1. Entre los días 9 y 13 de marzo de 2018, un grupo de 8 diputados, Rocío de Frutos -PSOE-; Sergio Pascual y Carmen Valido -Podemos-; Sonia Farré -En Comú Podem-; Iñigo Barandiaran -PNV-; Sergi Miquel -PdCat-, Enric Bataller- Compromís y Jorge Luís Bail -EQUO-, representando a seis formaciones políticas pertenecientes al Intergrupo Parlamentario de Apoyo y Amistad al Sahara, viajó a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), a solicitud del Frente Polisario e iniciativa propia.

Durante los cuatro días realizaron diferentes encuentros, el primer día en Embajada de la RASD, en Argel, siendo recibidos por el Embajador Bucharaya Beyun, así como por el Dr. Said Ayachi, Presidente del Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y, en la jornada del 10 de marzo, la delegación se trasladó a la ciudad de Bir Lehlu, en el territorio liberado del Sahara Occidental. Durante la estancia en esta localidad se intervino saludando la conferencia extraordinaria del Frente Polisario.

Con todos ellos compartieron “esperanza por la nueva situación creada por la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2018, que constata que el Sahara Occidental es un territorio independiente del Reino de Marruecos y por tanto tanto sus aguas y otros recursos están expresamente excluidos de cualquier acuerdo entre la UE y sus países miembros y Marruecos”.

En las jornadas del 11 y 12 de marzo mantuvieron reuniones y realizaron diferentes visitas. Así, el grupo de diputados españoles se entrevistó con la Comisión Saharaui de Derechos Humanos, con el Presidente de AFAPREDESA, con Yusuf Sedian, Enlace de MINURSO (ONU) en Tindouf, entre otros.

Los y las diputadas, una vez terminada la visita, trasladan en comunicado de prensa su preocupación por las garantías y la seguridad jurídica tanto de los ciudadanos españoles como de las sociedades mercantiles que pudieran estar interesadas en el uso y explotación de recursos naturales de la RASD.

“Resulta urgente por ello instar al Gobierno español para que inicie las actuaciones conducentes al acatamiento de la sentencia de 27 de febrero de 2018 del TJUE, y en particular para que, de conformidad con la misma doctrina jurisprudencial, inicie las negociaciones con el representante único y legítimo de la RASD”, afirman.

Así mismo recuerdan que la misma sentencia confirma al Frente Polisario como único y legítimo representante e interlocutor del Pueblo Saharaui. Resulta preciso este recordatorio, matizan, dado que el Gobierno de España no reconoce el estatus diplomático de la representación de la RASD en España, a diferencia de más de 80 Estados que reconocen a la República Saharui.

Además, la nueva situación de reconocimiento pleno de la RASD aconseja agilidad en el posicionamiento de España como país con oportunidades privilegiadas para el establecimiento de relaciones en el orden cultural, humano, económico y político, dicen.

En este sentido, los diputados afirman haber constatado la disminución de los fondos que el Gobierno de España destina a la población saharaui refugiada a través de la AECID y que tal hecho se produce en un contexto de reducción general de recursos, lo cual está provocando serios problemas de carácter humanitario. También reclaman del Gobierno la inmediata ampliación de dichos fondos con dicho destino no sólo por razones humanitarias sino también por la especial relación de España con el Pueblo Saharaui.

En particular, les resulta llamativo constatar que ha sido la RASD la principal promotora de la incorporación del la lengua castellana como lengua de trabajo de la Unión Africana, motivo que les lleva a entender conveniente el impulso del Instituto Cervantes en territorio de la RASD, así como la incorporación de ésta República en el proyecto Español Lengua Global.

En otro orden de cosas, los representantes del Congreso que se trasladaron a la RASD recuerdan que “España forma parte desde este año del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en consecuencia debe ser consciente de la permanente vulneración de tales derechos fundamentales del Pueblo Saharaui en las zonas ocupadas y en particular de la irregular situación de los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos”.

“En distintos casos estas vulneraciones han sido constatadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo respecto de población saharaui con nacionalidad española”.

Por todo lo anterior, consideran necesario “instar al Gobierno a hacer efectivo el Auto 1/2015 de la Audiencia Nacional del Juez Ruz que inicia actuaciones conducentes al esclarecimiento de hechos que serían constitutivos de un delito de genocidio previsto en el artículo 137 bis del Código Penal”.

En este sentido, y con motivo de la próxima renovación en abril de 2018 del mandato de la MINURSO, recomiendan al Gobierno de España que “solicite al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la ampliación del mismo a la vigilancia y garantía de los Derechos Humanos del Pueblo Saharaui”.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 9 =