Luis Planas.

Este próximo viernes el Consejo de Ministras y Ministros del ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá teniendo un ministro imputado entre sus miembros, pero lo será ya por poco tiempo. La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado formalmente el sobreseimiento de la acusación que pesaba sobre el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, por un presunto delito contra el medio ambiente cuando ejercía como consejero del ramo en Andalucía entre los años 2012 y 2013, poco antes de disputarle infructuosamente las primarias internas a la presidenta andaluza, Susana Díaz.

La Fiscalía de Huelva, en la calificación de acusación del denominado caso Matalagrana, señala a los titulares de once explotaciones agrícolas del entorno de Doñana y a dos ex alcaldes del municipio onubense de Almonte, en el periodo 2009-2012, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente de este espacio natural al apreciar riesgo de daño grave al equilibrio de los sistemas del espacio natural de Doñana por extracción ilegal de aguas subterráneas.

El escrito de Ministerio Fiscal también señala el sobreseimiento de la causa del entonces consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, desde mayo de 2012 a septiembre de 2013, y de dos ex altos cargos de esta Consejería. La querella abarca los años 2010-2013 y en ese intervalo de tiempo, desde enero de 2009 hasta octubre de 2011, la comunidad autónoma de Andalucía tuvo transferidas las competencias de agua, que fueron traspasadas de nuevo al Gobierno central.

El sobreseimiento se había avanzado en tres informes del fiscal desde 2016 porque no aprecia “indicios relevantes de su participación activa u omisiva”

El sobreseimiento ya había sido anticipado desde 2016 en tres informes anteriores del fiscal del caso por entender que “no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la formulación de acusación”. Además, fuentes del Ministerio Público aseguran que , uno del PSOE y otro del PP,na co antes de disputarle infructuosamente las primarias internas a la presidenta andaluza, Susana consta que se han abierto expedientes sancionadores a la empresa investigada, no sólo por dicha administración sino también por la estatal, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La causa ha sido remitida a la Fiscalía de Huelva para el trámite de conclusiones con entrada el pasado 12 de junio. El escrito de acusación, visado por el fiscal jefe de Huelva, ha sido enviado al Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado como paso previo a la apertura del juicio oral de la causa conocida como Matalagrana, nombre de la finca, en la que se han producido los hechos denunciados por un particular en 2011.

El Ministerio Fiscal, en la calificación de acusación, pide para cada uno de los titulares de las once explotaciones agrícolas tres años y diez meses, una multa de veinte euros durante veinte meses y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Para los dos ex alcaldes de Almonte, uno del PSOE y otro del PP, solicita imponer la pena de dos años y diez meses de prisión, multa de quince meses con una cuota diaria de doce euros y con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La finca Matalagrana se concedió al Ayuntamiento de Almonte en el año 1996 a través de un convenio con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria para la realización de una experiencia de introducción de técnicas de cultivo de fresas. Comenzó con 72 hectáreas y en sucesivos convenios se amplió hasta las 222 hectáreas. El consistorio, a su vez, firmó unos convenios con la Asociación de Agricultores de Matalagrana para cederles su explotación a cambio de un canon.

La causa tiene una extensión de unos 3.500 folios en la pieza principal y 1.000 en la pieza de medidas cautelares. Fue declarada compleja por elevado número de investigados y peritos que han realizado las pruebas periciales de consumo de agua y riego para Doñana. Han intervenido, además, de los miembros del Seprona en la investigación de campo, la Unidad Técnica y la fiscal adjunta al fiscal de Sala, encargada de tramitar y coordinar las diligencias de investigación en 2014.

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