Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha declarado su apoyo a Ada Colau en su intento de impedir la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. Carmena ha declarado asimismo en un gesto que le honra que “resulta una vulneración de esos derechos (humanos) que haya personas que están privadas de libertad sin haber cometido delito, simplemente por una cuestión puramente administrativa”. Y bien, siendo conscientes de que este problema puede exceder algunas de las atribuciones del Ayuntamiento de Madrid y que, por lo tanto, aun con toda la voluntad del mundo la alcaldesa puede encontrarse con bastantes barreras en su actuación, este reconocimiento de vulneración de derechos me lleva a una elemental reflexión. Hay cinco posturas fundamentales frente a los CIE: aumentar sus atribuciones, dejarlos como están, reformarlos, cerrarlos o abolirlos.
Sobre las dos primeras ideas me abstendré de opinar porque obviamente no me parecen defendibles. Sobre el resto, vamos paso por paso. La tercera opción, que consiste en hacer lo posible para «humanizarlos» con la presencia de ONG y garantías para el cumplimiento del los derechos humanos, es claramente una opción de mínimos, pero poco feliz. Es como si hablásemos de humanizar la esclavitud o humanizar las guerras, algo que parece necesario en el corto plazo, pero que es anquilosante a largo plazo, al ser un posibilismo que puede alargar la agonía de su desaparición o incluso perpetuarlos ya que se pone el acento del problema en las condiciones y no en la misma existencia de dichos campos de concentración.
La cuarta opción consiste en cerrar dichos edificios… Está bien echar el cerrojazo, bien sea por motivos cuasi meramente administrativos como excusa como se ha intentado en Barcelona. Pero las leyes nacionales y directivas europeas que los crearon seguirán existiendo. Si un ejecutivo futuro decide reabrirlos podrá hacerlo a conveniencia dependiendo de la agenda política del momento y la agenda es muy cambiante.
La última opción, la que entiendo que debe defenderse, es la abolición, que consiste en hacer leyes para prohibir definitivamente los CIE. Leyes para que no existan y para que no puedan existir dichas instituciones racistas, xenófobas, retrógradas y liberticidas en el futuro. Aunque es cierto que lo que se abole puede reinstaurarse, como en el caso de la esclavitud en la Francia revolucionaria, puesto que no hay nada imposible, es también cierto que la abolición implica el reconocimiento de que dichas instituciones son una lacra para el avance de la humanidad.
En época de esclavitud hubo quienes abogaban por regular al detalle dicha ominosa institución por «causas humanitarias» (argumentaban) y hubo quienes abogaron directamente por abolirla. Estoy seguro de que Manuela Carmena en buena lógica defiende esto último para los CIE. Porque lo único que se puede pedir en un caso así es la abolición ya que su mera existencia conculca los derechos humanos, atacando la línea de flotación del principio básico de igualdad ante la ley que nos legaron las y los revolucionarios franceses al abolir el Antiguo Régimen y las y los revolucionarios haitianos al abolir la esclavitud. De modo que apoyando, como apoyo, la iniciativa de Carmena, recuerdo que es necesario llevar esto al legislativo para no caer en una contradictio in terminis. La abolición es la única opción para desprenderse de esta y otras muchas lacras que impiden el avance de todos y todas.
