El consejero de Empleo, Javier Carnero, en el Parlamento andaluz.

Apenas unas horas antes de aquella movida noche del 22 de marzo de 2010 de juerga y descontrol por un montante de casi 15.000 euros a cargo de las cuentas públicas andaluzas en un famoso club de alterne sevillano, el entonces presidente andaluz José Antonio Griñán había cerrado la remodelación de su gobierno tras estallar el escándalo de los ERE por el que ahora es juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla. El Gobierno andaluz ha tardado oficialmente ocho años y varios meses en tener constancia de aquella juerga descontrolada en todos los sentidos.

El ejecutivo de Susana Díaz no tomó cartas en el asunto hasta el pasado 1 de junio, cuando puso los hechos en conocimiento de la juez María Núñez Bolaños, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, después de que los controles de la Administración autonómica para evitar estos desmanes con dinero público vivieran en un limbo inexplicable durante más de ocho años.

Aún ahora, el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, mantiene que la jueza que investiga las supuestas irregularidades en los cursos de formación para parados de Andalucía no reclamó a la Administración los gastos detallados de la citada tarjeta black de la que disponían los dirigentes de la extinta Fundación de Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), creada supuestamente para formar a desempleados, y que de facto no era más que una entidad que funcionaba como agencia de colocación de familiares y militantes del PSOE andaluz.

El Gobierno de Susana Díaz califica de “lamentables, intolerables y patéticos” los hechos denunciados hace solo un mes después de ocho años sin investigar

El actual consejero de Empleo, Javier Carnero, tampoco dijo tener “constancia” de los gastos de estas tarjetas black cuando compareció el pasado mayo en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación.

La noche de la juerga en el club de prostitución, exactamente entre las 20:57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2:43 horas del día siguiente, la banda magnética de la tarjeta black de Fernando Villén, entonces director gerente de la Faffe, pasó hasta quince veces por la TPV del club Don Angelo, ubicado en un chalé hoy abandonado justo enfrente del estadio Benito Villamarín, por un montante total de 14.737 euros, gastados en menos de cinco horas de juerga descontrolada, el mismo descontrol que han evidenciado los servicios de control e inspección de la Junta de Andalucía durante ocho largos años.

La Faffe, con un presupuesto a su disposición de hasta 300 millones para supuestamente formar a desempleados andaluces, ya no existe tras saltar el escándalo de las numerosas irregularidades investigadas ahora, pero la Junta de Andalucía ha estado cruzada de brazos ocho largos años hasta que finalmente se han detallado los conceptos de gastos de aquella famosa noche de marzo de 2010.

El pasado 1 de junio, oficialmente el Gobierno de Susana Díaz hizo llegar al fin a la juez Núñez los datos del extracto bancario, pese a las continuas reclamaciones a las que le instaban los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El ejecutivo andaluz ha excusado este silencio de ocho años basándose en que el actual consejero de Empleo, Javier Carnero, no indago más profundamente en el caso porque la juez Núñez sólo reclamó “la operativa” de la tarjeta de crédito ‘caliente’ y no sus movimientos detallados.

Carnero reiteró el pasado mayo en el Parlamento de Andalucía la “tolerancia cero” del Gobierno andaluz frente a la corrupción, a la vez que ha subrayó la “total colaboración” con la justicia en todos los procedimientos en que se ha requerido información a la Junta. En el caso concreto de la Faffe, aseguró Carnero que no sólo se envió al juzgado en enero de 2015 la contabilidad completa en papel, desde 2003 a 2011, con más de tres millones de registros, y, posteriormente, la contabilidad por años grabados en CDs, sino que el 21 de julio de 2016, seis días después de un nuevo requerimiento, se hizo entrega a los agentes de la UCO de la Guardia Civil de un ordenador portátil y de un módem, “para facilitarles el acceso completo y sin restricciones a los dos programas de contabilidad usados por la Faffe (SAP y Navision).

El pasado 28 de marzo de 2018, la Consejería de Empleo recibió una petición del juzgado para que el Servicio Andaluz de Empleo facilitara la “operativa sobre los pagos con tarjeta y los ingresos contables en efectivo”. Carnero explicó en mayo que su departamento estaba trabajando en esa “documentación”, que incluía también las cuentas de empresas beneficiarias de contratos celebrados por la Faffe y la petición del repositorio de correos electrónicos. El consejero de Empleo añadió en su comparecencia parlamentaria que “toda la información solicitada ya se podía consultar desde el ordenador facilitado a la UCO, aunque no obstante estamos trabajando en su nuevo envío”.

Carnero aseguró que existía una única tarjeta en la extinta Faffe, con gastos que eran recogidos en la contabilidad de la fundación y cuyas cuentas se sometían además a auditorías.

Sólo tres días después de aquel cargo de casi 15.000 euros procedentes de un club de prostitución de mujeres, alguien acudió al mismo local para anular uno por uno aquellos 15 cargos por valor de casi 15.000 euros y pasarlos a otras cuentas particulares. Ocho años después de aquella noche de desmanes con cargo al erario público andaluz, la Junta informó a la jueza que investiga el caso.

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