El concejal de La Laguna, Santiago Pérez (NC-XTF), a raíz de la reapertura del caso Grúas en un auto dictado por la Audiencia Provincial de Tenerife, que podría salpicar al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha anunciado que se personará en este causa como acusación particular. La Audiencia Provincial ha estimando los recursos de los Grupos Municipales de Unid@s Se Puede y Nueva Canarias-Por Tenerife (NC-XTF) contra el sobreseimiento y archivo del caso Grúas, y obliga al Juzgado de Instrucción Nº 2 de La Laguna a practicar las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y las personas responsables. Entre la investigación decretada se apunta “levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria de este servicio público de grúas”. Pérez explica en Diario 16 que de este auto se deduce “podría haber presunto tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación, y coloca a Fernando Clavijo, -vinculado al consistorio lagunero como edil y alcalde años atrás-, como protagonista en el foco de la investigación al dictar un decreto pasando por encima de la Intervención municipal y de la legalidad, aunque ahora como presidente del Ejecutivo canario, al estar aforado, sería citado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”.

El caso Grúas ha sido reabierto por la Audiencia Provincial de Tenerife después de ser sobreseído por la juez instructora

La voluntad de un alcalde no es la ley, ni tiene potestad para rechazar a la Intervención municipal”, deja claro la Audiencia Provincial en su postulado jurídico en este auto indica Santiago Pérez (NC-XTF), además “cuando una juez de primera instancia señala sobreseimiento, el Ministerio Fiscal se inhibe y promueve el cierre de la causa ante unos hechos como la Audiencia describe por estos delitos que lleva aparejada la privación de libertad, aquí está pasando algo…por ello, con todo mi respeto a la Justicia que otorga el turno de los procesos a los jueces, voy a estudiar seriamente la recusación de la juez que instruyó el caso Grúas, sin entender aún porqué lo cerró sin realizar preceptivas investigaciones que ahora sí solicita la Audiencia”.

“Después de la actitud de la juez sin cumplir investigaciones primordiales, la tutela judicial efectiva está en el aire, nosotros nos personaremos como acusación particular para lo que voy a pedir la habilitación para intervenir en el caso Grúas, entendiendo que es un tema muy delicado recusar a esta juez”, explica el edil Pérez que en la actualidad ejerce como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL).

“Lo que el auto de la Audiencia Provincial le dice a la juez de primera instancia que tiene que investigar está en el relato de nuestra denuncia, prácticamente son las mismas peticiones…La juez debe investigar la relación personal del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), con los que se han convertido en dueños de la empresa de concesionaria Grúas Poli SL”, que presta este servicio municipal, argumenta Pérez.

“La concesión originaria la obtuvo el empresario individual Padilla, que después hizo un traspaso de titularidad de su propia empresa a unos trabajadores de la misma, hecho que el pleno municipal autorizó, aunque el empresario extitular ha declarado presiones ante la Guardia Civil, porque se le demoraban los pagos por parte del ayuntamiento hasta que aceptó vender su empresa a los citados trabajadores “amigos del presidente Clavijo”, que incluso usaron como sede social para Grúas Poli SL, un local del propio Clavijo”, explica este concejal de NC-XTF.

Santiago Pérez: “Podría haber tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Grúas”

En relación a este vinculo, el edil Pérez expone “el presidente canario, Fernando Clavijo, vino al ayuntamiento de La Laguna aprendidito de todas esta serie de chanchullos, ya que nombraron como sede social de Grúas Poli SL, a la empresa de Clavijo relacionada con temas inmobiliarios que tenía antes de ser alcalde de La Laguna”.

Según explica el concejal lagunero, Santiago Pérez en este medio, “la Audiencia Provincial dice que hay que investigar por qué el ayuntamiento de La Laguna retrasa el pago al anterior empresario de Grúas Poli SL, y sin embargo, paga a los amigos de Clavijo cuando posteriormente asumen ellos la concesión de esta empresa”, “igualmente, hay que investigar el informe de intervención en relación a esta empresa que estaba intervenida por deudas cuando era propiedad de los amigos del presidente Clavijo, -además se les concedió un préstamo-, y también por qué no se rescindió el contrato, sino que se prorrogó por 3 millones de euros, ascendiendo a pagos de 650.000 euros anuales por este servicio público de retirada de vehículos de la vía municipal”.

Por otra parte, aclara Pérez, que “hay otra pieza judicial abierta en este caso, por el robo de piezas que se ha producido en los coches que eran retirados por esta empresa y llevados al depósito”. “Este caso ha dejado retratado al presidente Clavijo (CC), a pesar de que la juez se inhibió de investigar este relato, en que el actual presidente de Canarias fue protagonista en su última etapa en La Laguna como alcalde, así como el actual alcalde lagunero José Alberto Díaz (CC), era concejal de Seguridad Ciudadana en ese mandato y llevaba la competencia vinculada al caso Grúas”.

“Este caso realmente puede arrancar desde el año 2004, se prorroga el contrato en 2014, y el auto de la Audiencia Provincial realiza estas valoraciones adecuadas…Pero cuando la juez archivó esta causa, el actual alcalde lagunero Díaz (CC), dijo que no estábamos a la altura de la representatividad, y ahora, el caso Grúas se ha reabierto, ¿qué dice este alcalde nacionalista ante este auto de 10 folios?”, pregunta Pérez en voz alta…

El edil Pérez sostiene que el caso coloca al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como protagonista en el foco de la investigación

”Nosotros, la oposición Unid@s Se Puede y NC-XTF, aportamos en la denuncia los 35 documentos que obtuvimos en la Comisión de investigación que se abrió en el ayuntamiento”, indica Pérez que recuerda “Ciudadanos, Unid@s Se Puede y NC-XTF abandonamos la Comisión, pero el PSOE, -a través del edil de los mensajes machistas Zebenzui González-, votaron a favor de las exculpación de Fernando Clavijo (CC), porque cuando se llevó al pleno municipal el juzgado había dictado el sobreseimiento, mientras el PP con el edil Antonio Alarcó presidía esta comisión, y los responsables del asunto no hicieron ninguna iniciativa”.

“El alcalde, José Alberto Díaz (CC), se ha comportado en este asunto como un peleón de barra de café aprovechándose del sobreseimiento provisional para exigirnos que pidiéramos disculpas y diciendo que no éramos dignos de representar a la ciudad. Eso sólo puede decirlo un alcalde que no conozca La Laguna y que no esté a la altura de su cargo”, apostilla el concejal Santiago Pérez (NC-XTF).

Fernando Clavijo dictó un decreto pasando por encima de la Intervención municipal y de la legalidad, alega Pérez

La Audiencia Provincial señala textualmente que en contra de lo que señala el Juzgado de Instrucción “a la vista de la situación expuesta, no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que se levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal”.

Luego añade que “tampoco cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo”. Y remata su razonamiento diciendo que “no cabe excluir en este momento que estemos ante una conducta típica de malversación de caudales públicos”.

La concejala de Unid@s Se Puede, María José Roca, recordó en rueda de prensa que “la privatización de las Grúas había supuesto un sobrecoste anual de 150.000 euros para las arcas municipales, que los incumplimientos del pliego de condiciones habían sido constantes, y que la oposición se vio obligada a acudir a los tribunales ante la inutilidad de la Comisión de Investigación creada al efecto”. También aclaró que “el propietario del servicio de grúas insistió en sede judicial y en la propia comisión de grúas que “fue utilizado para enchufar en su empresa a personas afines a Coalición Canaria”.

“Levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros”

El edil Rubens Ascanio, portavoz de la formación, dijo que “hoy más que nunca hay caso Grúas, hay caso y va a ser investigado”. Asimismo, remarcó que la Audiencia señala claramente al ex alcalde, Fernando Clavijo, como el principal responsable, apartándose de la legalidad en contra de los informes de los técnicos municipales; al tiempo que obliga a investigar su relación de amistad con algunos de los trabajadores que pusieron como sede social de la empresa una oficina del propio Clavijo”.

Ascanio apuntó que “el Auto pone el acento en la posible ilegalidad del préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli S.L. en contra del informe de Intervención”, y se pregunta por la prórroga del servicio a una empresa que no cumplía con las condiciones legalmente exigidas para ello.

En este sentido, Juan Luis Herrera, portavoz adjunto de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), celebró que “el Auto nos dé la razón en el sentido de que no basta con encargar informes externos para levantar los reparos de la Intervención. El alcalde puede hacerlo, pero siempre que sus argumentos tengan legitimidad jurídica”.

Herrera pidió al actual alcalde, José Alberto Díaz (CC), “que se relaje y deje trabajar a la justicia, que tiene sus propios tiempos; así es que en lugar de ir por ahí tratando de obligar a la oposición a que pida perdón sirviéndose de un sobreseimiento precipitado, lo que tiene que hacer es calmarse y dejar trabajar a la Justicia, que es lenta pero segura como se demostró en el caso Las Teresitas”.

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