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El ministro Màxim Huerta no defraudó a Hacienda

El caso del ministro de Cultura demuestra que la Agencia Tributaria está utilizando un sistema de sanciones que se ajustan más a un modelo cuasi «usurario» porque así sería declarado si lo utilizara una entidad financiera

Pilar Santo Domingo
Pilar Santo Domingo
Socióloga y Politóloga
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análisis

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Màxim Huerta, ministro de Cultura, no defraudó a Hacienda, sino que utilizó una laguna legal existente hace años por la cual muchas personas públicas facturaban a través de sociedades y, evidentemente, cargaban gastos a dichas empresas. Fueron muchos artistas, escritores, cineastas, locutores, presentadores, etc., los que, en muchos casos con indicaciones de sus asesores personales, utilizaron este sistema que fue el usado por Màxim Huerta.

¿Defraudó el ministro a Hacienda? No. ¿Hubo voluntad para no pagar sus impuestos? No. ¿Utilizó un sistema que hace una década era habitual entre actores, actrices, presentadores, presentadoras, artistas, locutores, locutoras, etc. para pagar menos impuestos? Sí, lo hizo, pero no puede decirse que defraudó a Hacienda. El fraude fiscal es lo que hacen las grandes fortunas y las grandes empresas de este país que operan en paraísos fiscales. El fraude fiscal es lo que hizo la familia Botín que mantuvo 2.000 millones de euros ocultos en Suiza desde el año 1936, dinero que afloró gracias a la Lista Falciani.

Sin entrar en el hecho de si fue o no correcto que cargara gastos personales a una sociedad personal que no tenía más actividad que la suya propia, hay un hecho latente que muestra cómo la propia Agencia Tributaria está utilizando un sistema de sanciones cuando hay algún tipo de irregularidad con el pago de impuestos. A Maxim Huerta se le levantó un acta de inspección, él se opuso a dicha acta, pleiteó, perdió y pagó pagando unos porcentajes que están fuera del mercado.

Cuando Hacienda levanta un acta de inspección existe un periodo voluntario de pago que, una vez expirado, se pierden las bonificaciones y se pone un recargo del 20%. Con respecto a la sanción y dependiendo del carácter que le dé la Administración —leve, grave o muy grave— ésta oscilará entre el 50 y 150% del principal de la deuda. A partir de este momento corre un nuevo plazo de pago que si no es atendido comienzan a aplicarse los intereses de demora en base al valor legal vigente a lo largo del periodo desde el periodo voluntario hasta su pago, aproximadamente un 3,75% (fijado en los Presupuestos Generales del Estado). Por tanto, se trata de un verdadero abuso. Que se estén pagando esos intereses, ¿asimila a Hacienda los mismos comportamientos de los fondos internacionales o de empresas que fueron condenadas por «usura» por los tribunales? Si una entidad financiera aplicara estas sanciones o tipos de interés sería acusada de actividad usuraria.

Es decir, que Hacienda está poniendo una especie de presunto «impuesto revolucionario» a los ciudadanos que, de una forma u otra, no pueden o han sido mal asesorados para pagar menos impuestos al pasarlo por el impuesto de sociedades en vez de por el IRPF. Por tanto, el ministro de Cultura no defraudó per sé. Se levantó un acta, la impugnó, pleiteó y perdió y, en el momento en que la Justicia le dio la razón a la Agencia Tributaria.

Sin embargo, cuando la Agencia Tributaria rectifica el acto asumiendo tácitamente un error en la valoración de reclamación, ellos no pagan ningún tipo de multa ni hacen frente a responsabilidad por los perjuicios económicos y los daños morales que provocan a las personas.

Por otro lado, Hacienda tiene la capacidad de embargar cualquier tipo de bien sin ningún tipo de sentencia judicial, hecho que es una clara indefensión para los y las contribuyentes. Si a esto unimos los intereses y las sanciones abusivas nos encontramos con que los ciudadanos y ciudadanas estamos desamparados ante un escenario de dictadura tributaria.

Es probable que los 249.000 euros del ministro de Cultura fuese un «principal discutible». Sin embargo, en las impugnaciones Hacienda se convierte en juez y parte porque es quien las recibe, incluyendo los juzgados del contencioso-administrativo.

El propio Màxim Huerta podría no haber impugnado el acta y habría pagado menos, pero lo hizo en un ejercicio de su libertad al entender que era injusto lo que la » dictadura administrativa» le exigía. Realizó un ejercicio de conciencia no aceptando , para el en aquel momento, una injusticia impositiva. Hoy el Ministro de cultura es más Ministro, más ciudadano, mas culto, más valiente siendo fiel a su conciencia y más justo, hoy la cultura es más referente que hace unos días sobre la sostenibilidad del humanismo. ! Que dimitan los contrari@s!

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8 COMENTARIOS

  1. Una pena su dimisión. Ha demostrado mucha màs altura de miras que el resto de corruPPtos que van a pasar el dìa y vivir parasitariamente en las càmaras alta y baja. Ha tomado la decisión correcta para acallar a las hienas mediàticas de la prensa propiedad de la botìn, la que sì defraudó, la que sale en la lista falciani, a la familia a la que desde la justicia «independiente» de este estercolero de paìs, se le crean doctrinas ad hoc para librarlos de todo y que salgan siempre impunes y puedan seguir defraudando, corrompiendo medios de comunicación y pseudoperiodistas, jueces, polìticos, etc… Ejemplo claro, la omertà que reina en el caso de la mayor estafa a ciudadanos de este paìs, el robo del banco popular para regalarselo al banco de los botìn, jefes de ribera y sirvientes todos del club bilderberg.

  2. De haber mantenido a Huerta como ministro, ¿con qué legitimidad ‘ética’ podría haber sostenido el PSOE su propuesta de subir el IRPF al 52 % a las rentas superiores a los 150.000 euros? Además, Pilar, sí que defraudó a Hacienda. Otra cosa es que esa práctica estuviese menos perseguida en ese momento. Este caso me recuerda a aquello que se decía hace años de que las multas por aparcamiento que te ponían en otra comunidad autónoma no llegaban. La infracción era la misma, pero estaba esa creencia, que en muchos casos se cumplía por cómo funcionaba el sistema. Pues este caso es lo mismo, no porque fuese una práctica habitual (entre los que podían claro…) quiere decir que no fuese un fraude. Me sorprende que con la línea editorial de un medio como este, que se supone progresista, se defienda a alguien que, en el fondo, lo que ha hecho es escaquearse de sus responsabilidades fiscales. Después defenderan aquello de que paguen más los que más tienen. Pues él, Pilar, era de los que más tenía.

  3. No entiendo. «Se levantó un acta, la impugnó, pleiteó y perdió». Si perdió és porqué defraudó, no ? No será que lo hacen a cara o cruz.

  4. Señora Santo, ¿usted nos toma por imbéciles? todo el que intenta «engañar» a Hacienda, es un defraudador se ponga Vd como se ponga.
    Constituyo una empresa unipersonal para mi actividad profesional (totalmente legal) pero me compro una casita en la playa y la desgravo por esta sociedad. Eso no es defraudar para Vd.
    Y no se justifique diciendo que los defraudadores son las grandes fortunas. Cada defraudador engaña según sus posibilidades. ¿Quien es más asesiono, el que mata a una persona o el que mata a 10?

  5. Hace falta redefinir las sanciones de las inspecciones, son abusivas y en muchos casos inconstitucionales porque el estado no puede confiscar.

  6. No estoy de acerdo. Ese sr defraudó y lo pillaron. Que el tema sanciones esté mal o que a otros no les aplique la misma vara de medir es un tema de voluntad poitica.y ni psoe ni pp han querido meter mano. Hay situaciones mucho mas injustas y no se sacan a la luz. Por cierto soy asesor fiscal en un pais de defraudadores.

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