El nombramiento “a dedo” de los tribunales calificadores en las oposiciones a Justicia genera falta de transparencia

La falta de un reglamento oficial en el proceso de selección de los tribunales calificadores que deben evaluar las oposiciones de Justicia origina falta de transparencia y la posibilidad de “chanchullos” entre quienes, hoy por hoy, poseen la competencia de designar “a dedo” a los examinadores (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio de Justicia, organismos autonómicos con competencias transferidas y sindicatos representativos). La denuncia ha partido de la organización Intersindical y se ha convertido en el nuevo escándalo de una administración de Justicia, como la española, que hace aguas por todas partes sin que ningún gobierno haga nada por acometer una reforma tan necesaria y urgente para un Estado de Derecho.

Sin ir más lejos, el pasado verano miles de opositores y opositoras trasladaron al sindicato CC.OO-Justicia su “indignación” por las altísimas “notas de corte” impuestas por los tribunales calificadores para el primer ejercicio de las oposiciones al cuerpo de Tramitación de la Administración de Justicia. En la práctica, miles de aspirantes que habían contestado correctamente a más de 85 de las 100 preguntas quedaron fuera de la posibilidad de realizar los dos siguientes ejercicios, lo que a juicio de Comisiones Obreras conculca los “principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución para el acceso a la función pública”, según una nota de prensa que fue emitida por el sindicato y colgada en su web oficial el pasado 19 de junio.

Estas pruebas de acceso, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, fueron convocadas en el BOE de 30 de noviembre de 2017, estableciéndose en las bases de la convocatoria que “el tribunal, a la vista del número y nivel de conocimientos de los aspirantes presentados, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar cada uno de los ejercicios en cada ámbito territorial”.

Al objeto de evitar la discrecionalidad de los tribunales y las injerencias de la Administración, CC.OO había propuesto al negociar las bases de convocatoria que estas notas de corte quedaran ya fijadas en las propias bases, dándose así garantías a las personas opositoras para que sus derechos fueran respetados, propuesta que fue rechazada por el Ministerio de Justicia. La realización de estas pruebas de acceso está descentralizada en las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y se convocaron exámenes en Andalucía, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y Euskadi, además de en el territorio no transferido que afecta a Extremadura, Región de Murcia, Baleares y las dos Castillas, junto a Ceuta, Melilla y los órganos centrales radicados en Madrid.

Esta inaceptable situación llevó al Sector de Justicia de CC.OO a solicitar por escrito a la ministra Dolores Delgado que intervenga para “depurar las responsabilidades que pudieran derivarse, si se han producido injerencias en la independencia del tribunal y para que tome medidas que garanticen que el proceso se celebra con transparencia y con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”. CC.OO denuncia, por último, que esta misma situación (con una relación de aprobados por plaza muy parecida) se ha producido también en las pruebas de acceso al Cuerpo de Gestión Procesal.

La falta de un reglamento oficial, como denuncia Intersindical de Justicia, puede dar lugar a irregularidades en la composición de los tribunales calificadores. Cuando este sindicato solicitó información al Ministerio de Justicia, los responsables de este departamento confirmaron que efectivamente no hay una regulación legal en estos procedimientos y que los nombramientos de los examinadores tradicionalmente se han hecho “a dedo”, tal como se recoge en un escrito que la organización sindical ha elevado al Ministerio de Justicia y al que ha tenido acceso Diario16.