En el despacho de abogados de Miguel Roca Junyent se justifican algunas operaciones investigadas por la justicia por “el elevado número de miembros que trabajan en el mismo”. Es verdad que de un total de 200 letrados llevando multitud de casos, siempre puede darse algún que otro desliz. En esta ocasión, el juez de instrucción nº 1 de Balaguer, en Lleida, ha procedido a la apertura de juicio oral contra los accionistas minoritarios de la empresa B.A. e Hijos, Adolfo Arnó y Ana María Clua, y el abogado del bufete de Roca, Miguel Ángel Alonso Sancho. Les acusa de varios delitos de estafa. Alonso Sancho es uno de los abogados con más prestigio de dicho bufete. Según el juez, tuvo un papel determinante en la presunta trama criminal urdida para estafar a los socios y accionistas mayoritarios de la compañía a través de  supuestos contratos ficticios relativos a una falsa venta de acciones de la compañía

En la operación investigada, denominada “operación Palanca”, también intervienen miembros del clan Ruiz Mateos. Estos fingían comprar paquetes de acciones de la empresa B.A. La mala imagen de los dueños de Nueva Rumasa, disuadía a los accionistas mayoritarios a ejercer la opción preferencial de compra ante ellos para evitar el futuro “control” de la controvertida familia. Y así, el magistrado considera probado que, en 1999, Adolfo Arnó y Ana María Clua se reunieron con la apoderada de Nueva Rumasa, Berta Blasco. En dicha reunión se fijó un precio de compra del 18 por ciento de las acciones en sus manos. Con este contrato y bajo los auspicios del abogado, Alonso Sancho, Arnó y Clua se dirigieron a los accionistas mayoritarios para provocar una contraoferta.

Los accionistas mayoritarios aceptaron pagar más dinero del pactado con los Ruiz Mateos. Todo con tal de evitar que éstos entrasen en los órganos de gestión de la empresa. Pero, en realidad, todo era un engaño. Los Ruiz Mateos no querían comprar la empresa. Su única pretensión era actuar de cómplices a cambio de una comisión. Los accionistas mayoritarios se vieron obligados a desembolsar un dinero por unas acciones que nunca pretendieron adquirir, y los minoritarios se desprendieron a buen precio de unas acciones que de otra forma no hubieran vendido.

Los accionistas mayoritarios, no obstante, se arrepintieron debido al elevado precio que se les impuso. Se negaron a pagar y Arnó y Clua les demandaron. El autor de esas demandas fue el abogado Alonso Sancho, quien tuvo una determinante actuación durante todo el proceso que el juez califica de estafa. Por eso le mete en la relación de los acusados que se sentarán en el banquillo cuando la sala de la Audiencia de Lleida señale fecha para la celebración de la vista oral.

Lo más relevante de este caso es que Miguel Ángel Alonso Sancho es un miembro destacado del bufete de Miguel Roca. Un bufete bajo sospecha por varios asuntos, entre ellos el espinoso tema del presunto chantaje que llevaron a cabo Miguel Bernard y Luis Pineda. Los titulares de Manos Limpias y Ausbanc, según declaraciones de Roca a la Udef y al juez de instrucción, Santiago Pedraz, pidieron a los directivos de La Caixa tres millones de euros a cambio de la retirada de la acusación contra Cristina de Borbón en el juicio del Caso Nóos. En un principio se dijo que Roca había intervenido directamente en las negociaciones que se llevaron a cabo con los presuntos extorsionadores. Pero, posteriormente, el propio Roca matizó señalando que “en el momento en que tuvo conocimiento del asunto presentó la oportuna denuncia”. El papel de Roca en torno a este feo asunto jamás fue aclarado.

Es más, no se ha aclarado el asunto de una carta que el juez instructor del Caso Nóos, José Castro, envió a Pedraz en la cual denunciaba que Miguel Roca le había propuesto mantener una reunión secreta en una finca.

Castro dijo que la propuesta le había llegado a su propio despacho por parte Jaume Riutort, el delegado del despacho de Roca en Mallorca y miembro del equipo de la defensa de la hermana del Rey, en diciembre de 2013, “Lo que me llamó la atención”, escribe el juez mallorquín, es “el hecho de que mi interlocutor enfatizara las condiciones en que esa reunión debía celebrarse”. El lugar sería una finca”, en Barcelona o Mallorca, y Riutort garantizaba que el encuentro se celebraría “al abrigo de periodistas y fotógrafos, asegurándome en definitiva la más completa intimidad”. Castro asegura que no preguntó sobre el objeto de la reunión “porque era obvio que el señor Roca y yo no teníamos más tema en común que el de Cristina de Borbón”.

A raíz de esa carta, que el juez Pedraz trasladó al Fiscal y que este, que se sepa, nunca llegó a contestar, al juez Castro le empezaron a llover denuncias por supuestas actuaciones llevadas a cabo en sus funciones profesionales. Al final, Castro parece haberse olvidado del asunto. Pero hay personas implicadas que ponen en duda la actuación de la defensa de Cristina de Borbón y los métodos empleados por los abogados del despacho de Roca.

Un despacho sobre el que, de nuevo, recaen sospechas de actuaciones poco ortodoxas, y, como en el caso de Lleida, presuntamente ilícitas.

 

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3 Comentarios

  1. Buenoooo, sólo con la defensa que hizo a capa y espada de la Borbona, ya era para abrirle una causa… ¿No?

  2. la mujer del César además de ser honesta, tiene que parecerlo. en España muchas “cosas” huelen mal, pero nadie desea “perfumarlas”

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