No ha pasado aún una semana del último atentado machista en la Comunidad de Madrid y otra mujer ha sido asesinada. Esta vez ha sido en la localidad de Alcorcón. Según las declaraciones del propio alcalde David Pérez, todo indica que se trata de un caso de violencia machista.

A la mujer la ha encontrado ha sido el cuñado de la víctima que había acudido a la vivienda de la mujer. Agentes de la Policía Nacional se han trasladado al lugar de los hechos en la calle Matadero de la ciudad de la periferia madrileña y allí han hallado el cuerpo sin vida de la mujer rodeado de una gran cantidad de sangre. Todo indica que el crimen machista se produjo varias horas antes porque la sangre estaba seca. Las heridas eran muy profundas.

De nuevo nos encontramos ante la imposibilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado de anticiparse a un crimen machista. Ahora se habla mucho de que esto va a cambiar con el Pacto de Estado. Sin embargo, las mujeres no pueden estar tranquilas puesto que no se garantiza su seguridad y van a seguir siendo asesinadas por los machistas.

Desde las autoridades políticas, judiciales y de la seguridad del Estado se pone el foco en que es fundamental que la mujer denuncie para poder iniciar todos los protocolos de protección y prevención. Sin embargo, se ha demostrado que, en primer lugar, esos protocolos no funcionan porque, tal y como indican los datos oficiales, en este año se han incrementado las violaciones de las órdenes de alejamiento y varias de las mujeres asesinadas tenían en vigor órdenes de protección. En segundo lugar, responsabilizar de su muerte a las víctimas es de una bajeza moral de proporciones bíblicas y de una ignorancia sobre la situación que viven las mujeres maltratadas de dimensiones ciclópeas. Los propios servicios sociales insisten en que la protección debe iniciarse en cuanto se encuentran indicios de maltrato, ya sea físico, ya sea psicológico porque, en cualquier momento, los golpes se transforman en cuchilladas, en disparos o en agresiones mortales.

No se conoce aún si la mujer asesinada en Alcorcón había interpuesto alguna denuncia por violencia machista pero, independientemente de si lo hubiera hecho o no, la responsabilidad de proteger a sus conciudadanos no puede abandonarse por parte del Estado.

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