Muchos medios de comunicación dependen de la publicidad institucional para sobrevivir

La publicidad institucional, o lo que es lo mismo, el dinero que el Gobierno se gasta en hacerse propaganda en los medios de comunicación, sigue siendo una parcela escasamente transparente de los presupuestos generales del Estado. Mariano Rajoy ya es historia, pero sin embargo sigue sin saberse qué ha sido de los 71 millones de euros anuales que su gabinete destinó a publicitar sus proyectos e inversiones. Ni que decir tiene que el grueso del dinero que los populares se gastaron en ese cometido no fue a parar precisamente a medios críticos o alternativos. Por lo general son los periódicos (en papel y digitales), cadenas de televisión y emisoras de radio afines al poder los que son convenientemente regados cada año con el maná del dinero público, que a fin de cuentas es dinero de todos los españoles.

Prueba de que a un Gobierno no le interesa que se sepa qué negocios publicitarios mantiene con las empresas periodísticas del país es que de las ocho solicitudes de información que fueron presentadas ante el Consejo de Transparencia para aclarar el desglose de esos 71 millones, el Ejecutivo de Rajoy recurrió las ocho. A fecha de hoy nada se sabe de cómo se distribuyó ese dinero y entre qué medios de comunicación. La política del velo ha vuelto a funcionar.

Una especie de ley del silencio cubre este área de la Administración pública que a ningún Gobierno, y no solo del PP, le ha interesado airear desde que llegó la democracia. A nivel autonómico las comunidades autónomas sí están obligadas a publicar el desglose de sus gastos en publicidad institucional pero parece que esta norma no rige de la misma manera cuando es el Gobierno central quien tiene la obligación de rendir cuentas al ciudadano sobre cómo gasta su dinero cuando se trata de hacer negocios con la prensa.

Las subvenciones son uno de los cánceres de la prensa regional, que termina hipotecando su independencia periodística a cambio de unos miles de euros para cuadrar las cuentas a final de año

Curiosamente, es TVE el ente público que más recursos ha presentado contra las solicitudes del Consejo de Transparencia, una prueba más de que aquella casa, que debería ser ejemplo de imparcialidad y rigor informativo, está más politizada que nunca.

El Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018 prevé una inversión de 71,5 millones de euros en 102 campañas publicitarias oficiales. Este año se ha invertido 1,38 millones más respecto al ejercicio anterior. El Plan de Publicidad tiene entre sus objetivos “anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural; comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social; e informar sobre derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos”. Sin embargo, es bien sabido que más allá de la función social que cumplen estas campañas el objetivo último de sus inyecciones de capital en el sector periodístico es tener contentos a los medios de comunicación, que terminan convirtiéndose en entes adocenados y dependientes de las ayudas oficiales. Estos negocios publicitarios suelen repercutir negativamente en la actividad de los periódicos y cadenas de radio y televisión, que cuando tienen entre las manos una noticia escabrosa contra una institución u organismo público suelen pensárselo dos veces a la hora de publicarla, ante el temor a perder las jugosas ayudas.

En la prensa regional las ayudas institucionales que los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones provinciales conceden a los medios de comunicación locales se ha convertido en los últimos años en un auténtico cáncer para el sector periodístico. Las subvenciones que se otorgan cada año, lejos de ayudar a subsistir a los medios, terminan sirviendo para que el poder político tenga más fácil mediatizar o controlar la información negativa que afecta a un cargo público. Así, cuando llega a la redacción una supuesta noticia de corrupción, detrás suelen venir las consignas y amenazas de los despachos políticos para que el medio guarde esa denuncia en un cajón, o correrá el riesgo de perder la tan necesitada ayuda en publicidad institucional. La crisis de la prensa regional española tiene mucho que ver con estas subvenciones, una calderilla para las diferentes administraciones públicas pero que se ha convertido en tan necesaria como el oxígeno que se respira para la prensa de mediano y pequeño tamaño. Pocos medios locales (sin duda los más asfixiados por la crisis en el sector y la cada vez más escasa publicidad proveniente de la empresa privada) pueden permitirse el lujo de prescindir de la publicidad institucional, de modo que terminan hipotecando su independencia periodística a cambio de unos cuantos miles de euros en ayudas oficiales que permiten cuadrar los balances a final de año.

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