Mientas la ministra de Sanidad y el presidente del Gobierno se hacen la foto para anunciar las medidas del Pacto de Estado contra Violencia de género, el último Consejo de Ministros, no incluyó el Decreto Ley para habilitar el compromiso económico pactado, eso sí, el Gobierno español se ha comprometido con la OTAN a incrementar en más de un 80% su actual gasto militar en los próximos siete años.

En concreto no incluyó el Decreto Ley -propuesto por el Grupo Socialista y aprobado por unanimidad- con medidas urgentes para dar cumplimiento a los acuerdos de dicho Pacto de Estado y una dotación de 200 millones de euros.

A pesar de las decenas de asesinatos y el hecho de que en los últimos crímenes los fallos de protección por parte del Estado han sido clamorosos, el Gobierno  no ve urgencia en dotar la lucha contra la violencia machista.

La portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, recuerda que “es superfluo hacerse fotos para anunciar las medidas y es urgente llevarlas a cabo para no desesperarnos y desesperanzarnos ante lo que nunca llega” 

La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Ángeles Álvarez, ha recordado que la Constitución “contempla expresamente la prórroga de los presupuestos vigentes, como es el caso de 2018, y arbitra un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal cuando no se presentasen los PGE en los tres meses anteriores a la expiración de los del año anterior”.

Pero el Gobierno está más interesado en el gasto militar que en parar la lacra del terrorismo machista

El gasto militar actualmente está presupuestado en 10.000 millones de Euros y, en una misiva que ha remitido el Gobierno de España al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, se compromete en ampliarlo hasta los 18.000 millones de euros, lo que supone una subida del 80%.

No es una cuestión de dinero, es una cuestión de compromiso y prioridades políticas

La partida de 200 millones acordada “supone el 0,0011 de lo que la ministra Cospedal ya ha prometido a la OTAN”.  “No es una cuestión de dinero, es una cuestión de compromiso y prioridades políticas”, ha insistido la diputada, que ha criticado una vez más la falta de compromiso del Gobierno para con el Pacto contra la violencia de género.

La diputada considera que “El Gobierno debería ir a las ruedas de prensa para anunciar lo que hizo y no para vender futuribles que condiciona de tal manera que nunca los hace efectivos”. “Todos los Grupos Parlamentarios, experto/as, organismos y asociaciones hemos trabajado para mejorar y hacer efectiva la confianza en la respuesta institucional que reclaman las víctimas cuando interponen una denuncia”. El gobierno “debería estar a la altura y saber que no vamos a cejar, ni ser conniventes con su desidia”, por lo que “cada vez que algún miembro del gobierno nos muestre declarativamente su compromiso habrá que decirle que “obras son amores” y las suyas de momento solo son promesas reiteradamente anunciadas y sistemáticamente incumplidas”.

A pesar de las decenas de asesinatos y el hecho de que en los últimos crímenes los fallos de protección por parte del Estado han sido clamorosos, el Gobierno  no ve urgencia en dotar la lucha contra la violencia machista

Para la portavoz socialista de Igualdad, “produce rubor que solo dos días después de la anhelada foto que ha buscado la ministra Dolors Montserrat para cerrar el año, el Gobierno no haya incluido como medida urgente en materia presupuestaria el Decreto Ley que habilite los 200 millones que permitirían echar a andar el Pacto”. Este es, ha señalado, “el primer incumplimiento del Gobierno en relación al Pacto”.

Sin fechas para la aprobación del Decreto

Ángeles Álvarez ha lamentado asimismo que “si consideramos los antecedentes del Gobierno, las previsiones anunciadas por la ministra para habilitar los fondos deben disparar las alarmas”, porque si el decreto Ley con dotación para la lucha contra la violencia de género pretende aprobarse dentro de los cuatro primeros meses de 2018, “desconocemos en qué fecha estarían disponibles los fondos, y con los ritmos del Gobierno, y considerando que hay que definir y negociar los criterios de reparto, tardaran otros tres o cuatro meses más”.  “Si llegásemos al verano”, ha añadido, “la imposibilidad y los problemas para ejecutar los programas por parte de Comunidades y Ayuntamientos podría ser real”.

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