España tiene una normativa en materia de seísmos que, según el colegio de Arquitectos de Madrid “es muy estricta”. Se trata de la llamada Construcción Sismoterrestre NCSE-02 de obligado cumplimiento para las zonas consideradas más propensas a sufrir este tipo de fenómenos naturales, es decir, Huelva, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante y pequeñas zonas de los Pirineos. Una normativa que, en breve, será sustituida por el Eurocódigo 8, una norma europea redactada por el Comité Europeo de Normalización que pretende unificar los criterios en la materia en los países miembros de la UE. Los expertos dicen que, ninguna de estas normativas se está cumpliendo a la hora de llevar a cabo las edificaciones en las zonas afectadas.

El terremoto de 6,2 grados que ha sufrido el centro de Italia ha servido para que las autoridades comunitarias tomen buena nota de cuál es la situación de los países miembros en materia sísmica. Estamos, todavía, a años luz de Asia donde, precisamente el mismo día que en Italia, se produjo un terremoto en Birmania de 6,7 que sólo dejó cuatro muertos y escasos edificios derrumbados. Y ya no hablemos de Japón y Corea del Sur donde las edificaciones deben llevarse a cabo bajo estrictas medidas para prevenir daños en caso de terremotos, muy frecuentes en esas zonas.

En España aún tenemos vivo el recuerdo de Lorca. El 11 de mayo de 2011, la localidad murciana recibió una sacudida de magnitud 5,1 que provocó nueve muertos y 324 heridos. El 80% de las viviendas se vieron afectadas y muchas de ellas acabaron demolidas. El coste de los daños materiales superó los 450 millones de euros. Y en febrero de 2015 un terremoto de 5,2 grados en la escala Richter con epicentro en la localidad manchega de Ossa de Montiel volvió a sembrar el pánico en la península.

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hay más de 13 millones de viviendas con más de 40 años de antigüedad. Ninguna de ellas se construyó bajo las especificaciones de la primera normativa antisísmica, que data de 1968, y que nadie hizo caso. Entonces, salvo en el sureste peninsular, apenas se producían temblores y eran de escasa magnitud.

Pero las cosas han cambiado. Según los expertos sismólogos, las condiciones de choque de las plazas continental euroasiática y africana se han incrementado. Lo sucedido en Italia puede pasar en España, en Grecia y en los Balcanes con resultados catastróficos.

En España, únicamente en los edificios que se construyen en las zonas citadas es obligatoria la aplicación NCSE-02. También se obliga al estricto cumplimiento de esta norma en

edificios cuya destrucción por terremoto puede colapsar un servicio público, independiente de la zona donde se construya. En ese catálogo entran los hospitales, instalaciones de comunicaciones, cuarteles de bomberos, policías y fuerzas armadas, y las redes de agua, gas, electricidad y combustibles.

No obstante, los expertos advierten que a pesar de la rigurosa normativa española, ésta no se cumple. El ingeniero alemán Lutz Hermanss, investigador del Centro de Modelado de Ingeniería Mecánica, dice que, mientras en Irlanda o Alemania ya han adoptado el Eurocódigo, España se sigue rigiendo por la normativa propia y “si se miran los edificios que se han construido en los últimos cinco años, podremos comprobar que dicha normativa no se cumple y no pasa nada”.

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