El pasado día 6 concluyó el plazo señalado por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que todos los sumarios abiertos en los juzgados “salvo los destacados por su complejidad” sean revisados por los fiscales “con el propósito de concluir la fase de instrucción”. Y a estas alturas, la propia Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, reconoce que “los juzgados no han entregado, todavía, todas las causas”.
Un claro incumplimiento de la Lecrim debido, según señalan fuentes judiciales, “al descontrol existente en la administración de Justicia en lo que a datos se refiere”. «Sospechamos que hay causas que no conocemos, pero no sabemos cuántas», señaló hace unos días Consuelo Madrigal. «Creemos que no son muchas, pero no lo sabemos», añadió.
Y es que se desconoce la cifra exacta de causas que deberían de haber sido revisadas por los fiscales antes del 6 de junio. Cuando entró en vigor la nueva Lecrim se dijo que 550.000. El Ministerio de Justicia rebajó a 250.000 los sumarios pendientes que en estos seis meses se han aumentado a 460.000 sin saber qué porcentaje de ellos se enviaron a las fiscalías. Hasta el pasado 1 de mayo, las 29 que el Ministerio había reforzado con más personal y adjuntos, habían revisado, según sus propios datos, 141.815. Desde esta fecha del primero de mayo hasta el 6 de junio es muy probable un significativo incremento de casos revisados porque hay que sumar los de los ministerios públicos que no fueron reforzados.
¿Y qué pasará con los que no hayan sido trasladados? Pues que la instrucción se da por concluida. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo da de plazo seis meses para llevar a cabo instrucciones de sumarios que no “sean considerados complejos”. Si se traspasa el límite, se procede a declarar procedimiento abreviado y apertura de juicio oral. No se pueden llevar a cabo nuevas diligencias.
Muchas investigaciones pueden quedar inconclusas aunque Consuelo Madrigal cree que todavía queda cierto margen para actuaciones complementarias durante el proceso de vista oral modificando las conclusiones provisionales en las que se eleven a definitivas.
No obstante, Madrigal ha anunciado que en la memoria de la Fiscalía General del Estado que presentará con motivo de la apertura del año judicial en septiembre próximo “pedirá la supresión del artículo 324”, el que establece los plazos de actuación.
