Desde 1991, existe una normativa europea de depuración a la que España, como país miembro debía acogerse. Más de seis años lleva España recibiendo advertencias de la Comisión Europea por sus carencias en la depuración de aguas residuales. El tiempo para corregir esas deficiencias se ha agotado y la consecuencia es una multa millonaria, como han reconocido la Comisión y el Ejecutivo Español.

La existencia de una normativa desde hace 27 años parece no haber importado a ninguno de los tres presidentes que España ha tenido durante este tiempo. A pesar de los sucesivos requerimientos que el Ejecutivo comunitario emitió en los años 2004, 2007 y 2008 y tras un sinfín de avisos de Bruselas España ha agotado todas las vías y la respuesta de la Unión Europea llega este miércoles.

De este modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por no respetar la directiva de 1991 de saneamiento de aguas residuales urbanas. Las estaciones de depuración debían de haberse ajustado a la normativa como muy tarde el 1 de enero de 2001.

En sus alegaciones, el Gobierno español señaló que en algunas localidades sancionadas la estación depuradora ya había entrado en funcionamiento. Sin embargo, esas obras finalizaron después del plazo fijado por la Comisión Europea, lo que supone que España no cumplió con la directiva ni respetó los dictámenes del Ejecutivo comunitario.

Actualmente, España tiene cuatro expedientes abiertos por incumplir la directiva de 1991 de aguas residuales. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la UE se refiere a las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, que según la normativa, tienen que cumplir con una serie de requisitos sobre colectores y tratamiento para controlar el vertimiento de aguas residuales. Un requisito que esperaban, España cumpliera antes del 1 de diciembre de 2000.

Los Ayuntamientos y comunidades autónomas de España no cumplieron y la Comisión Europea lo lleva ante el Tribunal de Justicia. Así, España recibió en 2011 la condena en forma de aviso por incumplimiento en 37 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. Este aviso se traducía a una nueva prorroga y ahora España tenía hasta el 31 de julio de 2013 para adecuar esas poblaciones a la normativa.

Llegó la fecha límite y de 37 aglomeraciones, aún 17 seguían sin depurar como es debido. En la vista oral del caso el pasado mes de abril, la Comisión recalca que persiste el incumplimiento en nueve de los 17 casos anteriormente señalados, aunque la defensa de España insiste en que son siete las poblaciones afectadas.

La mayor acumulación de incumplimientos se da en Andalucía. De acuerdo con la Comisión, existen problemas en el tratamiento residual en Isla Cristina, Tarifa, Coín, Alhaurín el Grande, Nerja y Bárbate. En Canarias, está el caso de Valle Güímar y en Asturias, Gijón Este.

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