Pocos niegan hoy la aportación del socialismo democrático al bienestar de la humanidad. La implantación del modelo de convivencia guiado por los valores del socialismo democrático centrado en el Estado de Bienestar se produce, especialmente, tras la segunda Guerra Mundial; proceso en el que el papel de los partidos socialistas y socialdemócratas ha sido determinante. En la etapa que se inaugura entonces – la llamada Edad de Oro del Estado de Bienestar– fue necesaria la alianza con las organizaciones de los trabajadores y con la emergente clase media para lograr la aceptación y respaldo mayoritario que permitió su progresiva expansión.

También el acuerdo con otros partidos democráticos para su estabilidad. Pero hay que reconocer que su impacto sobrepasa los límites del ámbito ideológico que representa y este modelo de democracia, derechos de ciudadanía, desarrollo equilibrado y sostenible y protección social es reconocido como fundamental para el progreso económico y social de la humanidad y los derechos humanos.

Así, durante décadas se ha ido avanzando en lo que el Programa Máximo del PSOE denomina “una sola clase de hombres libres, iguales, honrados e inteligentes”, mediante la creación de una amplia clase media inclusiva a partir de la incorporación de mecanismos de redistribución de la riqueza y, a la vez, de amparo a quienes se encuentren en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

Mediante la implantación del llamado consenso Keynesiano que promovió un Estado capaz de dinamizar la economía, de fomentar un modelo productivo sostenible y equilibrado y de establecer el Estado de Bienestar, ha logrado modelos seguros e inclusivos de convivencia y con altos índices de justicia social.

Pero la irrupción del modelo neoliberal ha impulsado una corriente que promovió la brusca reducción del papel del Estado, una fuerte campaña contra la cultura fiscal, la desregulación de la economía y sustitución de la economía productiva por la especulativa. Estos procesos han conducido a un sostenido incremento de la desigualdad, que alcanza incluso a los países con Estado de Bienestar consolidado. A la vez, bajo el concepto de la nueva gestión pública, se inicia un proceso de mercantilización del Estado de Bienestar y de los servicios públicos que lo componen.

Este conjunto de nuevos paradigmas, apoyados en campañas mediáticas bien diseñadas, pensadas para esconder su auténtico objetivo, pero muy eficaces, han logrado apoyos populares que les permitieron el acceso a gobiernos, comenzando con Reagan y Thatcher, y continuaron su progresiva implantación en gobiernos conservadores primero e infiltrándose insidiosamente en la agenda política de algunos gabinetes progresistas.

Esto explica el sostenido incremento de la desigualdad, el deterioro y reducción de los Estados de Bienestar (bajo la palabra mágica de la sostenibilidad) y una dinámica divergente entre las rentas del capital y las del trabajo. Como consecuencia de estos cambios, la capacidad equilibradora de las políticas sociales y redistributivas es insuficiente para compensar la desigualdad generada por el mercado. Y, por supuesto, incapaz de dar respuesta a las nuevas necesidades surgidas por la sociedad actual, derivadas de la mayor esperanza de vida con el consiguiente incremento de mayores de 65 años, los nuevos modelos de familia, la corresponsabilidad y conciliación necesarios para la igualdad entre hombres y mujeres –los denominados nuevos riesgos sociales- que requieren una adaptación y modernización del Estado de Bienestar.

La única forma eficaz de reaccionar a esta situación es el resurgimiento de Una Nueva Socialdemocracia, que renueve la alianza con los sindicatos para afrontar dos de los principales elementos de la desigualdad: 1) el vinculado a la predistribución derivado de la devaluación del trabajo y que requiere de un nuevo equilibrio entre trabajo y empresa, recuperando el valor del trabajo, la calidad del empleo y la dignidad de los trabajadores, y 2) el debido a la caída de la redistribución para recuperar la fortaleza del Estado de Bienestar, en especial, la inversión social.

Lejos de afrontar las nuevas necesidades del Estado de Bienestar en España y continuar la senda de construcción de sus principales pilares, en los años de Gobierno del PP se han venido aplicando las recetas del modelo neoliberal que, en definitiva, supone una arriesgada desinversión social, especialmente en educación, en infancia y en juventud, base para la capacidad futura del país, por otra parte. Mediante una combinación de, cambios estructurales, supresión de derechos y recortes de recursos se han debilitado los servicios y prestaciones existentes, se ha limitado la capacidad redistributiva, y se ha llegado a una situación penosa de las oportunidades para los jóvenes y menores (lugar 26 de los 28 países de la UE en el índice de Justicia Social Europeo, 2016).

En el curso de este proceso, desde luego, se han ignorado las nuevas necesidades de mayores, vinculadas al envejecimiento activo y su nuevo rol social, a las familias diversas especialmente las monoparentales con hijos, a los servicios y prestaciones vinculadas a la necesidad de conciliación en las familias con hijos a cargo. Pero sobre todo, se han olvidado de las personas y familias sin ingresos y con rentas bajas que han sido las principales víctimas de la crisis y especialmente de las políticas neoliberales.

La respuesta solo puede venir de Una Nueva Socialdemocracia para España que defina un proyecto de justicia social, claramente alternativo a las políticas neoliberales que están en la base de la desigualdad y pueda reconstruir el Estado de Bienestar para recuperar y mejorar los derechos, reponer los recortes, atender a los nuevos riesgos sociales y extender su protección a las personas sin recursos y con rentas bajas a las que no llegan prestaciones sociales ni alcanzan beneficios fiscales y avanzar en nuestro ideario.

Recuperar los derechos suprimidos, como el de acceso a la sanidad por derecho de ciudadanía o a las becas, es imprescindible y urgente, pero el nuevo proyecto debe diseñar un modelo de convivencia que blinde los derechos económicos y sociales, en consonancia con la nueva dimensión de los derechos humanos y elevar a derechos fundamentales los vinculados a la protección social, que garantice su acceso por condición de ciudadanía en todo el territorio, lo que conlleva garantizar su financiación.

La reconstrucción y modernización del Estado de Bienestar debe incluir los desafíos de la sociedad del siglo XXI, los riesgos y oportunidades de las nuevas tecnologías, de los avances científicos y de los riesgos ambientales para la salud y una respuesta a los llamados nuevos riesgos sociales. Pero sobre todo, debe incorporar medidas para atajar la desigualdad y combatir la pobreza: la garantía de ingresos y la prestación por hijo a cargo es una carencia apremiante, destinada a eliminar los niveles de pobreza extrema, impropios de un país democrático desarrollado.

Pero combatir la desigualdad debe ir más allá, con un modelo que incremente la capacidad redistributiva de sus prestaciones y servicios, con bonificaciones fiscales que alcancen a las rentas bajas y con la recuperación del valor del trabajo y la calidad del empleo.

Solo un modelo de convivencia alternativo a los paradigmas neoliberales pude ser eficaz ante estos desafíos. Sólo una nueva socialdemocracia será capaz.

 

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