquíes que mantiene el Gobierno de España, que no respaldó la propuesta que hizo Estados Unidos en 2013 para que la misión de Naciones Unidas vigile el cumplimiento de los Derechos Humanos, lamentando que nadie obligue a Marruecos a celebrar el referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida su futuro.

Cuando en la conclusión de la entrevista se le preguntaba sobre qué futuro deseaba para los saharauis, el presidente de los Veteranos del Sáhara respondía categóricamente: “Un futuro de independencia, por descontado. Un estado saharaui enfrente de Canarias nos favorecería. Hay opiniones contrarias como la del Embajador Javier Rupérez, que dijo en un artículo (ABC, 26/03/2010) que era mucho mejor que aquello fuera marroquí. Yo creo que no, incluso teniendo en cuenta las posibilidades de infiltración del terrorismo de Al Qaeda por una razón: los saharauis nunca han sido fanáticos religiosos, sus prácticas del Corán son bastante suavizadas. La zona natural de desenvolvimiento del Sáhara es Canarias. Y eso nos favorecería mucho, sin hablar de las posibilidades del petróleo”.

Este tipo de sentimiento sobre la cuestión general del antiguo Sáhara Español, expresado incluso desde una óptica de rectitud militar, converge con otros muchos de raíz complementaria que finalmente muestran una misma frustración política, en una idéntica memoria de comportamientos indignos con el pueblo saharaui.

Así, en abril de 2014 y ante la inminente renovación por el Consejo de Seguridad de la ONU de su misión en el Sáhara Occidental, un grupo de personalidades españolas de diferentes ámbitos sensibilizadas con el problema, publicaron un manifiesto recordando al Gobierno del PP que España “sigue siendo la Potencia Administradora de iure” del territorio y que, por ello, debía “asumir de una vez sus responsabilidades” y propiciar “un mayor papel de Naciones Unidas en la resolución del conflicto y en la tutela de los Derechos Humanos”.

El ‘Manifiesto por una Política Digna de España en el Sáhara Occidental’, lo encabezaron Jaime de Piniés Bianchi, hijo del que fue embajador de España ante la ONU cuando, en contra de su criterio, tuvo lugar en 1975 el abandono del pueblo saharaui; el teniente general Miguel Iñiguez del Moral, que tras estar destinado en el Sáhara fue en los años ochenta Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME); Carmen Díaz Llanos, viuda de Juan Garrigues y expresidenta de la Asociación de Amigos del Sáhara de Madrid; Ana María Rodríguez de Viguri, empresaria e hija del último secretario general de España en el Sáhara; Eduardo Fungairiño, ex fiscal del Tribunal Supremo; Javier Morillas, catedrático en la Universidad CEU-San Pablo…

Para ellos fue “escandalosa y vergonzosa” la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 al respaldar a Francia en su rechazo de la propuesta de Estados Unidos de ampliar a los DDHH las competencias de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Señalaron que la resolución del conflicto del Sáhara “no es ni debe ser” en España “patrimonio exclusivo de ninguna corriente ideológica”, pues es “un tema de Estado que concierne a todos sus ciudadanos e instituciones”, constituye “la gran asignatura pendiente de la Transición Española”, y los saharauis son “los grandes sacrificados”.

“la gran asignatura pendiente de la Transición Española”

Se mostraron categóricos en su afirmación de que no debe tolerarse que Marruecos “chantajee continuamente a España para consolidar su ocupación ilegal” con asuntos tan sensibles como la inmigración clandestina y la política antiterrorista, y que “la política de buena vecindad con Marruecos no puede estar basada en la permanente cesión de España”. También criticaron la reducción de más del 50 por 100 de la ayuda humanitaria y a la cooperación con los refugiados saharauis adoptada por el Gobierno de Rajoy, al que pidieron “oficializar”, con un estatuto diplomático específico, las relaciones con el Frente Polisario y con las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Con todo, el Consejo de Seguridad no atribuyó a la MINURSO, una vez más, competencias en materia de DDHH, aprobándose el proyecto de resolución con el apoyo del irónicamente llamado ‘Grupo de Amigos del Sahara Occidental’, integrado por España, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Los saharauis que habitan los territorios ocupados por Marruecos seguirían sin protección para ejercer libremente los derechos de expresión, reunión y manifestación, mientras la MINURSO sigue siendo la única misión de la ONU desde 1978 sin cometido en materia de DDHH.

La actuación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el tema de la MINURSO ha sido muy criticada, especialmente cuando calificó de “inviable” la propuesta de la administración Obama en 2013 de incluir la vigilancia de los DDHH.

Dirigentes saharauis dijeron que era antidemocrática y continuación de otras del mismo signo connivente con Marruecos, como fue retirar a los cooperantes españoles de los campamentos de refugiados, cuestionar las medidas de seguridad por parte del Polisario en los campamentos de Tinduf o alinearse con el Gobierno marroquí en contra del enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, Chistopher Ross.

Los portavoces del Polisario afirmaron que el ministro español de Exteriores actúa al límite de la postura oficial del Partido Popular y recordaron que en su programa electoral el PP dejó claro que apoyaba los esfuerzos de Naciones Unidas “con vistas a lograr una solución conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad y el Derecho Internacional y a la responsabilidad histórica de España”.

En esa misma línea señalan que la actitud de García-Margallo se contradice con la declaración del presidente Rajoy, realizada el 25 de septiembre de 2012 ante la 67 Asamblea General de la ONU, marco solemne en el que comunicó esta postura oficial: “España mantiene su compromiso de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable al contencioso del Sahara Occidental que prevea la libre determinación del pueblo saharaui de acuerdo con los principio y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

La posición diplomática de España, en la práctica favorable a Marruecos, motivó que la Delegación Saharaui para España emitiera un comunicado en el que expresaba que, una vez más, García-Margallo “se declara a favor de las tesis anexionistas y coloniales marroquíes al expresar que la salvaguarda de los derechos humanos, por parte de la MINURSO en el Sahara Occidental, es inviable”. CEAS-SÁHARA habló de la ‘traición’ personal de García-Margallo, preguntándose: “¿Nuestro ministro de Asuntos Exteriores [está] al servicio de Marruecos…?”.

De esta forma, parece claro que, en lugar de ayudar a la resolución del conflicto del Sáhara, del que España fue responsable en sus orígenes, lo que hace García-Margallo es doblegarse sistemáticamente ante los chantajes de Marruecos, arropando y oxigenando su radicalidad.

Como ejemplos de la constante violación de los DDHH de los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos y la falta de respuesta española baste recordar el caso de Aminetu Haidar, cuando el ministro socialista de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aceptó en noviembre de 2009 la expulsión de la activista de DDHH hacia Lanzarote, después de haber estado detenida en el aeropuerto de El Aaiún. Tras 32 días en huelga de hambre, esta mujer de salud frágil por los cuatro años que estuvo detenida de forma ilegal en cárceles secretas marroquíes, pero a la que las autoridades de ocupación no lograron doblegar, consiguió regresar a su tierra gracias a las gestiones de Estados Unidos ante Marruecos, dejando en lamentable evidencia al Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿A qué se debió que el 25 de marzo de 2014 Moratinos fuera galardonado en Rabat por la Fundación Diplomática marroquí como ‘gran amigo de Marruecos’…?

España, Marruecos y el oscuro negocio de las armas

Pero desde la dirección del Polisario se va más allá de denunciar los chantajes de Marruecos a España. No faltan fundadas sospechas de que detrás de la actuación del ministro español de Asuntos Exteriores favorable a las tesis del país alauí, que se niega reiteradamente a que la MINURSO vigile las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental, tal y como han exigido distintas organizaciones internacionales (como Amnistía Internacional, la Human Rights Watch o el Robert F. Kennedy Center), se cobijan, entre otros, los oscuros intereses de la industria nacional de defensa y seguridad, que por su limitado nivel de desarrollo tecnológico tiene de momento en el país alauí un cliente potencial nada desdeñable.

El 6 de noviembre de 2014 el Gobierno español fue denunciado por quinta vez como vendedor de armas a Marruecos, vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas exportaciones a países en los que existen indicios racionales de que el material puede ser empleado con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los DDHH.

En los últimos diez años, España ha vendido armamento a Marruecos por un importe de 193 millones de euros, con lo que éste país se ha convertido en su principal cliente dentro del continente africano, ocupando la posición 16 en el ranking exportador de armamento español y contraviniendo sin el menor sonrojo la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Con anterioridad, ya se había producido la venta de plataformas navales (patrulleras clase ‘Vigilance’ y ‘Lazaga’ y patrulleras rápidas o guarda-costas de RODMAN, e incluso la corbeta ‘Teniente Coronel Errahmani’, de la clase ‘Descubierta’, que en su momento fue el buque insignia de la Marina Real Marroquí).

A ese comercio hay que sumar el valor de las donaciones de armamento a precio simbólico que se realizaron en 2008. El 18 de enero de ese año, el Consejo de Ministros autorizó la cesión a Marruecos de ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación, por el precio simbólico de un euro, a pesar de estar valorados en 86.848 euros. Y el inmediato 27 de junio autorizó la cesión de seis torpedos ligeros MK-46, de la clase 2, destinados a la Marina Real también por el precio simbólico de un euro…

Según las organizaciones denunciantes, en 2011 España suspendió la venta de armamento a Libia y en 2013 a Egipto y Taiwán (antigua Formosa). Pero el Gobierno nunca ha atendido las justas peticiones de la población saharaui para que no facilitara la represión marroquí en el Sahara Occidental.

Y lo vergonzoso del caso es que España promueve estas ventas de armas a Marruecos siendo nada menos que la potencia administradora del Sáhara Occidental (hasta que finalice el periodo de descolonización), tal y como ha dejado claro un auto dictado por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en julio de 2014. De hecho, Marruecos no figura como ‘potencia administradora’ de dicho territorio en el catálogo de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas.

En julio de 2013 varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron que Marruecos utilizaba material bélico español para reprimir al pueblo saharaui, coincidiendo con una visita oficial del rey Juan Carlos a Marruecos. La denuncia incluyó testimonios gráficos e informaciones de prensa dando fe de que el ejército marroquí utiliza vehículos VAMTAC, fabricados por UROVESA, para reprimir manifestaciones saharauis.

Precisamente esta empresa española, ubicada en Santiago de Compostela, fue visitada en abril de 2013 por el ministro de Defensa marroquí, Abdellatif Loudiyi, para conocer los nuevos modelos VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) con aplicaciones, entre otras, de antimotines, porta-armas, plataforma lanza-misiles, transporte de personal, apoyo de vigilancia, comunicaciones, mando y control… Una gira en la que el ministro marroquí estuvo acompañado de su homólogo español, Pedro Morenés, convertido en agente comercial y de relaciones públicas de la industria privada de defensa, función desde luego muy alejada de su responsabilidad institucional…